La Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona han aportado en los últimos tres años 150 millones de euros al capital de Spanair, que no han podido finalmente para evitar su cierre.
Spanair fue comprada en 2009 por un grupo de inversores catalanes a las líneas aéreas escandinavas SAS, algunos de ellos instituciones públicas como la sociedad de capital riesgo Catalana d'Iniciatives (11,4%) Turismo de Barcelona (15%) Fira de Barcelona (24%) Avança (10,5%) y Cimalsa (18%).
Todas estas sociedades estaban participadas, en mayor o menor medida, por la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona, principales promotores de la operación. En total, casi un 79 % del capital es de carácter público y la mayor parte de los fondos aportados ha procedido de este tipo de accionista.
Por su parte, el sector privado ha estado representado por SAS (11,6), los pilotos, el personal y los directivos (3,7%) y la sociedad Volcat (20,8%), donde participan empresarios de la asociación Femcat, considerada cercana a CiU, o instituciones como el RACC. Las inyecciones de fondos públicos estaban siendo investigadas por la UE por posible violación de la normativa contra la competencia.
Tras conocerse que Spanair iba a anunciar la suspensión de sus actividades, el Gobierno catalán explicó que no puede seguir invirtiendo en la aerolínea porque debe ser "extremadamente cuidadoso" con sus prioridades de gasto en el contexto de crisis. No obstante, reafirmó en un comunicado su "voluntad de seguir trabajando para mejorar la conectividad del Aeropuerto de Barcelona".
La Generalidad añadió que, hasta ahora, la administración catalana ha participado en el proyecto de Spanair "teniendo en cuenta las limitaciones de la legislación europea referente a la libre competencia". Así, las restricciones presupuestarias y las normas de competencia "imposibilitan nuevas aportaciones de capital de la Generalidad", argumentó el Ejecutivo catalán.