El Gobierno se ha comprometido "a no dejar caer a ninguna administración pública". Más de una región ya ha anunciado que no podrá hacer frente a sus vencimientos de deuda en 2012, lo que obligará a al Estado a intervenir para evitar que ninguna comunidad autónoma entre en suspensión de pagos.
Como ya avanzó Libre Mercado, el Gobierno no solo acudirá al rescate de cualquier autonomía con problemas, también lo hará en el caso de los ayuntamientos a través de avales u otros mecanismos financieros. La primera región rescatada ha sido la Comunidad Valenciana, cuando a principios de enero no fue capaz de devolver un crédito de 123 millones de euros.
Fuentes del Gobierno afirman que estos avales ya están encima de la mesa del Ejecutivo aunque, según informa el diario Expansión, aún no hay nada cerrado. Pero parece ser que Montoro no estará dispuesto socorrer a las regiones que no cumplan los plazos si no se llevan a cabo medidas correctoras. Por tanto, en principio, será el propio Gobierno el encargado de controlar el déficit de las autonomías de la misma manera que Bruselas vigila los Presupuestos de España.
La nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es una de las herramientas que contribuirá a la vigilancia de las cuentas autonómicas, y antes que aplicar sanciones a los incumplidores, Hacienda confía más en la obligación de presentar cuentas en términos de contabilidad nacional, la forma más apropiada de conocer el estado real de los balances autonómicos ya que este mecanismo ayudará al Gobierno a exigir recortes concretos en el caso de que la evolución de las medidas no sea la correcta.