El nuevo plan antifraude amenaza con intensificar la fuga de capitales

A François de Rochefoucauld (1613-1680) se le atribuye la siguiente frase: "Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe y saber lo que no debiera saberse". El equipo de Mariano Rajoy parece poseer los tres tipos a la vez, en vista de las decisiones en materia fiscal adoptadas hasta el momento.

En el último Consejo de Ministros de 2011, el Gobierno lanzó un refrito de Decreto Ley, cuya medida estrella consistió en aprobar un rejonazo a los contribuyentes por la vía del IRPF, una medida contraproducente donde las haya y que redunda en agravar la ya de por sí crítica situación de tesorería de los trabajadores, lastrando de forma sustancial la capacidad de repago del muy endeudado sector privado, y lo que es más importante, creando un entorno de desconfianza que redundará en menor consumo e inversión.

Y esto nos lleva al Consejo de la semana pasada, donde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, salió sola al ruedo para presentar un plan de lucha contra el fraude fiscal con el que el Gobierno pretende recaudar nada menos que 8.000 millones. El problema aquí es que las distintas medidas que se barajan amenazan con provocar graves problemas añadidos:

1. Tocar la fiscalidad de las SICAV supone un recurso demagógico fácil, entre otras cosas porque la mayoría de los españoles no tienen ni idea de qué son, cómo funcionan y para qué sirven las Sociedades de Inversión de Capital Variable, aunque a la mayoría le suenan a cosas de ricos y que tributan al 1%, de modo que se tira del deporte favorito en España, que no es el fútbol sino la envidia.

Las SICAV suponen un vehículo fundamental de inversión y de base de capital en nuestro país. A través de ellas se acometen proyectos de inversión profesionales de gran volumen por parte de los grandes patrimonios. Un ejemplo del efecto de tocar la fiscalidad de las SICAV lo tenemos en el País Vasco, donde han salido como alma que lleva el diablo tras cambiarle la tributación del 1% al 28%, dejando este mercado de inversión totalmente seco.

2. Tampoco es casualidad que la Comunidad de Madrid sea la que posea el mayor pulmón financiero de España, ya que en ella se concentra más del 80% de las SICAV radicadas en nuestro país. Dichas sociedades controlan de manera directa e indirecta miles de millones de euros en recursos, que capilarizan en modo de inversión a todos los sectores productivos, redundando en actividad empresarial y empleo. Otra actividad es la inversión en renta variable y fija, vehiculizando la inversión de los grandes patrimonios en estos mercados.

3. El problema de planificar una reforma fiscal consultando tan sólo a funcionarios (como los técnicos de Hacienda) es que apenas se ve una cara de la moneda (la recaudatoria) y no la otra (la competencia fiscal entre países). Los países compiten fiscalmente entre ellos, tratando de ofrecer facilidades al capital para invertir, obteniendo a cambio empleo e ingresos tributarios.

Si un país opta por cambiar radicalmente el entorno fiscal y jurídico, los capitales sencillamente abandonan ese país en busca de otros donde se le ofrezcan mejores condiciones y seguridad a largo plazo para sus negocios. De España ya están saliendo en la actualidad miles de millones de euros, derivados de las malas perspectivas económicas, la inseguridad jurídica, la corrupción galopante, las barreras regulatorias y la incompetencia de las Administraciones. Estos nuevos cambios fiscales, de llegar a materializarse en los términos que baraja el Gobierno, acabarán acelerando todavía más la fuga de capitales hacia el extranjero.

4. Modificar la tributación de las rentas más altas y de los grandes patrimonios tiene desagradables consecuencias, tal y como experimentaron los franceses cuando crearon un impuesto específico sobre las grandes fortunas en los años 80, con el socialista Mitterrand al frente de la República. Esta medida tributaria trajo como resultado una fuga masiva de capitales. Ahora, el presidente Sarkozy ha reeditado una tasa similar, que conllevará consecuencias similares.

5. Y es que, las grandes fortunas poseen el asesoramiento, los medios y los recursos necesarios para operar a nivel global. Si el entorno español no les resulta atractivo, se marcharán a otros países donde los recibirán con los brazos abiertos, y no hay nada que el Gobierno o Hacienda puedan hacer para impedirlo. Por algo los mejores fiscalistas están en el sector privado, donde se gana fácilmente el triple que como funcionario. En cuanto salga el borrador de modificaciones todos los despachos se pondrán a estudiarlo, preparando los canales de elusión fiscal más adecuados para sus acaudalados clientes. La industria de inversión le lleva un mínimo de 9 meses de ventaja a los mejores supervisores públicos del mundo, y unos 2 años a los menos avanzados, como es el caso de los españoles.

6. La consecuencia para la economía española se traducirá en mayor escasez de capital para invertir, cancelación de proyectos empresariales y de inversión, más paro, más pobreza y menores ingresos fiscales, justo lo contrario de lo que pretende conseguir el PP con su plan antifraude.

Autoridad moral y ejemplo

Como conclusión, la lucha contra el fraude fiscal comienza por algo muy sencillo: autoridad moral y ejemplo. Nadie con dos dedos de frente está dispuesto a pagar impuestos de buena gana, viendo que el dinero que duramente se ha ganado acaba tirado en mariscadas de sindicalistas, berlinas de lujo para alcaldes, facturas telefónicas de llamadas a 806 de concejales, maletines en gasolineras de la A-6 en Guitiriz, trajes de figurín…

Tampoco ayuda el que los ciudadanos vean cómo los patrimonios de los cargos públicos aumentan de modo exponencial e inexplicable, que los cargos implicados en corrupción sigas en sus puestos o que los grandes defraudadores salgan riéndose por la puerta del juzgado gracias a múltiples argucias legales. Un país donde la corrupción y la inseguridad jurídica son práctica generalizada no puede aspirar a tener un marco tributario estable y sólido.

La autoridad moral se obtiene con una gestión eficaz y responsable de los recursos públicos. El ejemplo cunde cuando el defraudador y el delincuente, sea éste quien sea, recibe su correspondiente castigo. Por desgracia, ninguna de las dos condiciones se cumple hoy en día en España, donde impera la Ley del embudo.  

Hay dos maneras de recaudar impuestos: creando un entorno fiscal sencillo y favorable que redunde en gran actividad económica (y, por ello, elevados ingresos); o ponerse en modo Sheriff de Nottingham, sableando al contribuyente. El equipo de Rajoy parece haber optado por esta segunda opción, tratando de incrementar el capítulo de ingresos como sea en lugar de reducir de forma drástica el gasto público.

Por último, a modo de sugerencia, los inspectores de Hacienda bien podrían empezar a luchar contra el fraude fiscal en las mismas sedes de los partidos, o bien investigar los inexplicables incrementos patrimoniales de políticos y altos funcionarios de la Administración Pública. Por el contrario, optarán por retos más ambiciosos, como comprobar los contadores de la luz para cazar alquileres no declarados o revisar estrictamente al chapucillas que malvive en la economía sumergida. A fin de cuentas, ya se sabe el lema de la Administración: fuerte con el débil, débil con el fuerte.