La Comisión Europea ha propuesto este jueves una norma que obligará a todos los Estados miembros a que castiguen con sanciones penales, incluidas penas de cárcel, a los banqueros que incurran en comportamientos delictivos graves, en concreto, el abuso de información privilegiada y la manipulación de mercado.
La directiva tendrá un impacto limitado puesto que la mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, ya prevén en sus respectivas legislaciones nacionales sanciones penales para este tipo de comportamientos, según han explicado fuentes comunitarias.
Bulgaria es el único país de la UE que no castiga ni el abuso de información privilegiada ni la manipulación de mercado, mientras que Austria, Eslovaquia, República Checa, Estonia y Finlandia no han tipificado penalmente alguno de los dos delitos.
No obstante, el Ejecutivo comunitario pretende que todos los países fijen una definición común. Los Estados miembros también tienen que sancionar penalmente a quienes ayuden, instiguen o aconsejen el abuso del mercado, así como las tentativas de perpetrar dichas infracciones.
La propuesta de Bruselas exige que todos los países castiguen estos comportamientos, pero no fija ninguna pena mínima armonizada. Sólo pide que las sanciones sean "efectivas, proporcionadas y disuasorias".
"Detrás de estas manipulaciones hay miles de empleos, personas que se encuentran en paro, empresas que quiebran. Las consecuencias para la sociedad de todos estos abusos son incalculables", ha dicho el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier, en rueda de prensa.
A su juicio, se trata de recuperar "comportamientos morales que habían desaparecido en algunas prácticas en los mercados financieros".
Las operaciones con información privilegiada se producen cuando una persona que posee información privilegiada que puede influir en los precios realiza operaciones con instrumentos financieros relacionados. La manipulación del mercado se produce cuando una persona manipula artificialmente los precios de los instrumentos financieros mediante prácticas como la difusión de información falsa o de rumores y la realización de operaciones con instrumentos relacionados. Ambas prácticas se consideran abuso del mercado.