En el último artículo que publiqué en Libertad Digital aplaudía que Rajoy dijera en el debate de investidura que no tiraría de subidas de impuestos para tapar el agujero negro del déficit público. Parecía una esperanzadora señal de que el nuevo Gobierno entendía los problemas estructurales de la economía española. Pues bien, nuestro recién estrenado Ejecutivo no ha tardado ni tres días en demostrar que aquella esperanza era infundada. Tampoco se trata de una sorpresa. Ya admitió Rajoy que el PP no era un partido liberal cuando invitó a "irse al partido liberal o al conservador" a quienes discreparan con él. Bajo su mando no debemos esperar una defensa férrea de los valores liberales, y sí cambios de principios al puro estilo Groucho Marx cuando sus intereses lo requieran. El objetivo, ya se sabe, no es otro que ser un poco mejor que el PSOE. Y el listón está en el suelo. No es sorprendente, por tanto, que, aunque Rajoy dijera que sacaría la motosierra del gasto público para atajar el desastre presupuestario, al final terminara pasando la gorra. Para qué recortar el gasto si se puede obligar a los ahogados ciudadanos a pagar los dispendios de los políticos.
El ajuste hay que hacerlo, no cabe duda. Sólo los keynesianos más fanáticos opinan que para salir de esta crisis hay que seguir disparando el gasto público. Tan sólo para cumplir con los requisitos de Bruselas, que no son cifras para salir de la crisis sino para poder contar con un rescate europeo, hay que reducir el déficit al 4,4% en un año. Si el déficit de 2011 fuera el máximo permitido por Europa, el 6%, el ajuste tendría que ser de 16.500 millones de euros. Pero el Gobierno, tras una valoración rápida del estado de las cuentas, estima que la cifra real estará en el entorno del 8%. Éste es el doloroso legado, el regalo envenenado que deja Zapatero a los españoles. El ajuste para 2012, por tanto, tendrá que ser como mínimo de 36.500 millones.
Donde patina el actual Gobierno no es en empezar a acometer el ajuste. De hecho, las medidas de recorte de gasto público anunciadas el penúltimo día del año son valientes e importantes. Eran necesarias y están bien hechas. Lo malo es que esta reducción del gasto sólo cubre 9.000 millones, un 60% del ajuste anunciado. El 40% restante se pagará con subidas de impuestos. Rajoy mete un rejonazo de más de 6.000 millones a unas clases medias completamente ahogadas, subiendo de forma histórica los impuestos al trabajo, al ahorro y a la vivienda. La excusa del Gobierno para explicar por qué incumple su palabra es decir que evita una nueva crisis de deuda que hubiera estallado si se hubiera anunciado que el déficit real es 20.000 millones mayor y no se hubieran anunciado medidas que pusieran dinero urgente sobre la mesa.
Da la sensación de que no se ha terminado de entender la naturaleza de esta crisis económica. O que no hay interés por resolverla. No estamos hablando de un simple desajuste de cuentas. Lo que sucede es que el Estado ha crecido al calor de los artificiales ingresos de la burbuja hasta alcanzar un tamaño insoportable. Ahora que se pone de manifiesto que esos ingresos no volverán, ese gigantesco Estado tiene que reducirse a unos niveles sostenibles. Y eso es justo lo contrario a subir los impuestos drenando la escasa renta de los españoles para cubrir los dispendios de un Estado descontrolado. Hacer que unos españoles que no llegan a fin de mes entreguen a los políticos más del 50% de lo que producen no sólo es posponer el momento de la salida de la crisis de una forma insostenible y ruinosa. Además es inmoral. Es una cornada a traición.