El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó lo que puede ser el principio del fin del panorama televisivo en España tal y como lo conocemos. De esta manera, se abre la puerta, según las palabras del propio Gobierno a "una modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual para dar a las Comunidades Autónomas libertad a la hora de decidir sobre el modo de gestionar el servicio público de televisión, apostando por una mayor eficiencia. El objeto de la modificación que se aborda en este Anteproyecto es, por tanto, permitir que las Comunidades Autónomas puedan decidir el modo de gestión del espectro radioeléctrico que les haya sido reservado o adjudicado o que se les reserve o adjudique".
Todos los medios coincidimos en que esta disposición abría la puerta a la posible privatización de la gestión de las televisiones autonómicas. El problema es que no está muy claro cómo se desarrollará esto. La privatización total parece muy poco probable que esté en los planes del Gobierno. Pero incluso en el tema de la gestión, existen varias posibilidades.
La primera opción es entregar la gestión del ente público a una empresa privada a cambio de un canon (es decir, el erario público pagaría a cambio de que le quitasen de encima el engorro de gestionar una tele, como hacen ahora algunas regiones con los hospitales). Esta posibilidad no tocaría los elementos esenciales del sistema: el coste recae en el contribuyente y el control es del político (ningún operador se enfrentará al Gobierno que le tiene que renovar la licencia cada año). La única ventaja es que seguramente el coste sería algo inferior.
La segunda opción es abrir una subasta pública y otorgar la tele al mejor postor por un número determinado de años (5-10-20, etc…). El pliego de la subasta podría incluir la obligación de incluir informativos regionales o programas de servicio público. Este sistema tendría dos beneficios: no habría coste para el contribuyente y el control político se reduciría. Pero precisamente por esta última razón es difícil que llegue a ponerse en marcha.
Los datos: un despilfarro difícil de defender
Las televisiones públicas están en el ojo del huracán desde hace unos años. Siempre han sido muy polémicas, puesto que han sido utilizadas por los políticos de uno y otro signo como meros instrumentos de propaganda y clientelismo. Pocos han sido los jefes de Gobierno que se han resistido a la tentación de aprovecharse de un medio de control tan popular.
En un momento de recortes del gasto público, es muy difícil defender un modelo de televisión como el actual. En el gráfico de debajo, puede verse el presupuesto, la deuda y el número de empleados (éste último dato a cierre de 2009) de los entes públicos. No sólo es elevadísimo en términos absolutos, sino que también supone un auténtico escándalo si se compara con las cifras de las televisiones privadas.
Los presupuestos de los chiringuitos autonómicos suman más de 1.450 millones de euros. Más del doble, por ejemplo, que las privadas, que tienen cobertura en toda España y unos productos de mucha más calidad. Por comparar: el Grupo Antena 3 tuvo unos gastos de unos 650 millones de euros en 2010 (incluyendo Europa FM, Onda Cero y otras empresas dedicadas a la publicidad o la producción de cine). Si sólo contamos las televisiones (Antena 3, Neox,…), el gasto fue de apenas 543 millones, casi la tercera parte que sus competidoras públicas regionales (lo de TVE, con sus 1.200 millones, es caso aparte).
Claro, con estos datos no es extraño que la deuda de los entes públicos se haya disparado. Destaca en este aspecto la deuda de la televisión valenciana y la de Telemadrid. Pero esto no es porque estas dos corporaciones sean especialmente gastonas. Simplemente, declaran la verdad. El resto de los entes ven periódicamente como el Gobierno regional de turno se come la deuda con cargo al presupuesto. Por ejemplo, como apunta Contando Estrelas, la Generalidad de Cataluña pagó más de 1.000 millones hace un par de años para limpiar de números rojos a su corporación.
Presupuesto y deuda de las televisiones públicas (en millones de euros)
Si escandaloso es el agujero presupuestario, no lo es menos la estructura clientelar que los políticos autonómicos han montado en sus televisiones. De esta manera, mientras Telecinco o Antena 3 se conforman con menos de 1.000 trabajadores, hay hasta cuatro televisiones autonómicas que superan esa cifra, ¡y TVE tiene más de 4.000! Los 13 entes regionales reflejados en el anterior cuadro suman más de 8.250 empleados.
Alguien podría pensar que, al menos en parte, estaría justificado todo este derroche si las televisiones públicas produjeran productos de gran calidad, que enamorasen a su audiencia. Pues no, tampoco. Sólo en Cataluña y Andalucía compiten los canales regionales con los privados por el liderazgo en la audiencia (aunque si a Telecinco se le suman el resto de sus canales hermanos, también en estas regiones superaría a los entes públicos). Vamos, que ni siquiera el descomunal presupuesto ni la extensísima nómina de trabajadores ha logrado que los espectadores valoren sus productos.
