Las previsiones del Banco de España acerca del comportamiento de la economía española en 2012 no han hecho más que confirmar lo que ya se veía venir: que la economía española está hecha unos zorros y en cuanto se acaba cualquier atisbo de impulso exterior se hunde inevitablemente en una profunda recesión. Esta es la terrible herencia económica que deja el zapaterismo tras de sí y que obliga al Gobierno del PP, le guste o no, a coger el toro por los cuernos y empezar a hacer lo que hay que hacer desde ya, con independencia de las elecciones andaluzas y de cualquier otro condicionante. Las cosas no están para bromas y aunque los de Mariano Rajoy gozan de mayoría absoluta en el Parlamento no se pueden dormir en los laureles porque la situación está al borde del estallido.
Dadas las circunstancias, el nuevo Gobierno tiene que empezar a tomar desde ya medidas que puedan impulsar el crecimiento y el empleo o, cuando menos, coadyuvar a corto plazo a preservar los puestos de trabajo que aún quedan en este país. De momento, el Ejecutivo parece que va a rebajar sus ambiciones en cuanto al recorte del déficit, dado que los compromisos adquiridos con la Unión Europea se basan en unas expectativas favorables de comportamiento de la economía que, a la vista de lo que dice el Banco de España, es imposible que se vayan a producir. Lo que creo que el Ejecutivo no debe hacer nunca es renunciar a un recorte ambicioso del gasto público. Es más, pienso que lo que debe hacer es acabar cuanto antes con tanto gasto inútil como el que hay en este país, con tanta subvención que no sirve nada más que para malgastar los pocos recursos con que cuenta el sector público y aprovechar ese recorte ambicioso para realizar dos cosas que considero fundamentales.
La primera de ellas es la rebaja de impuestos a las empresas y los autónomos, con el fin de que puedan sobrevivir, mantener los puestos de trabajo y, si es posible, contratar a más personal. Ello, por supuesto, pasa necesariamente por una reforma laboral que no sólo descentralice la negociación colectiva sino que también reduzca sensiblemente los costes del despido, al menos para los nuevos contratos. Si las empresas sobreviven y pueden mantener el empleo, e incluso contratarlo, podremos detener antes la caída de la demanda interna y tocar suelo en la crisis, además de que ello ayudará al saneamiento de las cuentas públicas a través de los ingresos fiscales y un menor gasto en prestaciones sociales.
En segundo término, si se acaba de una vez por todas con tanto derroche de recursos públicos, la inversión pública en infraestructuras podrá volver a crecer y, de esta forma, generar actividad económica y empleo. La inversión pública es lo primero que todo Gobierno paraliza en caso de crisis presupuestaria para poder seguir gastando en fines de naturaleza más política. Pues bien, lo que toca ahora es acabar de un plumazo con el gasto político y emplear esos recursos en aquellas partidas que pueden influir de forma positiva en la economía. Por supuesto, ello obligaría a una reforma en profundidad de todo nuestro sector público, pero es que esa reforma se tiene que hacer, con independencia de la crisis, porque lo que ya no se puede permitir es que la clase política siga tirando el dinero de todos o llevándoselo a manos llenas. Aquí lo que hay que hacer, en definitiva, es potenciar el papel de las empresas y reducir el de la Administración en todos sus niveles. Sólo así acortaremos la duración e intensidad de la recesión y pondremos el punto final a una crisis que ya va por su quinto año.