Una de las primeras decisiones ejecutivas de José Luis Rodríguez Zapatero al llegar al poder en 2004, sometiéndose a las presiones de los nacionalistas catalanes, fue dictar un Decreto Ley que derogaba el Plan Hidrológico Nacional diseñado por el último ejecutivo de José María Aznar.
En su lugar, Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, puso en marcha un plan para desalar agua del mar a lo largo de la costa mediterránea, de forma que el agua dulce que el Ebro vertía al mar, más abajo en el litoral sería tratada para hacerla potable.
El Ejecutivo de Zapatero aprobó sucesivamente la construcción de 51 desalinizadoras desde Gerona hasta Málaga, con el objetivo de desalar casi 800 hectómetros cúbicos al año. Ocho años después sólo han entrado en funcionamiento diecisiete de estas instalaciones, con un rendimiento que apenas supera los cien hectómetros cúbicos anuales.
Hay desalinizadoras terminadas que están sin funcionar por no existir demanda. Y es que los agricultores rechazan la utilización de esta agua por ser mucho más cara que la que procede de otros canales y por su baja calidad, que pone en peligro incluso la salud de las explotaciones agrarias.
En el caso de la cuenca del Río Segura, que a estos efectos ha sido el banco de pruebas del Plan Agua creado por Zapatero, hay cuatro desaladoras construidas de las que sólo funciona una y otra de uso mixto que está prácticamente inactiva. Aun así, el Ejecutivo de Zapatero aprobó la construcción de dos grandes desalinizadoras más, concretamente en Torrevieja (Alicante) y Águilas (Murcia), cuya futura explotación es una incógnita ante la escasísima demanda de agua desalada por el sector de la agricultura, al que va principalmente destinada su producción. Tan es así que la comunidad murciana ha propuesto vender los equipos de desalación construidos en la región a los países árabes, como forma de rentabilizar en parte la inversión realizada a la vista de su inutilidad.
Además, según ha explicado en repetidas ocasiones el ministro Arias Cañete con estudios científicos en la mano, se trata de unas instalaciones insostenibles por su elevado consumo energético y el impacto que producen en el medio ambiente, ya que la salmuera que se recoge tras el proceso de desalinización se vierte al mar, con el riesgo para la flora marina a causa de la alta concentración de sales en un espacio relativamente pequeño.
Las desaladoras de Zapatero han consumido ya más de 1.600 millones de euros, a los que hay que sumar la cifra de otros 2.400 millones para poner en funcionamiento todas las plantas aprobadas por su Gobierno, lo que hace un total de 4.000 millones en inversión de fondos públicos. El Trasvase del Río Ebro, incluido en el Plan Hidrológico Nacional de Aznar, tenía un presupuesto de unos 4.200 millones, de los que la mayor parte iban a ser financiados por la Unión Europea.
Con este trasvase, las cuencas deficitarias de Cataluña, Valencia, Murcia y zona oriental de Andalucía habrían dispuesto de más de 1.000 hectómetros cúbicos anuales y, además, de agua dulce, adecuada para consumo humano y agrícola. En estos momentos, con las desaladoras propuestas como alternativa por el gobierno socialista, esos mismos territorios disponen de la décima parte de agua que, además, no se utiliza por su elevado precio y escasa adecuación a los usos de la agricultura.
En cuanto a su impacto sobre el empleo del sector, un estudio coordinado por la Universidad de Alicante y dado a conocer en marzo de 2010, demostró que la derogación del trasvase del Ebro impidió la creación de unos 520.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Estos son los argumentos de peso que han llevado a Arias Cañete a recuperar en el discurso del gobierno del Partido Popular la necesidad de realizar trasvases de las cuencas excedentarias a las deficitarias. Un proyecto que ya ha encontrado la firme oposición de los dirigentes autonómicos catalanes, aragoneses y castellano-manchegos, a pesar de que la competencia en materia de regulación de recursos hídricos en los ríos que transcurren por más de una comunidad autónoma está reservada por la Constitución de forma exclusiva al Gobierno de España, tal y como establece su artículo 149.1.22.