El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el martes concluyó con dos acuerdos: reducir el déficit autonómico al 1,5% del PIB en 2012 y poner en marcha el nuevo mecanismo de financiación para pagar facturas pendientes a los proveedores de la administración autonómica.
Las comunidades autónomas, a excepción de Andalucía, han aceptado reducir su déficit público desde el 2,9% del PIB registrado en 2011 al 1,5% que les ha marcado el Gobierno a partir del nuevo programa de estabilidad presupuestaria.
Por otro lado, todas las comunidades han respaldado en el seno del CPFF el mecanismo para financiar las deudas pendientes con proveedores, con el que las regiones podrán hacer frente a las facturas atrasadas. Según explicó el martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se trata del mecanismo "más ambicioso" que se ha puesto en marcha en España para cubrir deudas comerciales derivadas de ejercicios anteriores.
El citado plan fue anunciado el pasado viernes por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. CCAA y ayuntamientos recibirán 35.000 millones de euros en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5% para pagar las facturas pendientes a proveedores, con un periodo de carencia de dos años. Las autonomías recibirán 20.000 millones y los entes locales los restantes 15.000.
Hacienda expuso la letra pequeña del citado mecanismo durante la reunión del CPFF y los gobiernos regionales lo aprobaron por unanimidad. El plan es muy similar al diseñado para los ayuntamientos. Sus principales claves son las siguientes:
1. Quitas sobre el principal
Los proveedores de las CCAA podrán adelantar el cobro de sus facturas pendientes a partir del próximo mayo acudiendo a las entidades de crédito que participan en el nuevo mecanismo financiero. Ahora bien, su aceptación conllevará una serie de condiciones, tales como renunciar al cobro de los intereses de demora, las costas judiciales y "cualesquiera otros gastos accesorios", según el texto de la propuesta. De hecho, el cobro extinguirá de forma automática los procesos judiciales abiertos por el retraso en los pagos, si los hubiere.
El mecanismo se desarrollará por fases temporales sucesivas durante 2012. En cada una de ellas, el Gobierno podrá establecer un "descuento mínimo" sobre el principal de la deuda. En concreto, aunque todavía se sigue trabajando en los detalles técnicos, el Ejecutivo baraja aplicar una quita media del 20%, según las fuentes consultadas por Libre Mercado, de modo que los proveedores deberán renunciar a parte de sus derechos de cobro a través de este mecanismo.
Asimismo, entre los proveedores que acudan, cobrarán antes que el resto los que oferten un mayor descuento sobre el importe del principal -más allá de la quita mínima inicial-, los que hayan acudido a los tribunales para reclamar sus facturas o los que presenten las facturas más antiguas. El Gobierno fijará un importe máximo de financiación para cada fase del mecanismo, pudiendo establecer además tramos específicos para pymes y autónomos.
2. Contratos y conciertos
Las obligaciones pendientes de pago deberán reunir los siguientes requisitos: deudas contraídas antes del 1 de enero de 2012; en el marco de contratos del sector público e, incluso, conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales; se excluyen las obligaciones contraídas por las CCAA con otras administraciones o entes públicos.
3. Autonomías y entes públicos
El plan permitirá cubrir las facturas pendientes de la administración autonómica, así como de los "entes y organismos públicos dependientes de aquélla que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales", es decir, empresas y entes públicos cuyos ingresos por ventas no superen el 50% de sus gastos de explotación.
4. Adhesión voluntaria antes de abril
Según el texto de la propuesta, "las comunidades autónomas que deseen acogerse a este mecanismo extraordinario de liquidez deberán solicitar su inclusión en el mismo, para lo cual remitirán, antes del 1 de abril, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el acuerdo, de adhesión al mecanismo, adoptado por el órgano de la Comunidad competente para ello". Una vez acogida al plan, la autonomía deberá remitir a Hacienda el listado de facturas pendientes de pago antes del 15 de abril.
5. Plan de ajuste
La condición para acceder a este mecanismo es aprobar un plan de ajuste presupuestario bajo la supervisión de Hacienda, que deberá ser remitido antes del 30 de abril para su aprobación. Su duración comprenderá el "plazo de amortización previsto para la operación de endeudamiento derivada de este mecanismo".
El citado plan incluirá "compromisos en materia fiscal y de estabilidad presupuestaria, así como reformas estructurales para fomentar el crecimiento y el empleo". Es decir, abre la puerta a nuevas subidas fiscales, tasas, precios públicos, mecanismos de copago y recortes de gasto adicionales. Hacienda evaluará "trimestralmente su cumplimiento".
6. Crédito sindicado
El mecanismo está diseñado del siguiente modo: muchas CCAA y ayuntamientos tienen graves problemas de liquidez para poder hacer frente a sus compromisos financieros como resultado del desplome de la recaudación fiscal y sus excesos de gasto; estos graves desajustes presupuestarios ponen en duda su solvencia y, por tanto, o bien el grifo del crédito se les ha cerrado por completo o bien el coste de la financiación se ha disparado como resultado del mayor riesgo que conlleva prestarles dinero -de ahí, las famosas emisiones de bonos patrióticos para financiarse-; ante tales desajustes el Gobierno ejerce de intermediario entre estas administraciones y el sector bancario para que obtengan financiación; un consorcio formado por entidades financieras y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concede a CCAA y ayuntamientos un crédito sindicado de hasta 35.000 millones de euros a diez años, a un interés próximo al 5% y con dos años de carencia.
7. Nuevas emisiones de deuda
¿Cómo se pagará este crédito? Las CCAA y los ayuntamientos emitirán más deuda pública, previa autorización del Gobierno, para cubrir el importe total del crédito extendido a sus proveedores. Tal y como explicó el martes el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, cada comunidad transformará la deuda pendiente en deuda financiera, de forma que no computará a efectos de endeudamiento que financia el déficit, sino como deuda.
Para garantizar su amortización, el Gobierno les impondrá los citados planes de ajuste, y se reserva, además, la opción de "deducir o retener" recursos del sistema de financiación autonómico para garantizar el pago de dicha deuda, tal y como establece el Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
Es decir, el titular de la deuda seguirá siendo la autonomía o el ayuntamiento concreto. De hecho, el mecanismo para CCAA establece que, cuando entre en vigor el Proyecto de Estabilidad Presupuestaria, los recursos del sistema de financiación autonómico se emplearán para devolver el crédito a las entidades financieras. Dicho de otro modo, las CCAA -y ayuntamientos- pagarán la deuda con sus recursos, bien de forma voluntaria (cumpliendo los planes de ajuste para garantizar el pago) bien de forma obligatoria (deduciendo o reteniendo el Estado parte de los ingresos a cuenta que redistribuye entre las autonomías). Así pues, se trata de un mecanismo muy similar al aprobado para los ayuntamientos.
Por último, como "garantía adicional" para las entidades de crédito que participen en este mecanismo, el Estado podrá "excepcionalmente avalar determinadas deudas" asumidas por las CCAA. Es decir, el Estado, en principio, ejercerá de avalista tan sólo en casos excepcionales y muy concretos, de forma que el principal aval de este mecanismo financiero serán los ingresos tributarios de autonomías y entes locales.