Si hay un dato que demuestra indiscutiblemente la catadura política de nuestros gobernantes, ése es el crecimiento del volumen de la deuda pública desde que comenzó la crisis económica.
En los últimos cuatro años, y al tiempo que exigían austeridad a los ciudadanos, los políticos nos han endeudado a todos los españoles en 325.000 millones de euros más de lo que ya lo estábamos, lo que supone un incremento del 185% de la deuda pública total, que la actual y las dos siguientes generaciones tendremos que devolver a través de más impuestos.
En contra de las periclitadas doctrinas keynesianas, hoy sólo aptas para distracción de socialistas ociosos, el endeudamiento público es la principal losa de las sociedades para lidiar con una crisis cuya salida todavía no se vislumbra en el horizonte. En el caso de España, además, contamos con el agravante de una administración pública sobredimensionada.
En este resumen de la infamia presupuestaria la palma se la llevan, como siempre, las comunidades autónomas, cuyos gobernantes han sido capaces de disparar el total de la deuda que tenían acumulada hasta los 135.000 millones de euros, nada menos que un incremento del 225% en este mismo periodo, en el que proclamaron a los cuatro vientos su voluntad de actuar con el exigible rigor presupuestario para no agravar la situación de unas finanzas autonómicas en fase terminal.
Pero ni siquiera la constatación de la ruina que ha provocado a España es suficiente para que la clase autonómica reaccione con un mínimo de sensatez. Como hemos relatado en estas mismas páginas, las once comunidades que ya han elaborado su proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio han decidido aumentar en más de un 30% el volumen de dinero pedido a crédito que sus ciudadanos habrán de devolver.
Con los ingresos tributarios desplomados y su nula voluntad de eliminar los miles de organismos y gastos inútiles que inundan una administración periférica desmadrada, los políticos autonómicos han decidido hundirnos más en la recesión, de cuya salida cabe dudar hasta que no se tomen medidas radicales contra este engendro administrativo que amenaza con arruinarnos de forma definitiva.
He aquí un excelente argumento para la primera reunión que Rajoy mantenga con los dirigentes autonómicos, pertenezcan o no a su partido. O se toman medidas radicales o seremos los últimos en salir de la crisis. Si es que algún día salimos.