El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes conceder el indulto al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, de la condena a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad.
El Gobierno en funciones tras las elecciones generales del 20-N, a petición del Ministerio de Justicia, ha decidido otorgar un indulto parcial a Sáenz, por lo que le exime de la condena de cárcel, inhabilitación y multa impuesta por el Supremo.
El indulto contaba con el informe favorable del Ministerio Fiscal y desfavorable por parte del Tribunal Supremo. El Gobierno también ha indultado a los otros dos condenados en la causa el antiguo director de Banesto en Cataluña Miguel Ángel Calama y el abogado Rafael Jiménez de Parga, condenados a la misma pena.
El Ministerio de Justicia anunció en un comunicado "la concesión de este indulto parcial, derivado de unos hechos acaecidos hace 17 años y conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso".
De esta forma, el consejero delegado del Santander seguirá cumpliendo los requisitos de "honorabilidad" que exige el Banco de España para los ejecutivos del sector financiero, recogidos en el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos y Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito.
No revela si el PP estaba al tanto
El Ministro de Fomento en funciones, José Blanco, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desconocer si el Partido Popular (PP) tenía conocimiento de esta decisión.
"No se informa de las deliberaciones del Consejo de Ministros, así que la argumentación jurídica se hará a través de una nota del Ministerio de Justicia", insistió Blanco, quien señaló que el indulto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días.
El pasado mes de febrero, el ejecutivo de la entidad cántabra y los otros dos condenados formularon su petición de indulto, tras conocer la sentencia condenatoria, y presentaron un recurso de ampara ante el Tribunal Constitucional, pendiente de resolución. El 2 de septiembre de 2011, la Audiencia Provincial de Barcelona suspendió la ejecución de la sentencia hasta la resolución de estas dos decisiones. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud de no inscribir la sentencia condenatoria en el Registro Central de Penados y Rebeldes para evitar que figuren antecedentes penales, decisión que depende del Banco de España.