Cristóbal Montoro es una persona afable y que sonríe con facilidad. Sin embargo, pese a este buen carácter, en su nueva función como ministro de Hacienda lo tendrá complicado para no hacerse unos cuantos enemigos (y no habrá ningún ministerio que pueda escaparse a los estrictos criterios de austeridad impuestos por Mariano Rajoy).
La cifra clave es el 4,4%. Éste es el objetivo de déficit comprometido con la UE para 2012. Superarlo pondría en una complicada situación a España, tanto ante sus socios como frente a los inversores internacionales. En teoría, 2011 acabará con un déficit del 6% (así lo afirman las previsiones del Gobierno); esto dejaría un agujero de 16.500 millones para el próximo ejercicio.
El problema es que casi nadie cree ya en estas cifras. Funcas publicaba ayer sus predicciones, en las que se incluía un déficit del 8% para este año. Con esta cifra, el hueco que habría que cerrar sería de unos 40.000 millones. Todo esto es relativamente sencillo de decir, pero es muy complicado de hacer. ¿De dónde puede sacar todo este dinero el político jienense? En los Presupuestos Generales del Estado de este año (que además se prorrogarán al menos hasta que en marzo se aprueben los nuevos) pueden encontrarse algunas pistas, aunque en cualquier caso será una ardua tarea.
Ingresos
Por pura lógica, si alguien se encuentra con un desfase de 40.000 millones en su presupuesto, tiene dos opciones: aumentar sus ingresos o reducir sus gastos.
Desde el punto de vista de la recaudación, Montoro no lo tendrá sencillo. Para subir esta columna, Hacienda puede aumentar los impuestos o confiar en que se incremente la recaudación con los tipos vigentes. Lo primero ha sido descartado por Rajoy, al menos a corto plazo, aunque sería una sorpresa que se llegase al final del 2012 sin un aumento de los impuestos especiales o del IVA.
Por otro lado, el nuevo ministro de Hacienda puede rezar para que la actividad económica tome impulso y, de esta manera, suba algo la recaudación. También en esta cuestión lo tendrá difícil Montoro, puesto que todos los análisis apuntan hacia un crecimiento casi nulo de la economía española en 2012. Por poner un ejemplo, el consenso de expertos que recopila Funcas apuesta por un 0,2% de crecimiento del PIB el año que viene.
En el siguiente gráfico puede verse el reparto de los ingresos del Estado por partidas. Como vemos, la gran mayoría, casi el 70%, viene de cotizaciones sociales e impuestos directos (IRPF y Sociedades fundamentalmente). Evidentemente, estas partidas dependen muy mucho de la actividad económica: cualquier desaceleración podría incluso hacer que bajasen las predicciones del Gobierno, lo que haría la situación aún más complicada.
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Gastos
Con este panorama, la mayor parte del ajuste tendrá que venir, obligatoriamente, por el lado de los gastos. En su toma de posesión, Montoro ha asegurado que no llega a Hacienda para "hacer recortes, sino para hacer reformas". Es un acierto por parte del ministro enfocar así la cuestión, porque lo que necesita la economía española no son tanto "recortes" (palabra con unas connotaciones muy negativas), sino "reformas".
Pero claro, si se cierra una empresa pública, se modifica el estatuto de la función pública o se eliminan determinadas subvenciones, habrá muchos afectados que le echen la culpa a Cristóbal Montoro. Eso sí, pese al tono optimista del nuevo ministro, no será nada sencillo encontrar el dinero necesario para reducir el déficit. De hecho, viendo los capítulos de gasto de los Presupuestos Generales del Estado de 2011, resulta complicado imaginar de dónde saldrán esos 40.000 millones.
Por secciones (ver siguiente gráfico), destaca una cifra: el 65% del gasto va dirigido a pagar la deuda pública, al Ministerio de Trabajo y a la Seguridad Social (pensiones). En el departamento de Fátima Báñez hay algunas cosas que podría retocarse, como las políticas activas de empleo. Pero si no cae el paro, poco margen habrá en ninguna de estas partidas presupuestarias. De hecho, tanto la deuda, como las pensiones y los subsidios de desempleo son gastos ya comprometidos. Los dos últimos podrían reducirse por ley, pero el coste electoral de tocar cualquiera de ellos sería altísimo.
Del resto (un 35%) tendrá que venir casi todo el ajuste. Son unos 91.000 millones de euros. Sólo viendo esta cifra ya es posible imaginarse la magnitud de la tarea. Porque 40.000 millones son el 44% de lo que se podría considerar como gastos corrientes, no sujetos a compromisos previos.
Entre estas partidas destacan por su magnitud el sistema de financiación de autonomías y ayuntamientos con 28.033 millones, las relaciones financieras con la UE (12.117 millones), el Ministerio de Agricultura (11.148 millones), Fomento (8.989 millones), Interior (8.635 millones) y Defensa (8.249 millones). Si no ocurre nada raro, de ellos tendrá que salir el grueso del ahorro.
Si se analiza el Presupuesto por políticas de gasto, la situación no se aclara ni mucho menos. Deuda, pensiones y desempleo siguen siendo intocables. Los gastos de personal suman 32.919 millones. Ni mucho menos un recorte del 5-10% en esta cuestión revolvería los problemas. Y las inversiones reales suman 8.230 millones, por lo que tampoco por esta vía es posible conseguir un ahorro apreciable.
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