La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha adelantado que el Gobierno aprobará en breve un nuevo Plan General de Control Tributario para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. En concreto, operará en tres ámbitos: la intensificación en la lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.
Estas grandes líneas, sin embargo, tomarán forma mediante la aprobación de medidas concretas por la vía del Real-Decreto. Más allá de aumentar las inspecciones tributarias y laborales y mejorar la gestión y supervisión fiscal de la Agencia Tributaria, el Gobierno plantea, entre otras cosas, limitar los pagos en efectivo, estrechar la vigilancia sobre los paraísos fiscales, así como introducir ciertas modificaciones de relieve tanto en las sociedades patrimoniales como en las Sicav (sociedades de inversión colectiva).
El Ejecutivo pretende intensificar así la lucha contra la evasión de impuestos y el mercado negro. Pese a ello, lo paradójico del plan anunciado es que imita en ciertos aspectos el plan antifraude de IU, tal y como recoge en su programa electoral de cara a las elecciones del 20-N.
Hasta tal punto esto es así que el secretario federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, admite en un comunicado que el plan del PP "va en la línea de las propuestas realizadas por IU", si bien cree que se queda "corto" cuantificando los objetivos de recaudación. Efectivamente, algunas de las medidas concretas que baraja el Ejecutivo son muy similares a las defendidas por los comunistas.
Propuestas del Partido Popular:
- El Gobierno espera recaudar con este plan 8.171 millones de euros en 2012.
- Limitará el uso de efectivo en determinadas transacciones, especialmente las realizadas con billetes de alta denominación (200 euros y 500 euros). Esta medida será similar a la aprobada por Italia, que prohibió el pago en efectivo por encima de 1.000 euros.
- Estudia que las sociedades patrimoniales cuyo fin no sea gestionar un patrimonio inmobiliario tributen por IRPF, cuyo tipo máximo es el 52%.
- Para ello, limitará "el uso abusivo de determinados aspectos de la normativa del Impuesto sobre Sociedades"; pondrá coto a la evasión mediante sociedades en el extranjero e intensificará la inspección sobre las operaciones intragrupo entre familiares.
- Reforma de las Sicav (instituciones de inversión colectiva): sin tocar su tributación del 1%, estudia establecer un porcentaje máximo de participación en una sicav de entre el 2% y el 5% del capital social (hoy una sola persona puede llegar a concentrar el 99%), también podría fijar un límite temporal máximo a partir del cual hacer tributar las plusvalías devengadas cuando no se reembolse la participación.
- Se reforzarán la coordinación con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social; se explotará por primera vez la información obtenida de nuevas declaraciones informativas, como el consumo de energía eléctrica y terminales de tarjetas de crédito.
- Considera "prioritarias las actuaciones que contribuyan al cerco y erradicación de los paraísos fiscales".
- Introducirá "mejoras en la exigencia de responsabilidades tributarias, en la adopción de medidas cautelares y en el sistema sancionador".
En cuanto a limitar el pago en efectivo, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraron este jueves en 1.000 euros el importe óptimo que estudia implantar el Gobierno para aflorar dinero negro, ya que de este modo "podría obtenerse una recaudación adicional de casi 26.000 millones de euros anuales".
En el siguiente cuadro, este organismo estima la recaudación extra que supondrá para las arcas públicas la aplicación del plan antifraude del PP en las distintas CCAA, y añade una columna en la que señala lo que se recaudaría en caso de imponer de forma firme y efectiva la prohibición de pagos en metálico superiores a 1.000 euros.
Cifras en millones de euros
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
Propuestas de Izquierda Unida:
- Su plan antifraude tiene por objetivo recaudar 9.900 millones al año.
- Apoya expresamente la limitación de los pagos en efectivo; propone eliminar el billete de 500 euros.
- Modificar la legislación relativa a las Sicav, estableciendo como límite máximo de participación el 2% del capital para un solo poseedor y elevación al 5% del tipo de su tributación por Impuesto de Sociedades.
- Establecer como excepción al principio de libertad de los movimientos de capitales los que se dirijan hacia los paraísos fiscales; controlar e identificar a los verdaderos titulares de esos movimientos de capitales; establecer un impuesto especial sobre los movimientos de capitales hacia paraísos fiscales; obligar a los bancos a informar a Hacienda de las operaciones de sus filiales o sucursales en paraísos fiscales.
- Endurecer las penas y sanciones de los delitos tributarios.
Curiosamente, el pasado octubre, a un mes del 20-N, IU proponía subir el IRPF hasta un tipo máximo del 50% y limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo. El Gobierno popular ya ha adoptado la primera medida (situando el tipo máximo del IRPF en el 52%) y este jueves acaba de anunciar que limitará las transacciones en efectivo, aunque todavía no ha especificado ninguna cuantía.