El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, que tramita el concurso de acreedores de Grupo Dhul, ha ordenado el embargo preventivo de los derechos de cobro que pudiera tener la familia Ruiz-Mateos ante una eventual resolución a su favor en los litigios abiertos por la expropiación de la antigua Rumasa.
En una providencia emitida el 13 de octubre, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez Blas Alberto González acuerda la mejora del embargo preventivo decretado el pasado 30 de septiembre sobre bienes y derechos de los Ruiz-Mateos por valor de 618,26 millones de euros para cubrir el déficit patrimonial total de la firma de postres.
Así, a petición de la administración concursal de Dhul, el magistrado declara embargados preventivamente, hasta cubrir el importe de 618,26 millones de euros, los derechos económicos que resulten a favor del fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, y de sus hijos Álvaro y Javier como consecuencia de diferentes procedimientos judiciales.
La providencia alude al recurso sobre la retasación de acciones de Galerías Preciados, que se sigue en el Tribunal Supremo, así como a los procesos sobre la retasación de acciones de Rumasa S.A, Banco Atlántico, Banco Condal, Banco de Albacete, Banco Alicantino de Comercio, Banco de Extremadura, Banco de Murcia, Banco de Sevilla, Banco de Toledo, Banco del Oeste, Hoteles Agrupados S.A. La Almoraíma S.A. y 182 retasaciones acumuladas de las acciones expropiadas de 182 sociedades que sigue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El juez ordena el embargo de los derechos de cobro y derechos económicos de cualquier otro tipo derivados de las sentencias y de acuerdos transaccionales que recaigan en estos procedimientos, así como de las sentencias y de acuerdos transaccionales que recaigan en cualquier otro procedimiento que se siga ante los mencionados órganos judiciales.
Además, acuerda comunicar su resolución a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a fin de que "se tome nota en los procedimientos del embargo preventivo acordado".
Precisamente, José María Ruiz-Mateos ofreció en mayo mediante escritura pública a los titulares de pagarés emitidos por sociedades de la familia, como garantía de recuperación de sus inversiones, la cesión de derechos económicos derivados de las reclamaciones judiciales de retasación de la expropiación de la antigua Rumasa.
Según afirmó entonces el fundador de Nueva Rumasa, el 50% de los derechos de cobro de los pleitos por la expropiación constituyen el único activo personal que le queda.
El Estado "no debe nada"
El Ministerio de Economía y Hacienda replicó tras este anuncio de Ruiz-Mateos que el Estado español "no debe nada a José María Ruiz-Mateos ni a su familia", después de el Tribunal Supremo haya dictado más de 200 sentencias firmes contrarias a los intereses del empresario andaluz.
A la oferta de cesión de derechos de los Ruiz-Mateos, que ha estado abierta hasta el 14 de octubre, se han adherido algunos inversores a pesar de que despachos de abogados aconsejaron rechazarla, según dijeron a Europa Press en fuentes jurídicas.