El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria y el plan por el que el Gobierno pretende que los proveedores puedan cobrar sus deudas con las administraciones públicas, según informa EFE.
El Ejecutivo aprobó el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria el pasado 13 de enero y ahora culmina este texto para enviarlo al Parlamento. Este jueves, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, informó de que el proyecto sería aprobado hoy y recalcó que obligará a todas las administraciones a cumplir los objetivos de déficit público a los que España se comprometa ante sus socios europeos.
El objetivo de este proyecto es que todas las administraciones públicas presenten equilibrio o superávit, es decir, que el déficit no supere el 0,4 % del PIB, y que su deuda no supere el 60% del PIB.
Pago a proveedores
Además de este asunto, el Consejo aprobará el plan que esta semana anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que los proveedores cobren sus deudas con las administraciones, en especial Comunidades Autónomas y ayuntamientos, y que ascienden a entre 30.000 y 35.000 millones de euros.
Montoro ya ha explicado que los proveedores podrían cobrar sus facturas directamente en las entidades financieras, a través de un consorcio entre la banca y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Según ha podido saber Libertad Digital, el proyecto podría incluir mecanismos de quita, es decir, los proveedores no cobrarían el total de sus deudas sino un porcentaje de éstas.
Organismos reguladores
El Gabinete de Mariano Rajoy estudiará también un informe sobre la ley de la reforma de los organismos reguladores, que tiene por objetivo profesionalizar este tipo de organismos para darles más seguridad jurídica, máxime cuando en la actualidad están realizando funciones propias de ministerios que no les corresponde, según fuentes del Gobierno.
La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya avanzó el pasado 20 de enero que el Gobierno había creado un grupo de trabajo integrado por los ministerios de Presidencia, Economía, Hacienda, Fomento y Sanidad para estudiar una reforma integral que genere organismos reguladores más austeros, neutrales y eficaces.
A modo de ejemplo, Sáenz de Santamaría planteó que si finalmente no se crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), se ahorrarían 7 millones de euros, según el presupuesto previsto por el anterior Gobierno para 2012.
Éste es sólo uno de los organismos que estarían en el puntero del Gobierno. Así, la Ley de Economía Sostenible contemplaba sólo cuatro órganos reguladores: la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional del Sector Postal.
Más tarde, el Gobierno anunció la creación de nuevos organismos como el mencionado CEMA o al Comisión Nacional del Juego, dando lugar a una proliferación de estructuras y a un solapamiento de tareas.
Otro de los objetivos del Gobierno es poner el acento en la compatibilidad de los cargos dentro de los reguladores y buscar una mayor intervención por parte del Parlamento en la designación de sus miembros.
Según el Gobierno, la reforma persigue no sólo una mejor asignación del gasto, sino también recuperar la confianza, cumplir los objetivos de la UE y mejorar el funcionamiento de los mismos.