El Gobierno da pasos acertados para controlar el déficit público poniendo el acento en la lucha contra el fraude fiscal y también en la limitación del número de empresas, fundaciones y consorcios públicos.
El presidente Rajoy parece haber encontrado un filón importante para reducir el déficit público en la lucha contra el fraude fiscal. Según los distintos estudios, con más del 20% de la economía en negro, se estima que se pierden todos los años unos 70.000 millones de euros en recaudación potencial. Precisamente por ello, resulta algo magro el objetivo marcado por el ejecutivo de tan solo 8.000 millones euros. Por otro lado, mejor que por el lado de la prohibición (de comprar en efectivo más allá de una cierta cantidad), coacción y el reforzamiento de la inspección fiscal, que también es necesario, podrían resultar atractivos los incentivos. Formar parte de la economía negra impone unos costes y limitaciones importantes a cualquier empresa. Les resulta casi imposible relacionarse con la economía formal y para una empresa creciente esto supone costes progresivamente mayores. Me hubiera gustado haber escuchado que el Gobierno contempla fomentar la creación de nuevas empresas con importantes relajaciones en la base impositiva e incluso en el pago de la seguridad social, digamos durante los primeros dos años de la nueva empresa. Seguro que esta medida afloraría empresas en la economía B. Además sería más en consonancia con la filosofía liberal del Partido Popular.
El querer controlar el número de empresas públicas, fundaciones y consorcios es igualmente un bueno paso para el Gobierno. No obstante, todavía no se ha concretado nada, ni para las empresas de la Administración Central ni mucho menos para las de las CCAA y de las Entidades Locales. Quedamos pues a la espera de si se queda en un recorte del número de entidades o auténticamente en una reducción de transferencias públicas para un control presupuestario efectivo.
De mayor interés resultan las declaraciones del ministro De Guindos sobre la necesidad de instituir un control previo para los presupuestos de las CCAA. Es absolutamente lógico, de acuerdo con la filosofía reinante en Europa, y del todo deseable que así se haga para racionalizar y controlar el despilfarro autonómico.