El presente ensayo de Alberto Recarte, que ha constado de seis entregas, es un análisis de los problemas de la economía española y de las reformas necesarias para salir de la crisis.
VI) Los costes de la crisis: la permanencia en el euro y la justicia social
En esta ponencia se han expuesto los principales problemas económicos y políticos, con repercusión económica, que aquejan a España y las políticas que habría que adoptar para superar la crisis. Una lectura precipitada de la misma podría dar la impresión de que se defiende a los más poderosos y de que las medidas no tienen en cuenta a los más desfavorecidos. No es así. El ajuste que se propone exige sacrificios a todos, pero hay que tener en cuenta que es prioritario evitar la suspensión de pagos y el abandono del euro. Por eso hay que repetir los objetivos prioritarios para España:
a) Los objetivos prioritarios de la política de reformas
- La economía española necesita recuperar la competitividad. La globalización y la pertenencia a la Unión Europea y a la Unión Monetaria se traducen en beneficios para la mayoría, pero exigen sacrificios cuando se ha perdido capacidad de competencia, como es nuestro caso.
- La ruptura del euro sería, ahora, una tragedia para España. Hay que colaborar para fortalecer la Unión Monetaria y hacer las reformas que nos piden los mercados, en particular las del sistema financiero, la del mercado de trabajo y el control del déficit público. Estas reformas serían, en cualquier caso, nuestra mejor arma para competir si el euro terminara por romperse por causas ajenas a nuestro comportamiento.
b) El desempleo y la emigración
En relación con la política de reformas que se proponen es necesario hacer dos observaciones de carácter general:
- No hay nada más injusto que el desempleo de personas con educación y formación suficiente y con deseos de trabajar. Insisto en la educación y preparación, porque no es previsible que los jóvenes sin preparación que han abandonado sus estudios, sobre todo en el sur de España, vayan a encontrar trabajo. Lo que estos jóvenes sin preparación pudieran aportar a cualquier empresa se podría lograr, en casi todo el mundo, a un coste muy inferior al que fijan los salarios mínimos interprofesionales vigentes en España. Los deseos de trabajar, por otra parte, no son evidentes en muchos casos. En España, en 2007, en el punto más alto del ciclo expansivo, la tasa de paro llegaba al 8%, que era el promedio entre el 4% de media España y el 12% de la otra media, que no sentía presión ninguna por encontrar trabajo, bien porque trabajaban en la economía sumergida, bien porque el sistema de protección social puesto en vigor por el gobierno socialista y por los regímenes autonómicos –junto con el apoyo familiar– permitían vivir sin hacer demasiados esfuerzos.
- Las diferencias en las tasas de actividad y paro entre autonomías indican que en los próximos años se producirán intensos movimientos migratorios dentro de España y entre nuestro país y el exterior. Si se mantiene el estancamiento de la economía española durante unos años, como parece previsible, la emigración será la única alternativa para las personas, educadas y preparadas, que busquen activamente empleo. En relación con este tema, los políticos y economistas que alababan el euro como la mejor solución para la economía española deberían haber advertido de que dentro de una unión monetaria los movimientos de población son inevitables. Es más, el funcionamiento normal de cualquier unión monetaria requiere movimientos migratorios permanentes entre los diversos estados miembros de la unión, porque el crecimiento nunca es uniforme en toda la unión. Siempre hay cambios y hay zonas más prósperas que otras, que obligan a movimientos de población en el sentido necesario. Hoy, Alemania demanda mano de obra extranjera, como hizo España durante casi diez años, hasta 2008.
c) La distribución de los costes de la crisis en la sociedad española
En lo que se refiere a los costes de la crisis, las medidas propuestas intentan, con todas las limitaciones expuestas, distribuirlos entre todos los españoles:
- Se propone una subida general del IRPF, para las rentas muy altas que podría alcanzar, en conjunto, entre el 48% y el 50%, en lugar del actual, que se mueve entre el 45% y el 47%, sumando los tramos estatal y autonómico.
- Se propone una subida de los pagos por rentas de capital desde el 19%-21% actual hasta un porcentaje que podría ser el 23%. Subidas mayores podrían traducirse en salidas de capitales de España y en un aumento de la economía sumergida.
- El IVA debería aumentar hasta, quizá, el 22%. Las cotizaciones sociales deberían reducirse 5 puntos. El tipo general del impuesto sobre sociedades debería fijarse en el 15%, eliminando todo tipo de bonificaciones fiscales y desgravaciones.
- Una subida del IVA hasta el 22% tendría que combinarse con una reasignación de actividades que pagaran el tipo reducido –que podría ser del 10%, en lugar del 8% actual– y del mantenimiento del tipo superreducido del 4%. A la hora de hacer esa reclasificación debería tenerse en cuenta cómo se distribuye el gasto de las familias con menores rentas, para que el aumento de los tipos no empeorara la situación de los más desfavorecidos.
- La subida del IVA serviría para pagar la parte de las pensiones que no pudieran financiarse con las cotizaciones sociales por la reducción que se propone. Es seguro que habrá personas y empresas a las que esta subida les empuje hacia la economía sumergida, pero también lo es que el pago por IVA es la única forma de hacer pagar a todas aquellas que defraudan en todos los impuestos, hasta el punto de que no existen para la Hacienda Pública.
- Será difícil evitar la congelación de los salarios y pensiones más altas que pagan las distintas administraciones públicas y la seguridad social. Durante un tiempo, los que tienen mayores remuneraciones y mayores pensiones tendrán que sacrificarse más que los que las tienen menores.
- Todos los empleados en el sistema financiero, desde los presidentes de las entidades hasta los de menor categoría, deberían tener una escala del IRPF diferenciada respecto al resto de los ocupados en los otros sectores económicos. Una escala que se aplicaría tanto a sueldos y salarios como a pensiones. Los tipos máximos podrían alcanzan hasta el 70% para los ingresos más altos, por cualquier concepto. La razón de esta discriminación es la evidencia de que las altas remuneraciones en este sector no se justifican por razones de competencia ni de eficiencia. El sector funciona como un oligopolio y necesita el apoyo estatal para superar situaciones de crisis como la actual. Sin el apoyo explícito del Estado, la inmensa mayoría de las entidades financieras habrían quebrado y sus presidentes, consejeros y empleados habrían perdido su empleo. Aunque las excepciones en el IRPF tienen siempre elementos muy negativos, es una evidencia que el sector financiero tiene rasgos excepcionales que favorecen desproporcionadamente a todos los que trabajan en el mismo. El otro sector diferente, el sector público, que otorga la ventaja de la permanencia indefinida en el puesto de trabajo, suele tener sueldos mucho más reducidos que los del sector financiero. Esa excepcionalidad laboral justifica el que, en momentos como el actual, se reduzcan o congelen sus remuneraciones. Algo que no ocurre en el sector financiero.
- Con la finalidad de facilitar el ajuste en el sector inmobiliario y ayudar a la emigración dentro de España, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que es el que se paga en caso de la compraventa de viviendas usadas, debería reducirse al 4% durante un periodo de tres años, hasta finales de 2013. La decisión del gobierno de reducir el IVA para la venta de viviendas nuevas, debería ampliarse, también, hasta esa misma fecha. Ese trato discriminatorio se aplicaría con una escala, de tal forma que sólo se superaría el 4%, hasta el actual 7% u 8%, para las compraventas de viviendas con un valor superior a los 300.000 euros.
- Con el objetivo de dificultar el funcionamiento de la economía sumergida deberían prohibirse los pagos en metálico para cantidades superiores a los 500 euros, por cualquier causa. España, según las estadísticas del Banco Central Europeo, es el país que tiene un mayor porcentaje de dinero en billetes de esa denominación de toda Europa. Ese dato es el único que permite deducir que la economía sumergida es mayor en España que en otros países de la eurozona.
VII) El fortalecimiento del Estado
En la experiencia de muchos países, en el paso de una economía intervenida y poco eficiente a otra en la que prima la libertad individual y empresarial, con incentivos a la inversión privada y una reducción del número e importancia de las empresas públicas, semipúblicas y fundaciones con actividades empresariales, puede aparecer una mayor corrupción, así como incrementarse los abusos sobre los más débiles e incluso el deterioro de las funciones básicas del Estado: la defensa de la ley y el orden y la obtención de justicia con rapidez.
Precisamente para evitar situaciones de ese tipo es necesario ser cuidadoso con las restricciones del gasto público. Esos recortes no deberían alcanzar, nunca, a los presupuestos de los cuerpos de seguridad y de la justicia. Hay, al tiempo, otras competencias que deben reforzarse:
- La inspección de trabajo. En la práctica, una parte sustancial del control del cumplimiento de la legalidad, en lo que se refiere al mercado de trabajo, se ha delegado en los sindicatos. La reducción de sus competencias debe venir acompañada de un fortalecimiento de la inspección de trabajo.
- La inspección del sistema financiero. Los usos y costumbres de la inspección del Banco de España y de la Dirección General de Seguros sobre el sistema financiero, han funcionado mal. La práctica de las circulares del Banco de España no ha evitado los excesos crediticios ni las inversiones arriesgadas por parte de las entidades financieras, que se han valido de la creación de todo tipo de sociedades mercantiles para evitar el control de sus actividades. Parece necesario aprobar un código de conducta más rígido, claro y exigente, que permita a la inspección cumplir su cometido sin interpretaciones alambicadas ni presiones políticas. Al margen de que, en los próximos años, comenzará a actuar un nuevo organismo europeo de supervisión y control sobre las entidades financieras.
- El sistema de intervención de los gastos públicos. Junto con la disminución del número de entes empresariales de todo tipo, es imprescindible introducir, en algún caso y reforzar en todos, un sistema de Intervención Pública de los gastos de todas las administraciones. La Intervención, previa o posterior, debe producirse incluso en las empresas públicas o en las privadas en las que haya cualquier porcentaje de participación pública. El cuerpo de interventores de la administración central, la autonómica y la local debería depender directamente del Congreso de los Diputados. El origen de los fondos que gastan autonomías y entes locales justifica plenamente esta intervención, porque, a posteriori, ninguna administración autonómica, ni ningún municipio, son inspeccionados por quien le dota de fondos, el Estado. Y es evidente que los Tribunales de Cuentas, empezando por el del Estado, no tienen capacidad, ni independencia, para controlar el gasto de las Administraciones Públicas.
- Debería crearse un cuerpo especial de interventores para el control de todas las prestaciones públicas. Los pagos por desempleo, los de las pensiones y la concesión de las prestaciones de carácter social deberían contar con un sistema de intervención y control específicos por parte del Estado. En España, en estos momentos, hay alrededor de 13 millones de personas que perciben prestaciones sociales o son pensionistas. El elevadísimo número de pensionistas que reciben ayudas más elevadas por discapacidad, total o parcial, y las diferencias entre autonomías son una prueba de que son necesarios mayores controles. Lo mismo ocurre en el ámbito de la incapacidad temporal. También en este caso los cuerpos de inspectores deberían depender directamente del Congreso de los Diputados.
- Reforzamiento de la inspección fiscal. El funcionamiento de la Agencia Tributaria deja mucho que desear. Hay un enorme vacío en lo que se refiere a la inspección de la economía sumergida. La inspección se centra en las empresas y personas que hacen sus declaraciones de impuestos, lo que es lógico, porque su actividad debe suponer entre el 75% y 80% de toda la actividad económica. Pero es muy llamativa la falta de control de los que no aparecen en las estadísticas oficiales. Por otra parte, el sistema de incentivos a la inspección no está bien diseñado, pues no se buscan ingresos públicos, sino el levantamiento de actas que son, muchas veces, posteriormente, declaradas no conformes por los tribunales económico-administrativos. El impuesto sobre el patrimonio era una aberración, pero las declaraciones sobre patrimonio eran imprescindibles para controlar las declaraciones por IRPF y la propia economía sumergida.
VIII) Conclusiones: entre la segunda recesión y la recuperación por la vía de las reformas
A lo largo de este documento se ha expuesto conveniencia de adoptar un conjunto de decisiones económicas que no son fáciles de tomar ni de ejecutar. El objetivo último de todas ellas es incentivar el crecimiento económico, teniendo en cuenta que nuestra moneda es el euro y que, para mantenerse dentro de esa zona monetaria, es imprescindible reducir el déficit público hasta alcanzar los objetivos negociados con la Unión Europea y el FMI y sanear totalmente nuestro sistema financiero.
A corto plazo, en uno o dos años, las medidas de control del déficit –que requerirán subidas de impuestos y reducción del gasto público–, junto con la necesidad de terminar la recapitalización de nuestro sistema financiero –que se encontrará con muchas dificultades para financiar la actividad de la economía española hasta que ese proceso termine–, tendrán efectos recesivos que sólo podrán superarse si se hacen, conjuntamente, el resto de las reformas que se proponen y que podrían caracterizarse como un "shock de oferta". Las reformas tienen por objetivo incentivar la inversión, la creación de empresas y el empleo.
La alternativa es una situación de inestabilidad financiera permanente, en la que cada vez sería más difícil controlar el déficit público y refinanciar nuestras deudas privadas. Lo peor que le puede pasar a la economía española es quedarse sin financiación, lo que supondría o bien la salida del euro, la quiebra de bancos, empresas y familias y la imposibilidad de mantener el funcionamiento normal del Estado, o bien un rescate similar al de Grecia, Portugal o Irlanda, para el que, de momento, no hay fondos suficientes. Ése es el espíritu con el que se han redactado la propuesta de decisiones que se consideran.
Las he agrupado en cinco apartados. Lo que no significa que las otras propuestas, las que se hacen en el texto del documento, no sean también necesarias o convenientes.
- Sistema financiero: recapitalización con fondos públicos de las entidades financieras que lo necesiten, teniendo en cuenta sus activos en deuda pública de cualquier país, antes del 31 de diciembre de 2011. Transformación jurídica definitiva de las Cajas de Ahorros en Bancos. Aprobación de límites a la compra de deuda pública.
- Reforma del sistema de convenios colectivos, para que dejen de ser obligatorios y para que su vigencia se agote al llegar a su término (en contra de lo que ocurre siempre, en aplicación de lo que se denomina "ultraactividad"). Limitar el tipo de contratos de trabajo, pues todos serán indefinidos –salvo que sea imposible por su naturaleza–, con una indemnización máxima de 20 días por año trabajado, y un año completo de indemnización. Supresión de subvenciones de todas las administraciones públicas a sindicatos y asociaciones empresariales. Junto con la obligación de que sindicatos y asociaciones empresariales presenten sus balances y cuentas de resultados en el registro mercantil, como hacen la totalidad de empresas y otro tipo de entidades empresariales y fundaciones en España.
- Reforma del sistema tributario, modificando la estructura y tipos de los principales tributos y tasas, y eliminando el impuesto sobre patrimonio, para incentivar la inversión empresarial y posibilitar el ajuste fiscal acordado con la Unión Europea y el FMI, en la medida en que fuera necesario.
- Reforma del conjunto de las Administraciones Públicas, incluidos los entes empresariales de todo tipo, para evitar duplicidades en las competencias de las diferentes administraciones, así como para eliminar la prestación de servicios impropios por parte de dichas administraciones, con el objetivo último de simplificar la gestión, facilitar las relaciones con los ciudadanos y acometer la reducción del gasto público necesaria para cumplir los acuerdos de control del déficit público con la Unión Europea y el FMI. El ajuste en el gasto debe comenzar por la supresión de entes empresariales, la eliminación de la prestación de servicios impropios y la simplificación de los organismos administrativos. Creación de un órgano en el Ministerio de Hacienda para controlar la legalidad de las decisiones y las liquidaciones de los presupuestos de autonomías, diputaciones, y municipios, así como sobre las cuentas de las empresas públicas, fundaciones y corporaciones de todo tipo.
- Las Cortes Españolas deberían aprobar, de acuerdo con las normas constitucionales, las modificaciones legales necesarias para dotar de poderes de coordinación y control de la política económica a los órganos que corresponda en la Unión Europea, por entender que es preciso eliminar incertidumbres, entre los inversores nacionales y extranjeros, sobre nuestra disposición para superar los actuales problemas de endeudamiento público y privado.