El pasado sábado, 31 de diciembre, expiraba la prórroga extraordinaria concedida por el anterior Ejecutivo socialista a bancos y promotores para evitar que los solares urbanizables se empezasen a valorar a precios de suelo rústico. La aplicación de esta medida implicaría de golpe una depreciación próxima al 90% en estos activos, según los expertos del sector inmobiliario, provocando con ello un gran boquete en los balances de estas empresas.
Efectivamente, la Ley del Suelo, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llegó en el peor momento posible ya que, entre otras muchas medidas intervencionistas, imponía la desaparición del suelo catalogado hasta entonces como "urbanizable", estableciendo tan sólo dos categorías posibles: el suelo "urbanizado" y el "rural".
De este modo, la Ley establecía que los promotores disponían de un máximo de 3 años para comenzar a construir en los suelos urbanizables que contaran con plan de ordenación urbanística, y así convertirse en urbanos. Pasado este plazo, el terreno pasaría a estar calificado como "rural", con lo que su valor, simplemente, se desplomaría. El problema es que un enorme volumen de terrenos se encuentra en esta situación desde finales de 2006, tras el hundimiento y consiguiente parálisis del sector inmobiliario español.
Poco antes de que esta particular cláusula entrara en vigor (30 de julio de 2010), y dado el grave perjuicio que ocasionaría a bancos y promotores, la ex ministra de Economía, Elena Salgado, introdujo una prórroga para evitar que el suelo urbanizable empezase a cotizar a precio de rústico, es decir, según el valor del cultivo potencial que pueda albergar el terreno y no en función de las expectativas urbanísticas (uso potencial del mismo). Así, el Real Decreto-Ley 6/2010, del 9 de abril, modificó el artículo 2 de la Disposición transitoria tercera de la Ley del Suelo, retrasando estos nuevos criterios de valoración hasta el 31 de diciembre de 2011. Con esta prórroga, el Gobierno otorgaba algo de aire al sector promotor y bancario, evitando el reconocimiento de pérdidas añadidas.
El nuevo régimen de valoración, cuyo reglamento se aprobó el pasado noviembre, debía haber entrado en vigor este lunes, con la llegada de 2012. Sin embargo, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy ha salvado, nuevamente in extremis, a bancos y promotores. El Real Decreto de medidas económicas urgentes aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes establece una nueva prórroga extraordinaria, impidiendo que el suelo urbanizable se convierta en rural.
Se modifica el apartado 2 de la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, con la finalidad de ampliar hasta cinco años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, el plazo transitorio para que las valoraciones de los terrenos que formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se efectúen conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo. El plazo transitorio inicial fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2011 por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, por lo que está cerca de extinguirse.
Es decir, estos activos se podrán seguir valorando en términos contables como suelo urbanizable hasta julio de 2012. Esta medida supone un alivio para el sector promotor y bancario, al no tener que reconocer las grandes pérdidas que implicaría el cambio de régimen. Y es que, una depreciación del 90% en esos activos supondría la quiebra automática de más empresas inmobiliarias y un agujero milmillonario en los balances de un ya deteriorado sector financiero.