El nuevo dilema ya ha sido planteado. El Ministerio de Hacienda desveló el lunes que el conjunto de las administraciones públicas cerró 2011 con un déficit del 8,51% del PIB (91.344 millones de euros), muy alejado del 6% exigido por Bruselas y aún más del 4,4% fijado para 2012. Así pues, la cuestión clave a partir de ahora es cómo reducir dicha brecha. Descontado el ajuste aprobado a finales de 2011 (9.000 millones en recortes públicos y 6.000 en subidas fiscales), aún sería preciso reducir en cerca de 29.000 millones de euros el déficit para alcanzar el 4,4% y unos 22.000 si, finalmente, Moncloa consigue que la Comisión Europea (CE) rebaje el objetivo al 5% este año.
Pero, independientemente de la cifra final, lo relevante es cómo se efectuará. Aunque el PP niega por ahora nuevas subidas fiscales, cabe señalar, al menos, cuatro precedentes que apuntan a que el citado ajuste consistirá en una combinación de recortes públicos y aumento de impuestos: las medidas dictadas por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI); la propia estrategia seguida por Rajoy; el nuevo proyecto de Estabilidad Presupuestaria; y el rescate de ayuntamientos y CCAA.
1. Rescate de países
Los planes de ajuste dictados por la troika (CE, BCE y FMI) a cambio del rescate de países (Grecia, Irlanda y Portugal) se configuran en torno a tres ejes básicos: subidas fiscales, recortes de gasto público y reformas estructurales.
España e Italia no han sido oficialmente rescatados, pero sí están intervenidos de facto desde el momento en que dependen de la asistencia financiera del BCE para comprar sus bonos -agosto de 2011- e inyectar liquidez ilimitada a sus respectivos sistemas financieros -diciembre de 2011-. A cambio de dicha asistencia, la entidad monetaria recomendó a ambos países medidas en esta misma línea.
2. La estrategia de Rajoy
Nada más llegar al poder, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, incumplió uno de los compromisos más reiterados por el PP durante la pasada campaña electoral: no subir impuestos. En su segundo Consejo de Ministros aprobó un aumento fiscal de 6.000 millones de euros, elevando el tipo estatal del IRPF y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), situando así a España a la cabeza de los países desarrollados con impuestos directos más altos.
Tras desvelar el déficit de 2011, algunas de las declaraciones de los líderes populares dejan entrever la adopción de medidas de similar índole en el futuro. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, indicó el lunes que el problema del déficit "lo vamos a arreglar entre todos". Este martes instó a ciertas autonomías -como Andalucía- a adoptar "planes de estabilidad" para "corregir" la "desviación", expresando la disposición de Hacienda para "trabajar juntos" con los gobiernos autonómicos.
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, apostó por poner en marcha planes de ajuste "decididos", tales como el aprobado por Rajoy el pasado diciembre. "Tenemos un agujero gigantesco al que hacer frente", advirtió.
3. Los ajustes del proyecto de Estabilidad
Pero, ¿en qué consisten tales planes de ajuste? Una de las normas estrella impulsadas por el Gobierno del PP es el nuevo proyecto de Estabilidad Presupuestaria. El borrador de esta norma contempla la posibilidad de imponer planes "económico-financieros" y de "reequilibrio" a las autonomías y entes locales que incumplan los objetivos de déficit. En 2011, según los datos provisionales, tan sólo la Comunidad de Madrid cumple los criterios fijados (1,3% del PIB).
Según esta norma, los entes incumplidores serán controlados por el Gobierno central, bajo amenaza de multa y sanción, para corregir tales desvíos. Así, el Ejecutivo podrá aprobar y controlar el cumplimiento de los planes de "reequilibrio" presentados por las autonomías para reducir el déficit.
Tales planes, cuyo contenido no se detalla en el borrador, serán remitidos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que comprobará la "idoneidad de las medidas incluidas". Pero estipula que, "a efectos de valorar esta idoneidad, se tendrá en cuenta el uso de la capacidad normativa en materia fiscal" de dicho ente, lo cual abre la puerta a subir impuestos regionales para reducir el déficit.
4. Rescate de ayuntamientos y CCAA
Por último, los nuevos mecanismos de rescate articulados por el Gobierno para tratar de solventar los graves problemas financieros de CCAA y ayuntamientos también avanzan nuevas subidas fiscales a lo largo del año.
Hasta el momento, el Gobierno ya ha anunciado la puesta en marcha de dos mecanismos extraordinarios de rescate: una línea ICO (Instituto de Crédito Oficial), dotada hasta un máximo de 15.000 millones de euros, para que las autonomías en problemas puedan afrontar el pago a proveedores y cubrir sus vencimientos de deuda; y un nuevo mecanismo financiero para que los entes locales paguen sus facturas atrasadas con proveedores.
Ahora bien, las administraciones que acudan a estas líneas también estarán obligadas a acordar con Hacienda un "plan de ajuste". Las autonomías y ayuntamientos que pidan ayuda al Estado deberán aprobar, bajo la supervisión y control de Hacienda, nuevas medidas para cumplir "los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública". Es decir, lo mismo que el anterior punto sólo que por motivos distintos (pedir ayuda en lugar de incumplir el objetivo de déficit y deuda).
Y, una vez más, los principios rectores de la línea ICO para autonomías y el mecanismo financiero para ayuntamientos publicados este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se inspiran en la misma estrategia: subir impuestos, reducir gastos y reformas estructurales.
Mecanismo financiero para ayuntamientos
Para financiar sus facturas pendientes, los entes locales que acudan a este mecanismo estatal emitirán deuda pública a largo plazo, cuyas condiciones serán fijadas por el Gobierno, o en caso contrario el Estado retendrá parte de los tributos que les corresponden (transferencias corrientes) a fin de amortizar las obligaciones de pago. Dicho de otro modo, el Estado facilita el adelanto del dinero -vía ICO o avales-, pero el ayuntamiento seguirá siendo el titular de la deuda. Por ello, el Gobierno les exigirá, a cambio, un "plan de ajuste", que se extenderá durante todo el período de amortización.
Una vez que los ayuntamientos remitan el listado de facturas pendientes a Hacienda (antes del 15 de marzo) deberán aprobar un "plan de ajuste" antes del 31 de marzo que, "en todo caso", deberá cumplir los siguientes requisitos, y siempre bajo la supervisión y aprobación de Moncloa:
- Recoger ingresos corrientes "suficientes" para financiar sus "gastos corrientes" y la "amortización" de las operaciones de endeudamiento que implique acudir a este mecanismo.
- Además, las previsiones de ingresos deberán ser "consistentes" con la evolución de los ingresos efectivamente obtenidos entre 2009 y 2011. Es decir, que el ayuntamiento en cuestión no podrá inflar sus ingresos en base a sus previsiones de crecimiento, tal y como sucedió durante la crisis, menos aún cuando España recaerá en recesión en 2012.
- Por otro lado, el plan deberá recoger una "adecuada financiación" de los servicios públicos prestados "mediante tasa o precios públicos", abriendo así la puerta a nuevos mecanismos de copago.
- Descripción y calendario para aplicar nuevas "reformas estructurales", así como "medidas de reducción de cargas administrativas a ciudadanos y empresas".
- Cualesquiera "otros requisitos" que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
- Por último, el plan podrá modificar la organización de la corporación local, lo cual apunta a recortes de personal laboral y la supresión o fusión de empresas públicas.
- Una vez que Hacienda otorgue luz verde al plan de ajuste local -en un plazo de 30 días naturales tras su recepción del plan-, el ayuntamiento contará con la debida autorización para endeudarse a largo plazo.
En definitiva, el Gobierno impondrá a los ayuntamientos rescatados un plan de ajuste similar al diseñado a nivel estatal: nuevas subidas fiscales, reducciones de gasto y reformas estructurales, pero en el ámbito local.
Línea ICO para autonomías
Asimismo, las autonomías que acudan a la nueva Línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 para afrontar sus vencimientos de deuda pública o el pago de facturas pendientes a proveedores estarán, igualmente, sujetas "al cumplimiento de determinadas condiciones de índole fiscal y financiero". Aunque el BOE sólo recoge las condiciones financieras, las fiscales serán similares a las contempladas para los ayuntamientos, según las fuentes consultadas por Libre Mercado. Es decir, el Gobierno también les exigirá un determinado "plan de ajuste" -más impuestos, menos gastos y reformas- para garantizar que las autonomías cumplirán sus compromisos de pago.
Y ello, para evitar que, en última instancia, el Gobierno central cargue con la factura. Hasta ahora, según la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, el Estado no podía asumir ni responder de las deudas de CCAA, ayuntamientos y sus empresas públicas asociadas. Sin embargo, el Consejo de Ministros modificó el pasado viernes la normativa vigente para "posibilitar el aval del Estado en futuros mecanismos de financiación de todas las administraciones territoriales para el pago a proveedores".
Es decir, a partir de ahora, el Estado avalará la deuda regional y local con proveedores, que en total suma cerca de 35.000 millones de euros. Imponiendo los citados planes de ajuste, el Gobierno confía en no tener que ejecutar dicho aval, de forma que las autonomías y ayuntamientos rescatados puedan afrontar finalmente sus pagos.
Un triple golpe fiscal
Todos los planes de ajuste citados (a nivel internacional, estatal, autonómico y local) consisten en combinar tres elementos: más impuestos, menos gasto y reformas. Así pues, a la vista de estos precedentes, los españoles se enfrentan a un triple golpe fiscal en 2012: más impuestos por parte del Estado, CCAA y ayuntamientos, bien para reducir el déficit bien como condición de la ayuda prestada por el Gobierno.