Pasadas las 9:20 de la mañana, el empresario jerezano José María Ruiz Mateos llegaba a la Audiencia Nacional acompañado de dos de sus hijos, Álvaro y Zoilo Ruiz Mateos, para declarar en calidad de imputado ante el juez Pablo Ruz.
El magistrado le acusa por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible por su gestión de la compañía Nueva Rumasa. A las puertas del tribunal, les esperaban un pequeño grupo de inversores en pagarés del complejo empresarial que perdieron sus inversiones al declararse la quiebra de la mayoría de empresas del grupo. Los manifestantes coreaban gritos como "Nueva Rumasa no existe".
El primero en despachar ante el juez Pablo Ruz ha sido el patriarca de la familia quien durante el interrogatorio no ha querido contestar siquiera a las preguntas de su abogado, el exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Pélaez, quien también ejerce la defensa del empresario Jorge Dorribo en al operación Campeón.
Ruiz Mateos se ha limitado a leer un comunicado ante el instructor durante los diez minutos que ha comparecido ante él. Durante su intervención, el empresario ha asumido toda la responsabilidad de la polémica gestión de Nueva Rumasa y ha señalado que todas las decisiones en el holding las tomaba él. Junto a este ‘mea culpa’ encubierto, José María Ruiz Mateos ha señalado a la crisis económica como la responsable de que su complejo empresarial haya quebrado y ha señalado que va a intentar devolver la deuda que ha contraído con los inversores.
"Feliz" por Nueva Rumasa
Ya fuera del juzgado, José María Ruiz Mateos ha declarado a los periodistas que se siente "feliz, orgulloso, honradísimo y satisfecho de la obra que he hecho y que volvería a hacerlo". Además, el empresario jerezano ha subrayado que "se ha dedicado toda la vida al empleo" y que lo que más le "duele" es la situación en la que se encuentran los trabajadores, en referencias a las personas concentradas en las inmediaciones de la Audiencia Nacional porque son "gente necesitada". Asimismo, el empresario ha querido zanjar el asunto diciendo que "Dios le juzgará".
Tras el interrogatorio del patriarca de la familia ha declarado ante el magistrado Ruz su esposa, Teresa Rivero, quien al término de su declaración –que tan sólo ha durado cinco minutos- no ha querido responder a las preguntas de los periodistas. A la salida del tribunal, los trabajadores de Nueva Rumasa le han gritado al matrimonio insultos de todo tipo como "sinvergüenzas", "chorizos", "ladrones" y frases como "así me veo por culpa de Mateos".
Por su parte, sus hijos Zoilo y Álvaro Ruiz-Mateos, que declararon cerca de hora y media cada uno, insistieron en responder que desconocían la operativa de Nueva Rumasa y que todas las decisiones las tomó su padre. De esta forma, los hijos atribuyen toda la responsabilidad al patriarca, ya que su avanzada edad le impedirá entrar en prisión, según las mismas fuentes.
Por primera vez desde que el grupo se declaró en quiebra el pasado mes de febrero, Zoilo ha reconocido ante el juez que existen cerca de 2.500 inversores que depositaron unos 200 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción tiene identificados a 1.017 inversores que depositaron 90,4 millones de euros.
Las decisiones: del patriarca
Ambos hermanos eran miembros del consejo de administración de Nueva Rumasa, además, Zoilo figuraba como administrador de Cacaolat y Álvaro, de Dhul. Este último se dio de baja poco después de declararse el concurso de la empresa. Sin embargo, ambos declararon que todas las decisiones las tomaba su padre e insistieron reiteradamente que "desconocían" las decisiones tomadas en Cacaolat y Dhul.
El proceso judicial trata de dilucidar el paradero del dinero depositado por los inversores, así como las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de Nueva Rumasa. Mañana están citados a declarar los otros cuatro hijos varones de Ruiz-Mateos y su sobrino Zoilo Pazos Jiménez.
Por último, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la familia Ruiz-Mateos que deposite la fianza de 30 millones de euros que les impuso para cubrir la posible responsabilidad civil derivada de los delitos de estafa e insolvencia punible por su gestión al frente de Nueva Rumasa.
La causa cuenta con veinticuatro acusaciones particulares en representación de cerca de 300 inversores en pagarés de Nueva Rumasa, que se suman a la formulada por la Fiscalía Anticorrupción.