El Gobierno sabe que se le juzgará por las medidas que emprenda para salir del túnel de la crisis, pero de igual forma entiende que los españoles tienen que saber en qué situación encontró las arcas del Estado. Según los datos adelantados de ejecución presupuestaria, el déficit español se situó en el 8,5% del PIB en 2011, dos puntos por encima del 6% que vendió José Luis Rodríguez Zapatero a Bruselas.
Un agujero de 91.344 millones de euros que tiene un claro culpable, según los papeles del Ministerio de Hacienda, a los que tuvo acceso este diario. El equipo de Cristóbal Montoro diseñó un argumentario interno a distribuir -vía Partido Popular- al resto de miembros del Ejecutivo, en el que deja claro que los datos aportados el lunes "demuestran que el PSOE ocultó a todos los españoles el dato real de déficit" antes de las elecciones generales.
Hacienda se acoge a un informe de la Intervención General del Estado, que el veintidós de diciembre -momento en el que Mariano Rajoy aterrizó formalmente en la Moncloa- cifraba el déficit público "en torno al ocho por ciento". Para el Gobierno, "de este dato tenía que tener conocimiento" la anterior vicepresidenta económica, Elena Salgado. Sin embargo, "lo ocultó y mantuvo que el déficit del Estado se situaba en el seis por ciento".
Ante esta "gravísima" desviación, afirma Hacienda en el documento interno, el presidente se vio en la obligación de aprobar el decreto del 30 de diciembre, y que incluyó la polémica subida de impuestos. Fuentes del Gobierno siempre han defendido que, en caso de no aplicar ese primer paquete de reformas, la Unión Europea hubiera tomado cartas en el asunto.
Defensa de las Comunidades Autónomas
Capítulo aparte le dedica Hacienda a la estrategia del PSOE de echar la culpa a las comunidades autónomas, la mayoría de ellas actualmente bajo batuta del PP. "Es una grave irresponsabilidad decir que el Estado cumplió y son las CCAA las que incurren en una desviación del déficit más alta", destaca el documento, a modo de introducción.
El Ejecutivo da dos razones fundamentales para argumentarlo. La primera, acogiéndose a la Constitución, no es otra más que recordar que el Gobierno es el encargado de coordinar la política económica del conjunto de las administraciones, por lo que "el anterior Gobierno faltó a su responsabilidad constitucional de coordinar y controlar".
Pero, aún más importante, el gabinete de Rodríguez Zapatero "incumplió los acuerdos de financiación" con las regiones. Una segunda prueba demoledora, ya que "atrasó los adelantos a cuenta comprometidos con el objetivo de salvar el dato de déficit del Estado". Es decir, el Ejecutivo de entonces no transfirió a las comunidades todos los recursos que les correspondían, de forma que esto permitió maquillar el déficit del Gobierno central al tiempo que se disparaba el de las autonomías. Este último extremo ya está siendo solucionado por Rajoy, con la consecuente reestructuración.
Los PGE serán "austeros, ajustados y realistas"
Puesto negro sobre blanco, la vicepresidenta primera dio la cara en el día después para asegurar que los Presupuestos Generales serán "austeros, ajustados y realistas" y transformarán "radicalmente" la forma de gestionar los recursos públicos.
Soraya Sáenz de Santamaría, en la Comisión Constitucional del Senado, fue un paso más allá al confirmar que el Consejo de Ministros del viernes aprobará definitivamente el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, que convertirá "la regla básica de la economía doméstica, de que no se puede gastar más de lo que se ingresa, en norma legal de obligado cumplimiento para todas las administraciones".