El primer reto para De Guindos: acabar con los 'asesinos silenciosos' de la economía española

El Gobierno presentará este viernes la primera batería de medidas para liberalizar y flexibilizar la economía española.

Este viernes, el Gobierno aprobará su esperadísimo primer paquete de medidas económicas. Desde el PP se ha vendido como el Plan de Choque con el que Mariano Rajoy quiere devolver a la economía española a la senda del crecimiento. Y aunque se ha especulado mucho sobre su contenido, no se han filtrado qué medidas concretas se pondrán sobre la mesa.

En su discurso de investidura, el presidente ya avanzó las líneas maestras de su política económica. Casi todos los titulares se los han llevado tres grandes reformas: laboral, del sector financiero y de ahorro en el sector público. Sin embargo, Rajoy ya anunció que en estos campos los plazos se dilatarían entre tres y seis meses. Por ejemplo, en el tema del recorte del gasto, para el viernes se prevé un acuerdo de no disposición que limite a todas las administraciones en el primer trimestre del año, pero el ajuste definitivo no se conocerá hasta que en marzo se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

Mientras tanto, han pasado mucho más desapercibidas otras promesas del Gobierno que podrían tener tanto o más impacto en el futuro a medio plazo de la economía española. Son cuestiones menos polémicas que, por ejemplo, un cambio en la legislación laboral, y acapararán muchos menos titulares. Podríamos decir que son las reformas silenciosas de Luis de Guindos, con las que acabar con esos discretos asesinos que van día a día minando la capacidad de crecimiento de un país.

Competitividad

La primera pista de sus intenciones la ofreció Mariano Rajoy el mismo día de la formación de su Gobierno. Al Ministerio de Economía se le sumaba un añadido nuevo: "Competitividad". Incluso los nombres de las dos nuevas secretarías de Estado –Comercio e I+D+i- dejaban claro por dónde quiere transitar el equipo de Luis de Guindos. Luego, los nombramientos del nuevo ministro, confirmaban estas sensaciones, especialmente con el encargo a Jaime García-Legaz de la secretaría de Estado de Comercio.

Desde hace años, todos los expertos coinciden en que la economía española tiene un gravísimo problema de falta de competitividad. Esas grandes reformas pendientes que citábamos antes tienen que ver en el problema (la rigidez del mercado laboral es clave, sin ninguna duda), pero también hay cuestiones más pequeñas, que afectan día a día a las empresas y les imponen costes, trabas y barreras.

Desde Libre Mercado, hemos denunciado en numerosas ocasiones la posición de España en los diferentes índices de libertad económica y en las clasificaciones sobre facilidades para hacer negocios. Nuestro país ocupa en muchos de estos rankings posiciones más propias de estados del Tercer Mundo. De Guindos y Rajoy han repetido que se harán importantes reformas para ayudar a los emprendedores, eliminar burocracia y liberalizar la economía. Estas palabras han pasado bastante desapercibidas, en medio del ruido generado por las grandes reformas, pero como los siete gráficos de debajo demuestran, son tan necesarias (o más) que aquéllas. Ahora sólo queda por ver hasta dónde llega en su ambición el equipo del nuevo ministro de Economía.

El problema

Cualquier empresario sabe que abrir un negocio en España es una odisea. Pese a las repetidas apelaciones a los emprendedores, lo cierto es que los problemas se acumulan para todo aquel valiente que intente lanzarse al vacío de crear una empresa, generar puestos de trabajo y competir en el mercado. Las siguientes son sólo algunas de las peores características del sistema.

Cada una de las tres administraciones exige cumplir con un sinfín de requisitos (muchas veces absurdos, cuando no contradictorios) que complican la vida del nuevo empresario, aumentan el coste de su aventura y alargan la puesta en marcha de su proyecto.
No debe olvidarse el papel de los organismos reguladores (estatales y autonómicos), muy politizados y burocratizados, que añaden nuevas obligaciones en numerosos sectores económicos.
Las empresas públicas se han multiplicado como hongos en los últimos años (sobre todo en las CCAA) en las más diversas actividades. Normalmente sufren grandes pérdidas que se suman al presupuesto y eliminan a empresarios privados de esos sectores que podrían crecer si no fuera por esta competencia desleal.
La normativa no afecta sólo a los emprendedores. Una vez en funcionamiento un negocio, cualquier gestión mínima ante la administración es otro enorme dolor de cabeza.
El papeleo, la lentitud burocrática y la dificultad de cumplir las innumerables exigencias aumentan encarecen el proceso productivo.
La legislación autonómica, completamente disparada en los últimos años, amenaza en algunos casos la propia unidad de mercado.
La lentitud de la justicia española es proverbial, lo que alarga la resolución de conflictos, encarece los costes (abogados, asesores, etc...) e introduce incertidumbre en las relaciones empresariales.
El coste impositivo es elevado. La fiscalidad no ayuda a los nuevos empresarios, ni a los ya establecidos.
Las deudas de la administración ahogan a los empresarios, que se ven obligados a pagar a la administración impuestos por facturas no cobradas.

Los compromisos

En su discurso de investidura, Rajoy prometió un sistema de reconocimiento mutuo de autorizaciones y licencias y un mecanismo rápido de resolución de conflictos. También habló de redimensionar el sector público, eliminando entes y empresas públicas innecesarias. Y se comprometió a poner sobre la mesa una ley para el refuerzo de la independencia de los organismos reguladores.

Se espera una ley que permita retrasar el pago del IVA hasta que se cobren las facturas y un proceso de compensación automática con las administraciones deudoras. Además, a lo largo de la campaña electoral habló en numerosas ocasiones de la necesidad de aprobar una normativa que permita abaratar y agilizar los trámites de apertura de las empresas (en alguna ocasión, el nuevo presidente ha afirmado que el objetivo debería ser que este proceso no llevase más de 24 horas). Y en el capítulo de medidas de apoyo a los emprendedores, Rajoy habló de bonificar la contratación del primer trabajador. No todo se aprobará el viernes, pero se espera que el Consejo de Ministros sí ponga al menos las bases sobre las que edificar esta nueva economía.

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