El secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, ha advertido de que España tiene que "espabilar y hacer lo que hay que hacer" para evitar entrar en la "segunda velocidad" del euro y ser "intervenida" porque, en ese caso, la discusión sobre la revalorización de las pensiones en 2012 no corresponderá al Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre, sino a "aquellos señores" que controlarían la economía española como ocurre en Grecia y empieza a pasar en Italia.
En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha remarcado que el PP, tal y como ha asegurado su líder, Mariano Rajoy, tiene el compromiso de cumplir con la revalorización de las pensiones el próximo año en función de la aplicación de la ley que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suspendió en 2011, pero siempre que España "retenga su soberanía económica".
En este sentido, ha advertido de que los límites que el PP podrá tener en su política de gasto si llega al Gobierno son los que ha marcado la Unión Europea y el comisario europeo de Asuntos Económicos, Ollie Rehn, que ya dan por hecho que España va a incumplir su objetivo de déficit para 2011, llegando al 6,6%, frente al 6% prometido por el Gobierno.
"No es lo mismo y no tienes que partir del mismo ajuste", ha advertido, si bien ha remarcado que una subida de impuestos sería el "ultimísimo recurso" del PP, que para reducir el déficit también descarta "recortes" en los servicios públicos "fundamentales". "Ahora, la cuestión es que lo demás es ajustable, hay muchas cosas que lo son", ha apuntado Nadal.
En este sentido, ha remarcado que si la intervención tiene lugar, dará igual que los ciudadanos hayan elegido a un "Gobierno con un compromiso", porque por encima de él estarían la UE, el BCE y el FMI, "que obligarán" a tomar determinadas medidas aunque el Ejecutivo no quiera hacerlas.
Nadal ha insistido en que España está "en una situación muy complicada, dentro de una Unión Monetaria que está a su vez en una situación muy complicada", y hay que "corregir los errores y las desviaciones" de los últimos años. "Tenemos unas cuentas públicas muy descuadradas, una falta de competitividad manifiesta y un sector financiero aquejado de una serie de problemas muy notables que hay que cambiar", ha resumido.
Hachazos, no reformas
No obstante, ha indicado que una vez que se fijan los limites de cuánto se puede gastar y endeudarse, habrá que contar con los "gestores" de los servicios públicos, que saben de dónde se pueden recortar". En esta línea, ha insistido en la necesidad de acabar con los solapamientos y duplicidades de las administraciones públicas.
Además, ha asegurado que el PP apuesta por reformas y no recortes, poniendo como ejemplo el caso de la rebaja del 5% del sueldo de todos los funcionarios en 2010. "Eso fue un hachazo no una reforma: una reforma es premiar a los empleados públicos que más eficientes son y más trabajan y penalizar a los que no lo hacen", ha denunciado.
En materia financiera, Nadal ha indicado que para solucionar la sequía de crédito hay que actuar, por un lado, educiendo el endeudamiento público, ya que las administraciones públicas "se llevan todo para financiar su déficit" y por otro actuar sobre las entidades financieras para "darles viabilidad" a cambio de "que hagan ajustes de coste y de valoración" de sus activos inmobiliarios. "Si no lo hacemos, nos podemos poner en una situación de muchísimos años de crisis por delante con activos y bancos zombis, y eso no lo podemos permitir como país", ha remarcado.
Contra las cláusulas suelo
Por último, se ha pronunciado acerca de la imposición de un sistema generalizado de 'dación en pago' de las hipotecas, que considera "tremendamente injusto con los que van a comprar casas a partir de ahora", pues dispararía los intereses de los préstamos y endurecería sus condiciones, como ocurre con el sistema, ya existente, de hipotecas de responsabilidad limitada, "que son carísimas".
La propuesta del PP se dirige más a evitar "abusos" en los contratos, como las 'cláusulas suelo' que fijan un tope mínimo de reducción de los intereses. "Lo que no puede ocurrir es que en España se pueda hacer negocio sobre la desgracia de una familia", ha asegurado.