Si el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dice que no tiene intención de volver a subir los impuestos para reducir el déficit presupuestario, cosa que, desde luego, los españoles le agradeceremos mucho, entonces no tendrá más remedio que empezar a trabajar en lo que, en cualquier caso, debe ser una de las reformas fundamentales de esta legislatura: la reforma del sector público. Hoy, Montoro puede obligar a los demás ministerios y a las comunidades autónomas a reducir sus gastos para, de esta forma, cumplir con el objetivo de déficit para este año que el Gobierno ha comunicado a Bruselas. Pero el problema real no consiste en cuadrar las cuentas este ejercicio sino en conseguir que los problemas presupuestarios de hoy no vuelvan a reaparecer mañana, cuando la economía española enfile la senda de la recuperación y los Ejecutivos regionales vuelvan otra vez a las andadas con sus gastos.
Lo primero que hay que entender es que la caída de la recaudación tributaria, que ha disparado el desequilibrio presupuestario no es solo coyuntural, sino que tiene también carácter estructural porque toda la recaudación impositiva extraordinaria, vinculada con la burbuja inmobiliaria y los altos precios de la vivienda, se ha ido para no volver
jamás y el gasto público deberá ajustarse en la misma proporción para no volver a crecer.
Sin embargo, no todo el déficit se debe al desplome tributario; una buena parte procede de las disparatadas políticas de gasto emprendidas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, asumiendo competencias que no les correspondían y de las que ahora no se quieren desprender y estableciendo un sinfín de duplicidades con la administración central que nos cuestan muy, pero que muy, caras. Por ello, para evitar
que esto vuelva a suceder no hay más remedio que cambiar de arriba abajo el modelo de Estado, cosa que no se puede hacer en dos días porque requiere reformas constitucionales, pero que no hay más remedio que llevar a cabo.
¿De qué forma? En primer lugar, le guste a los nacionalistas o no, abandonando el concepto de que las autonomías son entidades políticas con personalidad propia para pasar a definirlas como una parte de la Administración Pública española encargadas nada más que de prestar aquellos servicios y desempeñar aquellas competencias que les sean atribuidas en razón de su mayor proximidad al ciudadano y, por tanto, de
conocer mejor sus necesidades. Una vez hecho esto se les debe de conceder la gestión de aquellas figuras tributarias necesarias para llevar a cabo sus fines, evitando al máximo posible que en la financiación de sus actividades tengan que depender de las transferencias estatales. Siempre habrá que realizar algunas porque no todas las autonomías cuentan con la misma capacidad recaudatoria y habrá que establecer mecanismos de equilibrio en la prestación de servicios tan esenciales como la sanidad y
la educación. Pero, en la medida de lo posible, hay que evitar que tengan que recurrir a la financiación vía transferencias para hacerlo a través de sus impuestos, subiéndolos si los tienen que subir.
Esta es la única forma de evitar que vuelva a suceder lo que está ocurriendo en estos momentos, lo cual, como digo, requiere una reforma en profundidad del modelo de Estado. Lo que ahora nos tiene que decir Montoro es sí está dispuesto a llevarla a cabo.
El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.