No sé qué es lo que prepara el Gobierno en materia de reforma del mercado
de trabajo, pero si el propio presidente, Mariano Rajoy, señala que le va
“a costar una huelga general”, como se le ha escuchado decir a través de
un micrófono abierto cuando hablaba con el primer ministro de Finlandia,
creo que debemos de entender que no va a caer en la trampa que le han
tendido la patronal y los sindicatos con el acuerdo salarial que
alcanzaron la semana pasada para tratar de evitar que el Ejecutivo
descentralice la negociación colectiva. Si, efectivamente, esto es así,
podemos pensar que, aunque pueda resultar incompleta, la reforma laboral
que quiere aprobar Rajoy va a ir en línea con las verdaderas necesidades
de este país.
Si Rajoy se mantiene firme, el pacto salarial de sindicatos y patronal se
va a convertir en papel mojado porque lo que vendrá con la reforma será la
descentralización de la negociación colectiva, un punto este en el que
Rajoy viene insistiendo desde hace meses, con el fin de que prime el
convenio de empresa sobre cualquier otro tipo de acuerdo. Rajoy hace bien
en insistir en este punto porque uno de los elementos que explican la
gravedad de la crisis actual es, precisamente, el mecanismo de formación
de los salarios. Mientras en Alemania la productividad creció el 13% entre
2000 y 2008 y los salarios lo hicieron el 14%, en España, por el
contrario, la productividad se incrementó el 5% y los salarios el 38%. El
resultado ha sido una pérdida de competitividad de más del 30%, como
consecuencia de la centralización de la negociación colectiva, que explica
tanto nuestro fuerte déficit exterior como los altísimos niveles de paro
que se están alcanzando durante esta crisis. En consecuencia, para reducir
el paro habrá que recuperar competitividad, para lo cual no hay más
remedio que actuar sobre los salarios.
Los agentes sociales, sin embargo, no quieren entender esta gran verdad y
no se les ha ocurrido otra cosa que pactar un incremento salarial del 0,5%
para este año y del 0,6%p para los dos próximos, además de cláusulas de
revisión salarial si la inflación supera el 2% y de recuperación, a partir
de 2014, del poder adquisitivo de los salarios perdido en estos años. Y
eso lo hacen cuando se siguen destruyendo empleos a cientos de miles y
cuando muchas personas que lo conservan están viendo como bajan sus
retribuciones para que la empresa para la que trabajan no quiebre. Es
decir, ni patronal ni sindicatos han demostrado estar a la altura de las
circunstancias ni de las necesidades de la sociedad española. Sólo han
pensado en que su peso político se reducirá drásticamente si se
descentraliza la negociación colectiva y eso es lo único que les ha
importado al sellar un acuerdo que supone un desafío al Gobierno.
Patronal y sindicatos quizá minusvaloraron a Rajoy y pensaron que éste no
se iba a atrever a legislar en contra de lo que han pactado. Sin embargo,
no han tenido en cuenta que la gravedad de la situación es tal que el
Gobierno, le guste o no, no tiene más remedio que avanzar hacia la
descentralización de la negociación colectiva y le han lanzado un órdago
que Rajoy está dispuesto a aceptar. No sé si ésta es la única razón por la
que el presidente dice que le van a convocar una huelga general o si,
además, es que tiene intención de tocar el coste del despido, otro
elemento fundamental para poder crear empleo en las circunstancias
actuales. Pero yo creo que el Ejecutivo no se debe dejar intimidar por esa
posible amenaza puesto que gran parte de la población no entiende cómo se
puede estar hablando de subidas salariales con la que está cayendo y la
que va a caer este año, con un paro que se puede acercar a los seis
millones de personas, porque esas mismas personas dudo mucho que respalden
semejante convocatoria. Si Rajoy se mantiene firme en lo de la
descentralización, aunque no avance en otros terrenos, debería tener el
apoyo mayoritario de la sociedad.