Los aciertos mostrados por el Gobierno de Mariano Rajoy en ciertas materias, tales como la reforma judicial anunciada por Alberto Ruiz-Gallardón, resultan inversamente proporcionales a sus desatinos en política económica. Y eso, teniendo en cuenta que alcanzó el poder bajo el firme compromiso de sacar a España de la crisis. El Partido Popular no pudo empezar peor esta tarea, tras aprobar la mayor subida de impuestos directos de la democracia. Y ahora, a cada paso que da, más se hunde en el fango.
Una vez hecha añicos su promesa electoral de no aumentar la fiscalidad, Rajoy se encamina a incumplir su segundo gran eslogan de campaña. A saber, alcanzar un déficit público del 4,4 por ciento del PIB en 2012, tal y como exige Bruselas. Ésa, y no otra, es su meta en la Cumbre Europea del próximo lunes. El agujero presupuestario que dejó en herencia Zapatero -próximo a los 20.000 millones de euros extra- y la esperada recesión económica sirven de excusa perfecta al presidente para esquivar, una vez más, su auténtica responsabilidad, la de podar de arriba a abajo el sobredimensionado Estado español. Rajoy pedirá clemencia y comprensión a sus socios a cambio, ahora sí, de lograr un nuevo objetivo presupuestario más elevado que el actual.
La segunda gran mentira del Gobierno popular está a punto de fraguarse. Pero el auténtico problema aquí es que, independientemente de la laxitud o no de Merkel, el hecho de que Rajoy se muestre tan timorato y blando en materia presupuestaria es una muy mala señal para el futuro de la economía nacional ya que, en última instancia, implica que España seguirá dependiendo de la paciencia y caridad de Alemania, que no es ilimitada. De hecho, Rajoy defiende con firmeza, al igual que sus homólogos en Grecia, Portugal Italia o Francia, la creación de eurobonos para poder así esquilmar de forma sistemática e ilimitada a los ricos contribuyentes del norte, o bien que el Banco Central Europeo -es decir, el euro- cargue con la factura de los despilfarros del sur.
Tal estrategia no sólo es irresponsable sino suicida. Y el ejemplo más palmario radica en el nuevo rescate indiscriminado de autonomías y ayuntamientos insolventes que será aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes, bajo el hipócrita título de Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Ejecutivo central se ha plegado a los lloriqueos de sus barones regionales quienes, pese a saber que sus ingresos fiscales resultan del todo insuficientes para mantener en pie sus chiringuitos, se han negado a pisar el freno del gasto para impedir derrapar en el precipicio de la insolvencia.
Ahora el Gobierno, con el dinero de todos los españoles, acudirá en auxilio de los políticos manirrotos sin importar el coste, al tiempo que les permitirá retrasar hasta diez años la devolución del dinero que adeudan al Estado. Para ello, empleará como aval la deuda del Reino de España -la de todos-, cargando así al contribuyente con una factura extra que no le corresponde. Hispabonos se hace llamar la tropelía, la versión latina de los polémicos eurobonos. La hipocresía es mayor si cabe al observar que, a cambio, Hacienda amenaza con imponer responsabilidades penales a los gestores que sobrepasen sus techos de gasto.
Más allá de la falacia que supone esta promesa -jamás se verá a un político en la cárcel por tal motivo-,cabe preguntarse por qué esperar. El default, y por consiguiente el cargo, sería, sin duda, el mayor castigo a recibir. Además, ¿quién garantiza que, llegado el caso, Moncloa no cederá al chantaje o a las súplicas del incumplidor? ¿Rajoy? ¿El mismo que solicitará indulgencia a Merkel el próximo lunes? Sigan soñando...