Tiene narices que haya tenido que venir el presidente del Consejo Europeo, el belga Herman Van Rompuy, a tirar de las orejas al Gobierno español, como si todavía estuviera a su frente Zapatero, para que Rajoy se decida a desbloquear y acelerar la reforma laboral, en lugar de dejarla para después de las elecciones andaluzas como, según fuentes de toda solvencia del PP, era su intención para no hacer nada que pudiera poner en peligro el triunfo del PP en Andalucía. Pero Van Rompuy ha sido muy claro: "La reforma laboral no es una necesidad, es una emergencia", ha dicho. El mensaje no puede ser más claro. Rajoy pidió ayuda a la Unión Europea para estabilizar la prima de riesgo española y evitar una catástrofe económica y ahora la UE le dice que se deje de historias y se ponga a trabajar de una vez en las reformas pendientes porque, después de la rebaja de calificaciones de S&P las cosas no están para bromas. Y Rajoy ha reaccionado anunciando que la reforma estará lista en dos, tres o cuatro semanas. Parece mentira que Bruselas haya tenido que meter presión al Ejecutivo para que empiece a hacer no sólo aquello a lo que se comprometió el presidente durante la campaña electoral y, con posterioridad, su discurso de investidura, sino aquello que resulta del todo punto necesario para salir de la crisis. Yo creía que este ‘toque’ nos lo iban a dar en la Cumbre europea del próximo día 30, de forma más discreta, pero como las cosas están como están con los mercados, por lo visto ni siquiera se puede esperar dos semanas para hacerlo.
Según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, los ejes de la reforma serán cuatro: la empleabilidad, la estabilidad en el empleo, la formación a lo largo de toda la vida laboral y la flexibilidad interna de las empresas para que los ajustes que éstas tengan que hacer no supongan despidos. Todo esto suena muy bonito, pero me parece del todo punto insuficiente. En materia de empleabilidad, el Gobierno va a impulsar el papel de las empresas privadas de empleo. Eso está muy bien, pero para que una empresa privada pueda colocar a alguien antes tendrá que haber un puesto de trabajo y una empresa dispuesta a cubrirlo con la contratación de una persona, no con horas extras. Lo primero que hay que hacer, por tanto, es crear las condiciones para que dicha compañía contrate a una nueva persona, lo cual, tal y como está el patio de la economía española, dudo mucho que lo vaya a hacer si el coste del despido no se rebaja, al menos, a 20 días por año trabajado. Sin embargo, esto es algo que el Gobierno ha rechazado al negarse a aplicar el contrato de crisis propuesto por la CEOE e insistir en rescatar el contrato de fomento del empleo, con una indemnización de 33 días por año trabajado. Este contrató funcionó muy bien hace diez años porque la economía empezó a crecer por encima del 3%, pero ahora estamos en recesión y, después, probablemente en estancamiento. Por ello, el contrato de fomento del empleo no va a servir de nada en este caso, mientras que el de crisis sí puede funcionar. Lo mismo cabe decir respecto a la estabilidad en el empleo. Ésta no se produce por los altos costes del despido, por lo cual los empresarios acuden en masa a los contratos temporales. Luego, si queremos empleo estable, tendrá que reducirse dicho coste.
En cuanto a la formación, ésta es necesaria para que todos aquellos parados del sector de la construcción, como del resto, puedan adquirir otras cualificaciones que les permitan trabajar en otros sectores. Pero la formación, por sí sola, no es la panacea para resolver los problemas de paro de este país porque, por muy formados que estén los desempleados, si no hay puestos de trabajo y si no se reduce el coste del despido, va a ser muy difícil poder volver a emplear a muchos de ellos. Por último, se habla de flexibilidad interna de las empresas para que éstas no tengan que ajustarse vía despidos. La única forma de poder hacerlo es mediante los recortes salariales y los convenios de empresa. No hay otra alternativa, ni siquiera la moderación salarial. La pregunta es si el Gobierno estará dispuesto a llegar tan lejos.
En resumen, esa reforma en la que trabaja el Gobierno sólo funcionará bajo dos premisas. Una de ellas, de la que el Ejecutivo no quiere hablar, es la rebaja sustancial del coste del despido. La otra es mediante el recorte de los impuestos a las empresas y a los autónomos, pero ¿cómo va a hacer esto un Gobierno que acaba de subir el IRPF y el IBI y no ha metido un drástico recorte al gasto público en todos los niveles de la Administración? Viendo los planes del Gabinete me viene a la memoria aquello que escribió Giuseppe Tomasso di Lampedussa respecto a la situación italiana en su maravillosa novela El gatopardo: todo cambia para que nada cambie. Pues esta reforma laboral, si no es más ambiciosa, puede acabar siendo la ‘reforma gatopardo’.