Hace ya casi un mes que el Gobierno tomó posesión, casi dos desde que resultase ganador en las elecciones generales. Sin embargo, el prometedor cambio en el Ejecutivo no se acaba de plasmar en hechos concretos. Es más, las pocas medidas tomadas son escasas o contrarias a lo que la economía española necesita tan urgentemente. Las circunstancias actuales permitían al nuevo Gobierno apostar por medidas inmediatas y ambiciosas –especialmente con cuatro años sin elecciones por delante–. Así, en los primeros días se deberían haber aprobado las medidas de calado y dejar el análisis del déficit para las siguientes semanas. En su lugar ni lo uno ni lo otro. Las medidas no se han tomado y el déficit sigue sin ser resuelto como debe –reduciendo el gasto–.
Si nos centramos en el sistema financiero más propio del contenido de esta columna nos fijamos que las discusiones, los rumores y las declaraciones confusas han liderado estos primeros días del nuevo Gobierno. Antes de las elecciones, la propuesta era que el sistema bancario asumiera de forma inmediata el ajuste de sus carteras inmobiliarias obligando a aquellas entidades que no contasen con recursos suficientes a recapitalizarse. Así, en los casos más extremos algunas entidades caerían –eso sí, controladas por el Estado– para evitar el pánico bancario y proteger a los depositantes. Se puede llamar como se quiera. Banco malo, FROB, intervención. Lo importante era que el sistema financiero tocara suelo lo antes posible y pudiera volver a ponerse en marcha lo antes posible. No sólo no ha sido así sino que los rumores, las dudas y el silencio se han hecho fuertes entre los responsables públicos y aún no hay más que declaraciones confusas en el mejor de los casos.
La primera idea que se transmitió fue la de que las entidades financieras tendrían que provisionar al 50% su cartera de activos problemáticos, frente al 33% actual. Esta medida, que aún no ha sido aprobada por el Banco de España, supondría unas dotaciones extraordinarias de casi 43.000 millones de euros. Estas nuevas provisiones se unirían a los aproximadamente 40.000 millones ya dotados para cubrir unos activos problemáticos por valor de unos 170.000 millones de euros. La idea no es mala, algo escasa, pero un buen comienzo. A los pocos días el ministro de Economía hizo unas declaraciones al Financial Times en las que afirmaba que este ajuste se podría llevar a cabo en uno o varios años y usar para ello los beneficios existentes. Error. Enorme y terrible error. Semejante idea significa alargar el problema. Crear una crisis a la japonesa, con tipos bajos y, a pesar de eso, poco crédito. Frente a un ajuste fuerte y puntual esta opción llevaría a los bancos a ser mucho más cautos mientras durase el periodo de ajuste. Ya lo vimos con la subasta a 3 años de diciembre. A pesar de los casi 500.000 millones de euros de liquidez entregados, los bancos han preferido dejarlos en forma de depósitos en el propio Banco Central Europeo a ponerlos a funcionar. Ni siquiera la deuda pública les ha parecido lo suficientemente atractiva para su exceso de liquidez. En estas condiciones nuestra economía se enfrenta a una aún más acuciante escasez de crédito, incluso al temido credit crunch.
Por ello, el sistema financiero lo que necesita es de un Gobierno que tome decisiones. Decisiones que refuercen el principio de responsabilidad y prudencia. El pronto reconocimiento de las pérdidas potenciales y el castigo a los gestores negligentes –aunque muchos sean del gremio de la política profesional–. En lugar de eso, el presidente del Gobierno se descuelga esta semana con que apoya la populista tasa Tobín por inútil que sea, tanto en términos de protección del ahorrador como para combatir el déficit. Espero que todo esto sea fruto de los nervios y la novedad y que el nuevo Gobierno deje de dar tumbos y centre el tiro.