Una vez conocido el paquete de medidas de ajuste presupuestario que aprobó el Gobierno el pasado viernes, la pregunta surge de forma inmediata: ¿qué va a hacer el Partido Popular para crear empleo? Al escuchar a Rajoy durante la campaña electoral, o en su discurso de investidura, uno podía pensar que el grueso de medidas para generar puestos de trabajo se iba a centrar tanto en la reforma laboral como en el ámbito fiscal. Ahí estaban, por ejemplo, las propuestas para bajar los impuestos a los autónomos, especialmente si contrataban personal, y a las pequeñas y medianas empresas. Ahora, sin embargo, todo eso se ha ido al garete debido a la estrategia de ajuste fiscal que ha diseñado el Gobierno. Con la subida drástica del IRPF se acaba con cualquier posibilidad, al menos en los dos próximos años, de poder aplicar rebajas fiscales a los autónomos o a quienes opten por trabajar por cuenta propia para poder salir del paro. Si se hubiera optado por subir el IVA y los impuestos especiales, dicha posibilidad seguiría abierta. Con tanto énfasis en recaudar más por la vía de los impuestos y con mucho menos entusiasmo a la hora de recortar todo el gasto público que se puede eliminar en este país, la rebaja de la tributación de las pymes se antoja igualmente imposible, al menos de aquí a dos años, y eso en un país en el que el 97,5% de las empresas tienen menos de veinte empleados. En consecuencia, ya podemos ir olvidándonos de todo aquello que dijo Rajoy en relación con una fiscalidad favorable a los emprendedores, a las empresas y a la generación de puestos de trabajo.
Así las cosas, si el Gobierno quiere empezar a generar empleo pronto no tendrá más remedio que actuar desde la perspectiva de la reforma del trabajo. En este terreno, sin embargo, el Ejecutivo también parece mostrarse poco ambicioso. Es verdad que ha congelado el salario mínimo interprofesional, pero con eso no basta. En su momento, Rajoy habló de reformar la negociación colectiva para que prime el convenio de empresa sobre cualquier otro, con el fin de que la negociación colectiva se adapte a la realidad de todas y cada una de las empresas que operan en España. Pero ahora resulta que en el Ministerio de Empleo suavizan dicha medida, y aunque el nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que se va a poner mucho énfasis en esa cuestión, no sé hasta qué punto uno se lo puede creer, porque las dos veces que ha hablado ha salido a continuación algún que otro ministro, sobre todo Cristóbal Montoro, el de Hacienda, a desmentirle o a matizar sus palabras. Por tanto, en estos momentos uno no sabe a qué atenerse respecto a la reforma de la negociación colectiva.
Ese no es el único cambio que hay que hacer. Dadas las actuales circunstancias económicas, y teniendo en cuenta la naturaleza de las medidas fiscales aprobadas, el Ejecutivo tendría que promover un nuevo contrato de fomento del empleo que incluya una indemnización por despido de veinte días por año trabajado, con el fin de estimular la contratación, además de acabar con algunas medidas aprobadas por los socialistas de Zapatero que van en contra del empleo, como el nuevo decreto sobre los empleados domésticos. Sin embargo, desde el PP ya dicen que el coste del despido no se va a tocar o, al menos, no con la intensidad que se necesita. Eso, para una economía como la nuestra, con tan fuerte predominio de la pequeña y mediana empresa, es un error, porque la pyme no va a contratar si el coste del despido sigue siendo tan alto, simple y llanamente porque no puede pagar esas indemnizaciones.
Visto lo visto, ¿cuál es la política de empleo del PP? En estos momentos, yo la desconozco.