Según los sindicatos, el Gobierno tiene la intención de congelar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2012. La medida, en principio, tiene toda la lógica del mundo en tanto en cuanto si queremos frenar la destrucción de empleo, los salarios tienen que dejar de crecer por encima de la inflación, en contra de lo que viene sucediendo hasta ahora. Es más, desde que entró en vigor el euro, la economía española ha perdido más de un 30% de competitividad. Para recuperarla, es necesario o bien incrementar la productividad, o bien reducir los costes empresariales. Lo primero no es tan sencillo puesto que la gran mayoría de las empresas españolas opera en sectores intensivos en mano de obra donde las ganancias de productividad apenas son posibles. En consecuencia, mientras no se produzca una transformación profunda del tejido productivo español hacia actividades más productivas, más intensivas en capital y tecnología, lo cual no se puede hacer de la noche a la mañana, la única forma de que las empresas recuperen competitividad y capacidad de crear empleo es mediante la reducción de sus costes, el principal de los cuales es el laboral. De no hacerlo así, nunca se podrán crear los puestos de trabajo necesarios para acabar con el problema del paro.
Es lógico, por tanto, que el Gobierno opte por congelar el salario mínimo interprofesional. Ello, unido a la previsible congelación de la retribución de los funcionarios debería servir para mandar un mensaje en el sentido de la necesidad de moderación salarial para poder superar la crisis económica y de empleo. En las circunstancias actuales no caben actitudes como las de los sindicatos, que insisten en que los trabajadores, cuando menos, mantengan su poder adquisitivo contra viento y marea, cuando lo que nos dice la realidad es que tenemos que acostumbrarnos a ser más pobres de lo que éramos antes de que estallara la crisis. En caso contrario, los parados sufrirán las consecuencias.
Ahora bien, la política salarial del Gobierno no puede ni debe limitarse a congelar el SMI y el sueldo de los funcionarios. Por el contrario, lo que tiene que hacer el nuevo Ejecutivo es poner todos los medios para que los salarios evolucionen en función de los resultados y la productividad de todas y cada una de las empresas, tomadas de forma individual. Y la única forma de hacerlo es mediante la descentralización de la negociación colectiva. Rajoy se comprometió a ello durante la campaña electoral, pero ahora tiene que cumplir su promesa, lo cual empieza a estar en duda teniendo en cuenta lo que estamos viendo en los primeros días de este Gobierno, empezando por la existencia de trece ministerios, en vez de los diez a los que se comprometió Rajoy, o por los guiños que empieza a hacer el Ministerio de Empleo a los sindicatos. Sin esa reforma y sin el abaratamiento del despido, Rajoy ya puede congelar todo lo que quiera, que el problema del paro no se va a resolver.