El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha destacado la buena disposición de las comunidades autónomas para tener una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria. En su primera comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, ha resaltado la importancia "no ya económica, sino política", de los acuerdos del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la firme decisión de todas las comunidades de contribuir a la reducción del déficit, algo "fundamental para generar confianza".
En este sentido, el ministro ha incidido en que el estado de las autonomías no tiene nada que ver con el despilfarro y es compatible con que haya administraciones eficientes en la prestación de los servicios públicos. Así, ha indicado que las administraciones deben mejorar y dar ejemplo de austeridad, de transparencia y de proximidad al ciudadano, en un ejercicio de responsabilidad.
Montoro ha dibujado las líneas básicas del anteproyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que prevé aprobar este viernes el Consejo de Ministros a fin de contener el déficit y la deuda pública. Entre otras, destacan las siguientes:
1. La obligación de que todas las administraciones públicas (incluidas las empresas) presenten equilibrio presupuestario.
2. La obligación de que la deuda pública no supere el 60% del PIB, salvo causas excepcionales, tal y como recoge la reforma constitucional aprobada el pasado verano.
3. La implantación de techos de gasto en todas las administraciones.
4. El aumento del gasto público no puede superar la tasa de variación interanual del PIB.
5. Establece como prioridad presupuestaria el pago de intereses y capital de la deuda pública.
6. Las administraciones incumplidoras deberán presentar al Gobierno central un plan económico-financiero para corregir las desviaciones de déficit en el plazo máximo de un año, siempre y cuando no concurran causas excepcionales (desastre natural, recesión, etc.) que justifiquen tal descuadre (para estos casos, los mecanismos de supervisión y control serán distintos).
7. Las administraciones que no cumplan sus planes económicos-financieros para corregir las desviaciones de déficit deberán constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren; además, las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable; por último, Hacienda podrá enviar una delegación a los territorios que considere oportunos para valorar la situación de la administración incumplidora, tal y como ocurre en la Unión Europea.
8. Se creará un fondo para aliviar los problemas de tesorería y liquidez de las administraciones regionales, cuya activación estará sujeta a una serie de condicionantes, como la elaboración de planes de ajuste fiscal y seguimiento presupuestario.
9. Principio de transparencia en las cuentas públicas.
10. Racionalización de empresas públicas mediante la mejora de su estructura y gestión económica. Tan sólo en último término se planteará la privatización de entes, y sólo en aquellos supuestos en que "quepa hacerlo y se pueda hacer". Según Montoro, las privatizaciones "no son para hacer caja, sino para mejorar el servicio que puedan recibir los ciudadanos". Además, cualquier privatización que se lleve a cabo se hará siempre desde la conveniencia para los intereses generales y en términos de recuperación de empleo, ha resaltado.