La Historia está llena de casos de pueblos que, tras hundirse en la miseria de la pobreza y la violencia, consiguieron salir adelante. Un caso notable y reciente es el de Ruanda. Tras el brutal genocidio de 1994 en el que murió el 20% de la población, la situación política y social se estabilizó, haciendo posible la recuperación y expansión económica del país desde entonces.
Así, en promedio la economía creció al 6% anual entre 1994 y 2009. En comparación con los países de África subsahariana (ASS) y la Comunidad Africana Oriental (CAO), desde 2001 hasta 2011, Ruanda (RUA) ha crecido a un ritmo significativamente más elevado y las previsiones indican que seguirá siendo así. Si en el 2000 los ruandeses vivían con 0,5 dólares al día de media, ahora lo hacen con 1,5. El objetivo de PIB per cápita para 2020 es de 900 dólares, lo que significaría casi doblar la cifra actual, y solo se lograría con un crecimiento mínimo del 7% anual.
Empero, los problemas siguen siendo acuciantes y característicos de un país pobre, como la elevada incidencia de la malaria y el SIDA, la falta de acceso de la población al agua potable y la electricidad o la dependencia en la agricultura de subsistencia.
La excesiva y perniciosa dependencia de la ayuda exterior -que cubre el 40% del presupuesto anual del Gobierno y equivale al 15% del PIB- y de las inestables condiciones del comercio internacional -tanto en sus exportaciones como en lo que compran del exterior, principalmente comida y petróleo-, unido al déficit público crónico, son problemas adicionales que deben tenerse en cuenta.
Con todo, ningún país se ha desarrollado de la noche a la mañana. Los últimos indicadores disponibles son esperanzadores. Así, durante los últimos cinco años la pobreza se ha reducido drásticamente de casi el 57% al 45% de la población, cuando en el anterior lustro el descenso solo fue de 2 puntos porcentuales. En este mismo periodo, la pobreza extrema ha registrado una caída sin precedentes.
De hecho, la pobreza en el conjunto de África está disminuyendo más deprisa de lo que se cree. Y es que el continente olvidado crecerá más rápido en 2011-12 que cualquier otra región del mundo, a excepción de India y China, según los informes de The Economist Intelligence Unit.
Motores del crecimiento
El rápido crecimiento económico en Ruanda ha estado apoyado en la industria (en especial la minería y la construcción), pero también en un boom exportador (principalmente de té y café) y en el turismo procedente de otros países africanos.
Como suele suceder en los procesos de crecimiento económico, es la iniciativa e inventiva empresarial la que está detrás. En el caso ruandés, las empresas familiares dedicadas a actividades no agrícolas, y normalmente localizadas en áreas rurales, han experimentado un dinamismo notable. En 2006 más del 30% de hogares dependía de ellas como fuente de ingresos, empleando a un 10% de la población.
Si bien desarrollan actividades de baja productividad (como peluquería, o manufactura de productos sencillos), cumplen un papel importante dado el elevado nivel de analfabetismo y otras circunstancias particulares del país. Además, los salarios en estas empresas familiares son significativamente superiores a los que proporciona la agricultura.
Por otro lado, destaca el carácter emprendedor de los jóvenes ruandeses. En una encuesta realizada por el Banco Mundial, se preguntaba a los jóvenes estudiantes dónde se veían en el futuro. Emprendedor, empresario, autónomo, actuario de seguros o abogado fueron las respuestas más repetidas.
Este relativo dinamismo empresarial no habría sido posible sin una mejora en el marco regulatorio e institucional. Así, en el último ranking de Doing Business (2012), Ruanda aparecía en la posición 45 (solo una por detrás de España), mientras que hace tan solo tres años ocupaba el puesto 189. No es de extrañar que sea considerado como el país que más ha mejorado el entorno para hacer negocios en los últimos años. Las áreas más importantes de avance han sido el registro de la propiedad, la protección de los inversores, el comercio en las fronteras que ha facilitado una mayor integración regional, así como el acceso al crédito.
Rwanda Vision 2020
En esta línea reformista se enmarca la iniciativa del Gobierno ruandés llamada Rwanda Vision 2020. Ésta persigue objetivos de desarrollo a largo plazo para transformar la economía agrícola y de subsistencia actual en una más sólida y diversificada, y menos dependiente de la ayuda exterior. El Gobierno parece haber comprendido que la solución pasa por el libre mercado, y las instituciones se limitarán a velar por su desarrollo.
Según se explica en el programa de este ambicioso proyecto, el Gobierno no se involucrará en proporcionar servicios y productos que pueden ser ofrecidos más eficientemente y competitivamente de forma privada. Se llevará a cabo una política de privatizaciones que ayudará a reducir los precios de los bienes y servicios, además de ampliar la oferta al consumidor y conseguir recursos para el Gobierno.
El Estado ampliará el gasto público en servicios como la sanidad, educación, o en programas para aumentar la productividad en agricultura, transportes y comunicación. Pero el propósito es minimizar el intervencionismo y hacer de catalizador, para asegurar que las infraestructuras y el marco legal impulsen la actividad económica, la productividad y la inversión privada, tanto doméstica como extranjera. Asimismo, el plan promoverá el libre movimiento de personas y se eliminarán las barreras al comercio, además de proteger y definir bien la propiedad de las tierras.
Pese a las dificultades que afronta Ruanda, el espíritu reformista ya ha dado algunos frutos: el 29 de diciembre de 2011, S&P asignó al país un B/B con pronóstico positivo en su primera calificación.
En suma, si los pronósticos aciertan, Ruanda podría comenzar una expansión industrial, que le permitiría aprovechar la mano de obra barata que existe en su territorio y conocer cuáles son, comparativamente, sus ventajas competitivas. En estos momentos las inversiones superan ampliamente el ahorro disponible, por lo que sería muy conveniente que empresas extranjeras se estableciesen en el país. Para ello, la seguridad jurídica y la estabilidad política y macroeconómica son requisitos imprescindibles.