El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido que la familia Ruiz-Mateos utilizaba el dinero de Nueva Rumasa para aportar capital a sus sociedades patrimoniales y mantener así su "alto nivel de vida", según el auto de dictado el 15 de febrero.
Ruz levanta así parcialmente el secreto de sumario de las investigaciones abiertas a Nueva Rumasa, durante las que se ha detectado "numerosa documentación" sobre la presencia de las sociedades del grupo en Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile.
En concreto, el magistrado considera que la sociedad Bardajera actuaba como "gestora de la caja única oficial" de Nueva Rumasa y llegó a recibir 673 millones de euros del resto de sociedades del conglomerado empresarial, "gran parte de ellos procedentes de los inversionistas que adquirieron pagarés".
Según el auto, los Ruiz-Mateos distribuyeron parte de ese dinero en inyecciones de liquidez a las empresas de Nueva Rumasa, en devolver los intereses de los pagarés que iban venciendo y en el pago de las hipotecas de las viviendas de los hijos varones del empresario jerezano. Además, de las cuentas de Bardajera se sacaron en efectivo 78 millones de euros de los que se desconoce su destino final.
El juez recuerda que de los documentos aportados por la propia familia Ruiz-Mateos se desprende que los pagarés fueron emitidos por 13 mercantiles del grupo, obteniendo así una inversión de 337,3 euros, realizada por 4.110 inversores. Sin embargo, incide en que esta información no coincide con la documentación obtenida en los registros de las viviendas de los Ruiz-Mateos.
Por otro lado, Pablo Ruz ha llamado a declarar en calidad de imputados, el próximo 1 de marzo, al abogado Manuel Sánchez Marín y a sus colaboradores Javier Bertolá Navarro y Alfonso Espinosa Bermejo, que fueron los que articularon la estructura societaria de Nueva Rumasa y que gestionaban la 'caja única'.
El auto explica que las sociedades matrices de las empresas españolas se encontraban en domiciliadas en Holanda. Sin embargo, las dueñas del capital social Nueva Rumasa estaban domiciliadas en Belice. Además, sitúa en Suiza "la famosa hucha" de los Ruiz-Mateos.
El mismo día declararán en calidad de testigos los gestores del conocido como "el banquito" de Nueva Rumasa, José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa y Pere Varias Font, los tres fueron detenidos el pasado martes por la Policía de Jerez de la Frontera (Cádiz) y puestos en libertad posteriormente tras declarar por su vinculación al holding de la abeja.
También comparecerán como testigos el 1 de marzo el director del Rayo Vallecano hasta su venta el pasado mes de mayo, Jesús Fraile Delgado, y los dos testaferros Susana Álvarez Ampuero y Rufino Martín-Maestro García.
Por otra parte, las investigaciones concluyen que el nuevo dueño de Nueva Rumasa, el empresario valenciano experto en empresas en quiebra, Ángel de Cabo, "tiene en su poder" toda la documentación relacionada con las cuentas bancarias de Suiza a nombre de las matrices holandesas de Nueva Rumasa y de los concursos voluntarios de acreedores en los que se encuentran las sociedades del grupo.
De Cabo, que adquirió 75 sociedades de Nueva Rumasa a través de la sociedad Back in Business, también está imputado en la causa y declarará ante el juez junto a dos de sus colaboradores los próximos 28 y 29 de febrero. El grupo empresarial acumulaba deudas de 1.500 millones de euros.
El auto hecho público este jueves explica que entre "las estrategias seguidas por De Cabo para lograr el máximo beneficio" de su compra se encuentra "la elaboración de documentos predatados y su inclusión en procedimientos judiciales, prácticas de extorsión, coacción y/ o amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes".
En junio de 2011 la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella de los presentada por un grupo de inversores en pagarés y abrió esta causa en la que, por el momento, se encuentran imputados José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, siete de sus hijos, y otras seis personas más por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad documental.