El Estado ha mantenido intacto un nivel de gastos propio de la época del boom económico, pese a que sus ingresos fiscales se han desplomado como resultado de la crisis. La única alternativa es que se apriete el cinturón
Una vez desvelado el pastel del déficit público de 2011, es la hora de los ajustes, la tan pretendida austeridad que ha brillado por su ausencia desde el inicio de la crisis económica. El conjunto de las administraciones públicas gastaron el pasado año cerca de 91.000 millones de euros de los que carecían por la vía ingresos de los fiscales, lo cual equivale al 8,51 por ciento del PIB. Una cifra, simplemente, abrumadora. Así pues, caben tres posibles opciones para cerrar esta brecha: o se aumentan los ingresos, o se recortan gastos o una combinación de ambas; asimismo, en materia de ingresos existen otras dos vías para recaudar más: o se suben los impuestos o se hacen profundas reformas a fin de potenciar la actividad económica.
La estrategia seguida hasta ahora por el Gobierno de Rajoy se ha centrado en utilizar todos los mecanismos a su alcance. Es decir, algo de austeridad pública, otro algo de aumentos fiscales y reformas estructurales. El problema aquí es que, a excepción de los impuestos, se ha quedado corto de las otras dos patas. El golpe fiscal asestado el pasado diciembre ha logrado colocar a España a la cabeza de los impuestos directos más altos de la UE y del mundo desarrollado. Y ello, en una economía anémica, rígida y esclerotizada por un mar de deudas y falta de competitividad exterior. Mientras, el Ejecutivo se ha esforzado en vender a la ciudadanía un supuesto ejercicio de austeridad del todo insuficiente en comparación con el descomunal tamaño que aún presenta el aparato estatal. En cuanto a las reformas, de las tres presentadas -presupuestaria, financiera y laboral- la única que se salva es la del mercado de trabajo con lo que, de momento, Rajoy también suspende en esta materia.
El Gobierno deberá afrontar en 2012 un ajuste presupuestario extra próximo a los 30.000 millones de euros en caso de que Bruselas no dé su brazo a torcer y mantenga el objetivo de reducción del déficit en el 4,4 por ciento del PIB. Si Rajoy mantiene la línea de actuación del pasado diciembre, cargará a los españoles con otros 12.000 millones de euros adicionales en impuestos, mientras que el recorte de gasto público apenas ascendería a 18.000. ¿Mucho o poco? Ni Mucho ni poco, simplemente, injusto y, además, totalmente contraproducente de cara a la recuperación. El PP ha pretendido cargar a "todos", de forma más o menos equitativa, una factura, la del descuadre público, que es exclusiva de la casta política. El sector público es el único que a estas alturas sigue viviendo muy por encima de sus posibilidades a costa de restar recursos a unas empresas y trabajadores que ya están al límite de sus posibilidades.
El Estado ha mantenido intacto un nivel de gastos propio de la época del boom económico pese a que sus ingresos fiscales se han desplomado como resultado de la crisis. La única alternativa es que se apriete el cinturón a fin de equilibrar ambas variables, pues, de lo contrario, acabará por asfixiar del todo a lo que queda de economía productiva, la única capaz de impulsar el crecimiento. Para ello será imprescindible no sólo reducir gasto corriente sino, sobre todo, recortar gasto estructural, lo cual significa reformar de arriba a abajo el mal llamado Estado del Bienestar.
Este melón, hasta ahora intocable, será abierto en breve, y puesto que el PP insiste en que el citado Bienestar del Estado es "intocable" todo apunta a que, en lugar de reducirlo, tratará de mantenerlo vía copago y nuevas fórmulas de financiación. No son impuestos en sentido estricto y, desde luego, sus efectos son menos perniciosos, pero sigue siendo la misma música sólo que con distinta letra: financiar un aparato estatal sobredimensionado. Por el contrario, esta tare debería centrarse en reestructurar el Estado, eliminado entes y empresas públicas, evitando duplicidades, despidiendo personal, privatizando servicios públicos, vendiendo activos, capitalizando pensiones, reduciendo gasto corriente y estructural... Y todo ello, liberalizando la economía sin subir o crear ex novo ni un solo impuesto más.
