El primer plan de ajuste económico del Gobierno Rajoy ha sido una sorpresa en el sentido de que ha incluido muchas más medidas de las que se habían avanzado en los últimos días debido a que la situación presupuestaria que ha dejado tras de sí Zapatero es, como muchos preveíamos, mucho peor de lo que decía ZP. Con un déficit del 8% del PIB, frente al objetivo del 6%, al nuevo Ejecutivo no le quedaba más remedio que coger el toro por los cuernos desde el primer día y hacer no sólo lo que tenía previsto llevar a cabo, sino también lo que no hicieron hace un año los socialistas. En este sentido, cabe valorar de forma positiva el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros ya que, de haber actuado de otra manera, probablemente hubiéramos empezado enseguida a sufrir problemas con los mercados.
Desde esta perspectiva, el paquete de medidas es valiente en tanto en cuanto incluye decisiones tan impopulares como la subida del IRPF y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o la congelación del sueldo de los funcionarios. Es valiente también porque, por primera vez, hace partícipes del ajuste tanto a los partidos políticos como a los sindicatos y la patronal, a quienes se recorta en un 20% las ayudas del Estado. Y es valiente porque empieza a desmontar algunas políticas de naturaleza ideológica, como la renta de emancipación, que este país no se puede permitir en estos momentos. En conjunto, por tanto, las decisiones que se han tomado son lógicas y se corresponden con la difícil situación económica y fiscal por la que atraviesa nuestro país.
El problema es la filosofía de corte socialdemócrata que inspira algunas de las medidas. Por ejemplo, en materia impositiva se ha optado por el principio de que pague el que más tiene, como si con este guiño a la izquierda se quisiera compensar la impopularidad de otras medidas como la reducción de las subvenciones a los sindicatos, la congelación del salario mínimo interprofesional o la desaparición de la renta de emancipación. Si, dada la situación presupuestaria que se ha encontrado el Gobierno, no había más remedio que subir los impuestos, creo que hubiera sido más lógico y más efectivo volver a incrementar el IVA porque es un impuesto neutro en términos de costes laborales y porque las empresas probablemente hubieran internalizado en todo o en parte la subida, forzando con ello una moderación salarial necesaria para salir de la crisis que, hoy por hoy, brilla por su ausencia.
Además, creo que, ya puestos a recortar, el tijeretazo al gasto público debería haber sido más ambicioso, con el fin de que, paralelamente, se pudieran empezar a aprobar las medidas fiscales en favor de los emprendedores y de la creación de empleo que prometió Rajoy en su programa electoral y en su discurso de investidura. La subida del IRPF, desde luego, va en contra de este espíritu, por muy extraordinario y temporal que sea el carácter de esta medida, cuando lo que se necesita para salir de la crisis y cerrar definitivamente el déficit es generar puestos de trabajo.
Al mismo tiempo, creo que el Gobierno debería haber presentado un calendario de otras medidas y reformas económicas que se necesitan para enderezar la situación, por ejemplo, en todo lo referente al mercado de trabajo, al sector de la energía o al sistema financiero. Sin embargo, mucho me temo que, en materia de política económica, no vamos a ver muchas cosas más, con la excepción de la ley de estabilidad financiera, hasta que pasen las elecciones andaluzas. ¿No habrá, hasta entonces, reforma laboral, por poner sólo un ejemplo? Ese es el problema. Nos hemos pasado buena parte de 2011 escuchando al PP repetir una y otra vez su mantra de que hacía falta adelantar las elecciones para tomar medidas de forma inmediata. El Gobierno acaba de hacerlo, pero no de forma completa, y no creo que se deba esperar mucho más tiempo para actuar teniendo en cuenta que hay miles de empresas que siguen jugándose su supervivencia y cientos de miles de puestos de trabajo que están en el aire, por no hablar de las posibilidades de empleo de quien carece de él en estos momentos. En consecuencia, creo que deben primar las necesidades económicas sobre los tiempos y estrategias políticas.
En resumen, las medidas aprobadas por el Ejecutivo van en la buena dirección pero algunas de ellas son equivocadas en cuanto a su filosofía y deben complementarse cuanto antes con otras decisiones del mismo o mayor calado.