Los acuerdos alcanzados en la cumbre europea del pasado viernes no son definitivos, de modo que el supuesto consenso que ha tratado de vender Bruselas no es tal, al menos de momento, más allá de la negativa explícita de Reino Unido. La nueva disciplina presupuestaria, el refuerzo y ampliación de los fondos de rescate y los préstamos bilaterales al Fondo Monetario Internacional (FMI), puntos clave de la cumbre, deberán esperar, como mínimo, hasta el próximo marzo para ser ratificados por el resto de estados miembros.
Así, el documento de conclusiones acordadas por los líderes europeos especifica que Bruselas presentará un informe en marzo para avanzar en la integración fiscal, y que será entonces cuando se evaluará de nuevo la posibilidad de ampliar el techo de 500.000 millones de euros de los fondos de rescate. En todo caso, y "habida cuenta de la falta de unanimidad entre los Estados miembros", las claves del nuevo acuerdo comunitario tendrán que ser ratificadas por cada país "como muy tarde en marzo".
El problema es que comienzan a surgir ciertas discrepancias y dudas acerca de los términos adoptados durante la cumbre. Para empezar, Reino Unido ha rechazado de plano el nuevo pacto para evitar someterse a la regulación financiera que imponga la UE. Asimismo, la reforma de los Tratados de la Unión deberán contar con el visto bueno de los respectivos parlamentos nacionales en el caso de República Checa, Dinamarca, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Suecia.
Sin embargo, más allá de este trámite, destacan las reticencias que empiezan a mostrar algunos estados miembros. El caso de Finlandia es uno de los más complejos. En la cumbre se acordó que se modificarán las normas de votación del ESM para poder aprobar préstamos de urgencia a países o bancos de la zona euro en problemas. El criterio de unanimidad será sustituido "por una mayoría cualificada del 85%", pero el documento de conclusiones advierte a pie de página que este cambio deberá ser confirmado por el Parlamento finlandés.
Y es aquí cuando empiezan los problemas: esa mayoría cualificada significa que Finlandia estará obligada a pagar el rescate de otros países o bancos en contra de su voluntad, lo cual viola la Carta Magna del país, según dictaminó la pasada semana el Comité Constitucional del Parlamento. Tan sólo Alemania, Francia e Italia dispondrán de capacidad de veto para activar el Fondo.
El primer ministro finlandés, Jyrki Katainen, advertía el pasado domingo que "tenemos que encontrar una solución que pueda ser aceptada por los finlandeses, obviamente cumpliendo con nuestra Constitución y que permita a Finlandia para participar en el ESM". Pero no será fácil. La ministra de Finanzas, Jutta Urpilainen, señaló que sólo caben dos opciones tras la cumbre europea, o se reinstaura la unanimidad de voto o el país no participará en el ESM aportando dinero. Los partidos de la oposición, por su parte, rechazan igualmente este punto del pacto europeo.
Por si fuera poco, el Gobierno finlandés también cuestiona los límites acordados sobre la participación del sector privado en los rescates, tras reiterar que las quitas del 50% aplicadas a los acreedores de Grecia "tienen un carácter único y excepcional". Katainen, sin embargo, reiteró que Finlandia defiende la imposición de pérdidas a los inversores privados.
La costosa aportación de Polonia
El caso de Polonia también añade incertidumbre. Los líderes de la UE acordaron que todos los estados de la UE, no sólo los de la Eurozona, deberán aportar recursos adicionales al FMI por un importe de hasta 200.000 millones de euros "en forma de préstamos bilaterales" que, en principio, se realizarán a través de los respectivos bancos centrales en los próximos días.
Las autoridades polacas están envueltas en una tensa discusión acerca de la cuantía final que deberá ser desembolsada. Las cifras varían entre los 5.000 y los 20.000 millones de euros, pero en todo caso será una factura elevada para las cuentas polacas -entre el 10% y el 30% del presupuesto público previsto para el próximo año-. Además, tanto esta contribución como el propio pacto fiscal han abierto un debate nacional acerca de la conveniencia de ceder soberanía a Bruselas.
Las líneas rojas de Berlín
Pero, más allá de estas discrepancias, destaca especialmente las reticencias que muestran las grandes potencias europeas, Alemania y Francia, los auténticos baluartes de la refundación de la UE.
Alemania insistió el martes en que en ningún caso aceptará ampliar el Fondo permanente de rescate (ESM, por sus siglas en inglés), más allá de los 500.000 millones de euros fijados en la actualidad, y que mantendrá su oposición a los eurobonos, pese a que Bruselas insiste en volver a tratar esta cuestión.
Asimismo, el consejero del BCE y presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, reiteró este miércoles su oposición a que el banco central aumente gradualmente sus compras de bonos periféricos. Además, el banco central de Alemania tan sólo proporcionará nuevos fondos al FMI si el resto de países de la UE lo hacen, y en todo caso rechazó que la ayuda del organismo internacional se utilice para comprar deuda pública. De hecho, el presidente del Bundesbank se opuso a la idea de que el FMI se involucre en un programa de apoyo a Italia. "Considero inimaginable introducir un programa del FMI para Italia", advirtió.
La postura de los socialistas franceses
Por último, si bien Francia salió satisfecha de la cumbre europea, una cosa es lo que defiende el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y otra muy distinta la de la oposición gala. François Hollande, candidato del Partido Socialista para las elecciones presidenciales del próximo año, señaló tras la cumbre que si sale elegido volverá a negociar punto por punto el nuevo pacto fiscal.
En concreto, Hollande defiende las compras masivas del BCE, la creación de eurobonos y la ampliación de los fondos de rescate, justo lo que rechaza Alemania. El líder socialista acusó a Sarkozy de capitular ante la presión de la canciller germana, Angela Merkel, y criticó abiertamente las nuevas medidas para fortalecer la disciplina presupuestaria. Hollande lidera las encuestas de opinión en Francia de cara a las presidenciales, previstas para el próximo abril y mayo.
Es más. Por el momento, Francia carece del apoyo político suficiente para incluir en su Constitución la regla de oro para limitar el déficit estructural al 0,25% del PIB, tal y como se propuso en la cumbre. "No se puede celebrar ninguna votación a menos que la oposición cambie su postura", señaló la portavoz del Gobierno galo en referencia al rechazo de los socialistas.
De este modo, en caso de vencer a Sarkozy en las urnas, todos los acuerdos alcanzados el pasado viernes corren el riesgo de convertirse en papel mojado. Y ello, pese a que, finalmente, los líderes europeos superen sus actuales discrepancias de cara a ratificar la reforma de los tratados el próximo marzo.
Por último, la Comisión Europea admite en privado que las medidas acordadas no son novedosas, y las que sí lo son podrían vulnerar la legalidad comunitaria, como el hecho de que el Tribunal de Justicia europeo lleve a cabo funciones de supervisión presupuestaria en caso de que un país incumpla los límites de déficit y deuda. En definitiva, la incertidumbre sobre los citados acuerdos crece. El optimismo inicial que levantó la cumbre se disipó en apenas 48 horas y el euro, mientras, cotiza ya en mínimos desde el pasado enero.