En su entrevista con la agencia EFE, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que las autonomías tienen que apretarse el cinturón y que no pueden gastar lo que no tienen. En principio, esas palabras podrían sonar bien en el sentido de que manifiestan la intención de Rajoy de que las comunidades autónomas asuman la cuota que les corresponde en la reducción del déficit público y de que no se vuelva a repetir una situación como la actual. Eso tendrá que ser así, les guste o no a determinados líderes autonómicos, no sólo porque la reducción del desequilibrio en las cuentas públicas es uno de los elementos básicos para poder salir de esta crisis, sino también porque lo exige la Unión Europea como parte de las medidas adoptadas a nivel comunitario para que no se vuelva a repetir una crisis del euro como la actual. Todo ello, como digo, está muy bien. Por desgracia, no incide en la verdadera raíz del problema, que es el modelo, o la falta del mismo, del Estado de las autonomías.
Siguiendo los principios que ha manifestado Rajoy, las autonomías pueden reducir su gasto y equilibrar sus cuentas, pero nada impide que, una vez que pase la crisis, aprovechen cualquier incremento de la recaudación tributaria para echar más leña al fuego del gasto público, como han venido haciendo hasta ahora sin apenas justificación alguna. De hecho, a lo que se han dedicado los distintos presidentes autonómicos ha sido a replicar, a escala regional, el modelo de Estado nacional. Todos quieren todas las competencias del Estado, incluso las que son propias y exclusivas de éste, como la representación exterior, el orden público o la justicia. Ese, sin embargo, no es un modelo de Estado sino de desconstrucción del mismo, que es lo que persiguen los nacionalistas. Y los demás les hacen el juego porque dicen que si Cataluña o el País Vasco tienen esto o aquello, ellos también lo quieren, y así hemos llegado a la locura a la que hemos llegado, con las embajadas catalanas abiertas mientras en esa región no hay dinero para la sanidad, o con universidades en todas y cada una de las autonomías españolas cuando, por razones demográficas, está descendiendo el número de personas en edad de estudiar y sobran plazas en las mismas.
Lo que tendría que hacer Rajoy, por tanto, y aprovechando que el PP tiene en estos momentos un poder como no lo ha tenido otro partido en la historia de nuestra joven democracia, es abordar una reforma radical del modelo para instaurar otro basado en los principios del federalismo fiscal, esto es, definiendo explícitamente las competencias del Estado y de las autonomías, sin que éstas puedan asumir las que no les corresponden, y dotando a cada nivel de las figuras tributarias necesarias para financiar el ejercicio de dichas competencias. Sólo así se conseguirá parar esta tendencia española de crecimiento constante del sector público y de duplicidades entre administraciones porque, una vez definidas las competencias de cada cual, nadie podrá reivindicar lo que no le corresponde. Y, a partir de ahí, quien quiera gastar más, tendrá que subir los impuestos y, con ello, dar cuentas a los ciudadanos de su gestión, cosa que hasta ahora no ha sucedido con las autonomías porque éstas siempre pedían que el Estado les sacase las castañas del fuego. Si Rajoy no emprende una reforma del modelo de Estado en esta dirección, en el futuro volverán a repetirse los errores del pasado reciente. Sólo un cambio de modelo puede evitarlo.