El Gobierno acaba de aprobar la reforma del sistema financiero, la cual tiene varios aspectos positivos. En primer lugar, la reforma por fin se va a poner en marcha, con plazos más cortos de los previstos inicialmente. Esta medida se tendría que haber tomado en 2009, cuando ya se había constatado la realidad de la crisis. Si entonces se hubiera puesto en marcha, hoy ya podría haber concluido todo el proceso de restructuración de los bancos y cajas de ahorros españoles y podrían estar ya concediendo créditos, con lo cual la nueva recesión que ahora tenemos que afrontar probablemente sería más corta y menos intensa que la que tenemos que sufrir.
Además, como la reforma pasa por valorar a precios de mercado los activos inmobiliarios, posiblemente se hubiera desbloqueado ya el necesario proceso de ajuste en el precio de la vivienda y el sector de la construcción, aunque ya no volverá a ser lo que fue durante la burbuja inmobiliaria en términos de aportación al crecimiento económico y de generación de puestos de trabajo, ya podría estar empezando a remontar el vuelo y poner, de esta forma, su granito de arena en el proceso de superación de la crisis. Pues bien, lo que se retrasó injustificadamente a causa de los errores de política económica del Gobierno Zapatero hoy ya ha empezado a ponerse en marcha, con lo que, de esta forma, se da un paso adelante para salir de la crisis, aunque eso es algo que va a llevar tiempo porque las entidades van a necesitar recapitalizarse antes de volver a conceder créditos.
En segundo término, el camino elegido por el Gobierno es el que tiene menor coste para el contribuyente. El Ejecutivo ha dejado de lado la idea inicial que barajó de crear un banco malo que se encargara de gestionar los activos inmobiliarios en poder de los bancos y cajas de ahorros, lo que hubiera obligado al Tesoro a desembolsar importantes cantidades de recursos públicos para gestionarlo. Sin embargo, final y afortunadamente, el Gabinete se ha decantado por que sean las propias entidades crediticias las que asuman en sus balances y en sus cuentas de resultados el coste del saneamiento, que es lo que se tendría que haber hecho desde un primer momento ya que ellas, con su imprudente política crediticia, fueron una de las causas de la burbuja inmobiliaria. En todo este proceso el Gobierno sólo pondrá dinero si se producen fusiones de entidades y estas acuden al FROB en busca de recursos con los que completar el saneamiento. Dichos recursos se concederán en forma de créditos. La cuestión es si después el Ejecutivo podrá recuperarlos o si, dada la posible debilidad de quien los necesite, tendrá que acabar por aceptar que la entrega de recursos públicos sea a fondo perdido.
Los puntos negros de la reforma, a mi juicio, son tres. En primer término, el Gobierno no fuerza la despolitización de todas las cajas de ahorros, y digo todas bien alto, sino sólo la de aquellas que acudan al FROB, cuando la politización de estas entidades se encuentra en el epicentro de la crisis. En segundo término, el Gobierno insiste en llevar a cabo un proceso de fusiones dirigido y controlado por él, cuando lo que debería suceder es que cada banco o caja pudiera elegir libremente a quien se une, si es que la entidad decidiera que lo más conveniente para ella fuera participar en un proceso de integración. Por último, el Ejecutivo insiste en conceder ayudas del FROB a las entidades fusionadas, que es una forma de ayudar, mediante recursos públicos, a los bancos y cajas en pérdidas, que no son tantos, en vez de proceder a su cierre si fuera necesario y evitar dilapidar unos recursos públicos que hoy nos resultan tan escasos como caros.
No obstante, se trata de un buen conjunto de medidas que deben servir para que el sector financiero sanee sus balances de una vez por todas para que pueda empezar a prestar dinero. Es una lástima que no se hubiera hecho antes porque nos hubiéramos evitado muchos de los problemas que ahora padecemos.