La Junta va a ‘librar de la piqueta’ 9 de cada 10 casas ilegalmente construidas en Andalucía. La decisión de Griñán hace que el esfuerzo de respetar la legalidad que hacen millones de ciudadanos andaluces sea equivalente al esfuerzo de quebrantarla que realiza una minoría, que ahora ve que no cumplir la ley es bien rentable.
El 90 por ciento de las viviendas construidas en Andalucía en suelos no urbanizables podrán regularizarse a través de las distintas fórmulas y sólo un 10 por ciento de las alrededor de las 250.000 edificaciones que están al margen de la legislación corren el riesgo de ser derribadas.
Si escandalosa es la situación jurídica creada, más escandalosa aún es la explicación aportada por la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, que dice que el objetivo del Decreto del gobierno Griñán es adaptar la "realidad física a la jurídica" así como "acotar un fenómeno del pasado", que es como califica al urbanismo descontrolado y consentido por la Junta hace muchos años.
En Andalucía, hay alrededor de 250.000 viviendas ilegales de uso residencial que no pueden ser demolidas ahora -porque ha prescrito el delito urbanístico- pero que tampoco podían ser legalizadas.
La consejera ha dicho que no se trata de una regularización indiscriminada ni de una "ley de punto final". Según ella y con el censo realizado en la mano, "de cada diez viviendas una se puede legalizar directamente, ocho podrán ver reconocida su situación y se les dotará de servicios básicos, pues no se pueden demoler porque el posible delito ha prescrito, pero tampoco se legalizarán; y una de cada diez viviendas sería demolida y no se podría legalizar". Estas últimas son las que se encuentran en suelos de especial protección y/o en zonas inundables.