Las últimas noticias en torno a la economía española podrían estar creando un alarmismo injustificado respecto a la verdadera situación de nuestro país. Es cierto que las cosas distan mucho de estar bien, pero de ahí a que España esté al borde de la quiebra, como parece sugerir la Comisión Europea cuando especula con una depreciación de la deuda española, que unos cifran en el 5% y otros elevan hasta el 20%, dista mucho. No sé por qué el Ejecutivo comunitario se mete en este asunto, que no sirve nada más que para generar de forma innecesaria más incertidumbre, lo cual no le hace ningún bien a la economía española y dificulta la solución de los problemas, pero dudo de que la situación haya degenerado tanto como para que, a estas alturas, haya que plantearse semejante cuestión.
Es cierto que España no va a cumplir este año su objetivo de déficit, pero eso no debería constituir sorpresa alguna para nadie. Aquí todos sabíamos que el Gobierno había hinchado las previsiones de crecimiento económico y de recaudación tributaria y, por supuesto, nadie contaba con que, en la segunda mitad del año, fuese a producirse una nueva desaceleración de la economía mundial. A todo hay que añadir que, por lo que se está descubriendo, la situación de las autonomías donde hasta ahora gobernaba el PSOE es mucho peor de lo que habían dicho los socialistas. Por eso no se va a cumplir el objetivo de déficit. Ahora, de ahí a que la situación sea catastrófica dista mucho.
Lo más probable es que este año finalice con un déficit público del entorno del 8% del PIB, frente al objetivo del Gobierno del 6%, y una deuda del 70%. Sin embargo, aunque esas cifras no son precisamente buenas, todavía son manejables. De hecho, las autonomías donde gobierna el PP ya se han puesto manos a la obra y están aprobando medidas de ajuste duras y probablemente vendrán otras aún más drásticas en cuanto pasen las elecciones generales del 20-N. Unas medidas que los dirigentes autonómicos del PP de momento se están guardando para no perjudicar las posibilidades electorales de su partido. Rajoy, además, ya está avanzando que el día que llegue a La Moncloa, entre otras medidas, meterá a saco la tijera en el capítulo de subvenciones, entre ellas las que perciben los partidos políticos, los sindicatos y las patronales, hasta recortar en este sentido más de 20.000 millones de euros. Y, a diferencia de 1996, cuando la situación de las finanzas públicas que heredó el PP era parecida a la actual, ahora los tipos de interés son cinco puntos más bajos que entonces, por término medio, lo cual también ayudará al ajuste. Otra cosa es que puedan darse problemas puntuales de liquidez, pero de ahí a pensar que España está en quiebra y necesita una quita de su deuda dista mucho. La situación económica y social que deja tras de sí el zapaterismo es inquietante; sin embargo, hay margen, y mucho, para evitar que se convierta en catastrófica y, por lo que vemos en las autonomías en donde gobierna, el PP ya empieza a hacer lo posible para evitarlo.