Representantes de los sindicatos catalanes aseguraron el viernes que la reforma traerá más "precariedad" en lugar de fomentar el empleo, y han criticado en especial la rebaja de la indemnización del despido improcedente, que se facilite a las empresas que se acojan al despido más barato, el de 20 días por año trabajado, y que se elimine la autorización administrativa previa para los ERE.
Cayo Lara (coordinador federal de IU): pide movilizaciones en la calle para frenar un "nuevo entuerto" contra los derechos de los trabajadores y alerta de que no creará empleo y aleja la salida de la crisis.
Jesús Caldera, portavoz del PSOE en la Comisión de Empleo, ha considerado que se trata de un "decretazo", que abarata el despido de todos los trabajadores y reduce su protección, al tiempo que ha dudado de que la rebaja en la indemnización de 45 días a 33 días por contrato ordinario sea legal. Otro pilar socialista como José Antonio Griñán ha advertido que propicia la "destrucción de empleo" y critica que por primera vez en democracia se haga sin pedir informes a los sindicatos.
El entorno nacionalista también ha reaccionado sonoramente contra la reforma. Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, cree que aunque la reforma "está bien orientada" y "es necesaria", en realidad no sirve para crear empleo a corto plazo, y dice que debería ir acompañada de un plan de choque contra el paro. Josu Erkoreka (portavoz del PNV en el Congreso) cree que la reforma supone una recentralización de la negociación colectiva y advierte de que no será la panacea porque el problema del desempleo "tiene muchas otras causas además de la legislación laboral".
Alfred Bosch (portavoz de ERC en el Congreso) ha advertido, por su parte, de que abarata el despido y facilita la salida y no la entrada al mercado de trabajo, por lo que ha cuestionado que pueda servir para generar empleo. Además, dice que será más fácil despedir a gente. Joan Coscubiela (portavoz de ICV-EUiA en el Congreso) ha señalado que "el gran objetivo de esta reforma es mermar la capacidad de los trabajadores para negociar sus condiciones laborales". Olaia Fernández Dávila (diputada del BNG) ha indicado que es una reforma agresiva "sólo con los trabajadores" y que está al servicio de la patronal.