La Generalitat Valenciana no es precisamente un ejemplo de buena administración del dinero público, aquel que ni era ni sigue siendo de nadie. Desde 2003, sus gastos han aumentado más de un 50% y su endeudamiento se acrecentó alrededor de un 150%, colocándola a la cabeza de todas las autonomías por pasivos sobre el PIB. Por si lo anterior fuera poco, que no lo es, su déficit estimado para 2011 asciende a más de 3.000 millones de euros sobre un presupuesto de apenas 14.000 millones.
En este contexto, uno desearía ver recortes mucho más enérgicos en todas las materias –recortes que, en honor a la verdad, las autonomías no pueden acometer en buena parte a menos que el Gobierno central reforme mucha legislación básica que les impone unos infinanciables niveles de prestaciones mínimas– para, al final, disponer de un presupuesto equilibrado, saneado y austero que permita a las autonomías cumplir con todos sus compromisos sin exprimir al contribuyente.
Pero hete aquí que, en este contexto de cuasi-bancarrota, los imprescindibles recortes son recibidos con indignación por los grupos sociales más o menos organizados que se benefician directamente de esas insostenibles transferencias de renta. Uno de esos grupos son claramente los estudiantes y los profesores de la enseñanza pública, que inconscientes o despreocupados de la crítica situación financiera de su empleador, se sublevan en contra de la más mínima racionalización del gasto.
Y sí, digo mínima porque el gasto en educación no universitaria presupuestado por la Generalitat para 2012 apenas ha sufrido una minoración del 3% con respecto a los desembolso de 2010. ¡Del 3%! Las empresas están cerrando a ritmos alarmantes, el paro se dispara a niveles jamás vistos, los impuestos sobre la renta acaban de ser incrementados a salvajes cotas expropiadoras, y la indignación se conjura por unos muy modestos minirrecortes educativos.
Minirrecortes que, en todo caso, deberían relacionarse con la evolución experimentada por esta rúbrica en los últimos diez años: y es que, entre 2003 y 2012, los gastos de la Generalitat en enseñanzas no universitarias ha crecido más de un 70%. Ahí es nada. Corregida tal explosión de los desembolsos educativos por la inflación y el número de alumnos, llegamos a la igualmente llamativa cifra de que, incluso después de los minirrecortes de 2012, el gasto por alumno habrá aumentado cerca de un 18% con respecto a 2003. Todo lo cual permitirá financiar, en estas caninas épocas de crisis, una ratio de 11,5 alumnos por profesor y de 328 estudiantes por centro. ¿Quién dijo que necesitábamos flexibilidad interna en las empresas? ¿Los mismos que parecen olvidarse de que, a la luz de la evidencia, necesitamos mucha más flexibilidad interna en la administración?
Por supuesto, la parquedad de los recortes es completamente compatible con el hecho de que la Generalitat esté retrasando tanto como se sea capaz los pagos de sus facturas. Una cosa es presupuestar un gasto (adquirir el compromiso de transferir una suma de dinero) y otra disponer del efectivo suficiente para realizar el correspondiente pago. Pero tengámoslo claro: que no se disponga del dinero no significa que se haya recortado demasiado el gasto, como parecen creer las turbas levantinas, sino más bien que se ha recortado demasiado poco.
Al cabo, lo que ilustra la iliquidez de una administración es que ésta ha asumido muchas más promesas de pago (ha gastado mucho más) de lo que estaba realmente a su alcance. Ni dispone de los ingresos ni nadie se fía lo suficiente de ella –por su deteriorada solvencia y su elevado déficit– como para prestarle la diferencia. Si lo que molesta es que la Generalitat no pague a tiempo, seamos coherentes y reclamemos que asuma sólo los compromisos que pueda cumplir, es decir, reclamemos más recortes del gasto. Pero acaso sea pedir demasiado a quienes pretenden convertir un problema presupuestario en una palanca primaveral para retomar la cruzada anticapitalista de los quinceeme.