Las administraciones públicas españolas ya tienen su objetivo de déficit para 2012: un 5,8% del PIB. Lo ha anunciado el propio Mariano Rajoy en Bruselas, donde se reunía con los demás líderes de la UE. Pese a las presiones de la Comisión Europea y Angela Merkel, el presidente español no ha dudado en ignorar el límite del 4,4%, que sigue siendo la cifra oficial que manejan las instituciones comunitarias.
En cualquier caso, este 5,8% supone una rebaja de 2,7 puntos del PIB respecto al déficit del 8,5% con el que se cerraron las cuentas públicas en 2012. Esto implica que habrá que hacer un recorte en el entorno de los 30.000 millones de euros. Y eso si no cae mucho la recaudación por impuestos. Si el paro sigue subiendo y la actividad económica se contrae, quizás los ingresos se resientan y entonces el ajuste tendrá que ser algo mayor.
El 30 de diciembre, el Gobierno presentó un ajuste presupuestario de unos 15.000 millones de euros (9.000 en recortes de gasto y otros 6.000 en subidas fiscales), aunque esos 6.000 millones extra en IRPF e IBI podrían quedarse en nada si el PIB cae un 1,7%, como anticipa el Cuadro Macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012. Con este panorama, la duda es de dónde sacará Rajoy el dinero extra para cuadrar las cuentas que este viernes han presentado sus ministros.
El techo de gasto, no tan bajo
Lo primero que llama la atención en las cifras del Gobierno es el dato del techo de gasto para 2012. De los 122.256 millones aprobados para los anteriores PGE, se pasa a 116.295 millones en términos homogéneos, contando las obligaciones de ejercicios anteriores (la cifra oficial será de 118.565 millones). Son casi 6.000 millones menos, apenas una rebaja del 4,7%. No parece un recorte descomunal, pese a que desde Moncloa se venda como un enorme esfuerzo. El techo de gasto no está tan bajo como se preveía.
De hecho, viendo la evolución con algo más de perspectiva, toda la retórica de los políticos españoles sobre los importantísimos recortes y la austeridad queda muy en entredicho. En 2009, el déficit de las administraciones públicas fue del 11,2% del PIB, que bajó al 9,35% en 2010 y al ya comentado 8,5% del pasado año. Esto quiere decir que si se cumple lo previsto por el Gobierno para 2012 (5,8%), sólo se habrá recortado el descuadre en apenas 5,4 puntos en cuatro años (1,3 puntos de media al año).
Por capítulos, posiblemente lo primero que llame la atención de los PGE sean los apartados en los que sube el gasto. Todavía no se conoce el detalle, pero el pago de la deuda pública tendrá que ser forzosamente más elevado en 2012 que en 2011 (más que nada porque el montante total se ha incrementado en alrededor de 90.000 millones de euros). Alberto Recarte pronosticaba este jueves en Es la Noche de César que los intereses podrían crecer alrededor de 4.000 millones.
Además, está el tema de las prestaciones por desempleo. Si el número de parados crece en 630.000 en 2012 y se acerca a los seis millones, tal y como prevé el Gobierno, los subsidios que tendrá que abonar el Ministerio de Empleo también se dispararán.
Serán los ministerios los que tengan que asumir todo el peso del recorte, según lo anunciado por Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos. El año pasado, el desempleo supuso unos 30.000 millones de euros. Si aumentase un 10%, tendríamos otros 3.000 millones extra que recortar de otros sitios.
Por eso, el documento presentado por el Gobierno prevé un recorte del gasto disponible para los ministerios del 12,5%, ya en marcha tras el ajuste fiscal del pasado diciembre. ¿Y qué incluye este capítulo? Podría decirse que es todo aquello que no se considera como gasto obligatorio o estructural: quitando el pago de la deuda, pensiones, subsidios de desempleo, aportación a la UE, transferencias a las administraciones territoriales. Vamos, el gasto diario de los ministerios (personal, consumos corrientes, subvenciones, etc...) será el que tenga que soportar el ajuste en lo que respecta al Gobierno central. Se pasará de 66.249 millones a 57.978, un 12,5% menos.
Ayuntamientos y comunidades
El resto del ajuste tendrá que venir de la mano de ayuntamientos y comunidades autónomas. De hecho, mientras que el Gobierno central se reserva una reducción del déficit desde el 5,1% al 4%, adjudica a las regiones un recorte desde el 2,9% hasta el 1,5%. Esto implicará que será necesario un ahorro de unos 1.600 - 1.700 millones en las cuentas autonómicas. Además, habrá que sumar la décima que tienen adjudicadas las corporaciones locales (algo más de 100 millones de euros). La pregunta que surge es cómo conseguirán las regiones ajustarse a este nuevo escenario, en el que parece que no tendrán las opciones de escapatoria de las que disfrutaban hasta ahora.
El Gobierno ha repetido una y otra vez que no tolerará ninguna desviación de los objetivos de déficit. Aunque claro, los presidentes autonómicos podrían recordar que igual que Rajoy le ha dicho "No" a Bruselas, ellos pueden decirle "No" al Gobierno central. Entonces, habrá que ver cómo se implementan esos mecanismos de control; porque el Estado tiene más dominio sobre ellos, especialmente en lo que hace referencia a la financiación, que la de la UE sobre los países miembros.
En Libre Mercado ya señalábamos el pasado martes que todo apunta hacia un nuevo incremento de los tributos, tasas, precios públicos y mecanismos de copago tanto a nivel autonómico como local. Para financiar las facturas pendientes, el Gobierno impondrá un plan de saneamiento a cada administración que incluirá nuevas subidas fiscales, reducciones de gasto y reformas estructurales.