Son muchos quienes, imbuidos por el keynesianismo más elemental, claman que las recesiones económicas son un mal momento para reducir el déficit público. Desde luego, para algunos casi siempre es un mal momento para hacerlo –si decrecemos, porque decrecemos; si crecemos, porque crecemos demasiado poco; si crecemos mucho, porque ese acelerado crecimiento todavía no se ha consolidado, etc.–, pero otros, es verdad, ven razonable que se hagan esfuerzos de austeridad cuando las cosas van bien y que, en cambio, se congele la contención del déficit en cuanto vayan mal.
Mas, ¿por qué las reducciones del déficit público se consideran tan inapropiadas durante las recesiones? Bueno, el razonamiento de fondo es muy sencillo: "como la marcha de la economía depende del gasto, si el sector privado no gasta (recesión), tendrá que hacerlo el público". Visto desde ese ángulo, si a la restricción de los desembolsos privados se le uniera una contracción de los dispendios públicos, lo que habría podido ser una recesión moderada podría degenerar en una depresión de caballo.
El error de partida en esta argumentación se encuentra en que la prosperidad económica no procede de gastar más, sino de producir más y mejores bienes para, merced a su intercambio, disfrutar de unas mayores posibilidades de gasto. Si nuestro crecimiento dependiera sólo del volumen del gasto y no de nuestra producción previa, las sociedades más pobres del planeta, donde por cuestiones de subsistencia se ven forzadas a gastar el 100% de su renta y donde su demanda potencial es muy superior a las occidentales, serían las que más rápidamente se desarrollarían. Si nuestro crecimiento dependiera sólo del volumen de gasto, el socialismo sería capaz de funcionar sin demasiadas dificultades: sólo necesitaría tirar el dinero allá donde fuese sin preocuparse de los resultados. Si nuestro crecimiento dependiera sólo del volumen de gasto, las burbujas y las expansiones artificiales del crédito nunca llegarían a su fin, pues los egresos extraordinarios constituirían la sólida base para realizar nuevos desembolsos extraordinarios. Si nuestro crecimiento dependiera sólo del volumen de gasto, sería imposible que los empresarios se equivocaran en sus inversiones: si para que las empresas acumulen beneficios sostenidamente sobra con que los ciudadanos no frenemos nuestros gastos, eso equivale a decir que los empresarios no pueden cometer ningún error de inversión o que éstos se solventan de manera automática.
Sin embargo, como es evidente que las sociedades pobres necesitan de algo más que gasto para desarrollarse, como el socialismo no funciona, como las burbujas y las exuberancias de endeudamiento llegan a su cruento final y como los empresarios sí pueden equivocarse y es habitual que lo hagan, habrá que concluir que no, que lo relevante no es el gasto total de la economía, sino la correcta, proporcionada y equilibrada interrelación de los distintos planes empresariales dirigidos a generar riqueza (de la cual nacen las rentas con las que podremos realizar correctos, proporcionados y equilibrados gastos a escala individual). En suma, que el gasto público, por el mero hecho de ser gasto o público, no nos vuelve más ricos, como tampoco lo hace cualquier alocado gasto privado por el hecho de ser gasto o privado.
Lo que sí nos vuelve más ricos es, como digo, esa red de planes de negocios adecuadamente orientada y adecuadamente financiada. Y, precisamente, una recesión es la etapa durante la que la estructura productiva de una economía trata de recomponerse: ya sea reorientando a las compañías existentes y remplazando a las menos eficientes por otras más competitivas o recapitalizando con más ahorro propio al tejido empresarial. El objetivo de la recesión no es sufrir por sufrir, sino purgar los errores que se han ido acumulando en el sistema y proceder a su reconversión. Producimos y adquirimos menos bienes y servicios (el PIB cae) simplemente porque el ajuste no es instantáneo –mucho menos si hay rigideces regulatorias que lo ralentizan o lo imposibilitan de facto– y porque la mejora de la solvencia de los agentes económicos necesita de un ahorro que supone no ya cambiar su composición, sino interrumpir en seco el gasto (si los bancos tienen que dotar provisiones para poder absorber sus pérdidas pasadas, ni podrán incrementar sus inversiones ni repartir dividendos entre sus accionistas).
Cuando uno se plantea la influencia de los déficits públicos durante las recesiones, por consiguiente, debería hacerlo desde esta doble perspectiva: ¿en qué contribuye un déficit público a acelerar, por un lado, la reconversión y, por otro, la recapitalización del tejido empresarial de una economía en crisis? Y la respuesta es que, por sí mismo, en nada. Dejando de lado las escasas inversiones públicas que puedan tener un retorno positivo en relación con los tipos de interés a los que se financian, el resto de gastos estatales sólo sirven o para financiar proyectos que no realizaría el sector privado por su nula rentabilidad o para transferir renta desde unos grupos a otros, socavando mientras tanto el ahorro conjunto de la sociedad.
En cuanto a lo primero, el Gobierno no tiene ni mucho menos la información necesaria para planificar cuáles deben ser las compañías concretas –y su particular organización interna– que deben desarrollarse para generar riqueza a lo largo de los próximos lustros. De hecho, en momentos de crisis es muy probable que ni siquiera los empresarios más exitosos, aquellos que están sometidos a una mayor presión por parte de los consumidores y de la competencia, sepan muy bien por dónde tirar incluso en aquellos sectores económicos que mejor entienden y conocen. ¿Cómo esperar que los políticos, quienes no están invirtiendo sus propios ahorros sino los de los ciudadanos y quienes tienen una visión muy superficial de toda la economía, vayan a poder saberlo? Sobredimensionar el sector público a costa de arrebatarles porciones crecientes de sus rentas (ya sea subiendo impuestos, no bajándolos tanto como sería posible o copando el capital en los mercados financieros) a quienes siguen generando riqueza –y, por tanto, a quienes disponen de una mejor información local sobre dónde y cómo conviene invertir– sólo retrasa el saneamiento del aparato productivo.
En cuanto a lo segundo, el déficit público se financia con el ahorro nacional o extranjero que habría podido ir a parar al sector privado, no ya en forma de créditos (pues en las épocas de crisis, el incentivo es a desapalancarse, no a endeudarse más) sino en forma de fondos propios: ahorro dirigido a amortizar deuda, a adquirir los activos que están liquidando otros empresarios, a participar en las ampliaciones de capital de las corporaciones o, directamente, a mejor la liquidez de la compañía para estar en posición de aprovechar las oportunidades de inversión tan pronto como aparezcan. La deuda pública, en tanto garantiza una rentabilidad ficticia a costa de la descapitalización del resto de la economía, es capaz de captar a corto plazo enormes cantidades de recursos que deberían haberse dedicado a otros menesteres mucho más provechosos en el largo plazo. Además, en la medida en que toda la deuda pública que se acumula en el presente se traducirá previsiblemente en unos mayores impuestos futuros –y a veces también presentes– el atractivo de inmovilizar tus ahorros en una economía cada vez más endeudada se ve notablemente reducido.
En definitiva, el gasto deficitario sólo consigue evitar, retrasar o teledirigir el ajuste empresarial y vaciarlo del capital necesario para financiarlo. Las recesiones no son momentos en los que haya que retrasar el ajuste del déficit público, sino épocas en las que hay que acelerarlo al máximo –tratando de discriminar en la medida de lo posible aquellos gastos absolutamente superfluos de aquellos otros que sí proporcionen un retorno positivo para la economía–. Es posible que ello genere una mayor contracción del PIB en el muy inmediato plazo, pero sólo pontificando el PIB como una medida exacta y precisa de nuestro bienestar presente y de nuestra sostenibilidad futura podemos caer en la trampa de pensar que eso es algo necesariamente negativo. A la postre, el PIB no es más que una medida de gasto agregado de una economía, y nada tiene menos mérito que estabilizar tu nivel de gasto endeudándote crecientemente con el banco para financiar ese gasto. La cuestión es, ¿tiene sentido que gastemos tanto en todo lo que hemos venido gastando y en lo que, en última instancia, nos ha abocado a la crisis actual? Parecería que no.
A menos que pensemos que los desembolsos estatales generan por sí mismos riqueza autofinanciable a largo plazo –cosa que no sucede en absoluto–, lejos de alarmarnos por que el PIB ahonde su retroceso tras una contención del déficit público deberíamos contemplarlo como un paso en la buena dirección: poner fin tan rápido como sea posible al incremento de nuestras deudas y de las distorsiones que éstas introducen en la economía real y en la financiera tendría que ser una prioridad de cualquier Gobierno responsable en tiempos de crisis.
Puede dirigir sus preguntas a contacto@juanramonrallo.com