Como ha señalado Alberto Recarte en repetidas ocasiones, haber entrado en la Unión Monetaria Europea sin la reforma de la negociación colectiva obligatoria y del resto del mercado de trabajo fue una irresponsabilidad que hoy seguimos pagando. El sistema actual supone una indexación general de toda la economía nacional –los salarios se ajustarán a la evolución del IPC–, los convenios son intocables y solo pueden negociarse al alza (ultractividad de los convenios), el despido es y ha sido tradicionalmente el más caro de toda la Unión Europea, los liberados sindicales incrustados en las empresas y pagados por ellas son inamovibles e intocables, la movilidad laboral es prácticamente nula, el absentismo laboral es el más elevado de Europa, etc. Los sindicatos creen que siguen viviendo en una economía cerrada y luchando en empresas públicas enchufadas a los Presupuestos del Estado, donde los salarios no tenían relación alguna con los resultados y las huelgas se ganaban siempre.
La combinación de estos sindicatos poderosos y gobiernos socialistas con grandes déficit públicos es claramente explosiva. Por ejemplo, en 1994, con Gobierno de Felipe González, la tasa de paro llegó al 24.5% de la población activa; en 2011, con Gobierno de Rodríguez Zapatero, el paro está en el 21.3%. En ambos casos, el paro juvenil, de los 16 a los 24 años de edad, alcanzó niveles aún más escandalosos por encima del 40%, provocado por muchos motivos, siendo el principal las subidas irresponsables del salario mínimo interprofesional.
La historia sindical y laboral de España desde la Transición democrática es un manual de cómo hacer todo lo legalmente posible para reducir la competitividad de la economía, frenar el crecimiento económico y desincentivar la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo. Y, además, hemos convertido a los sindicatos UGT y CCOO en unas burocracias de enorme poder y gran presencia institucional. De hecho, hemos reducido a las Cortes al papel secundario de aprobar la legislación directamente surgida de los "interlocutores sociales".
Si el Gobierno del PP que surja de las próximas elecciones generales sigue con la política de comprar "paz social" a cualquier precio a estos sindicatos todopoderosos, se equivocará como ya les pasó a los gobiernos de José María Aznar (1996-2004). Estamos seguros que si se plantea abiertamente el problema, una parte considerable de la sociedad española, empezando por los millones de parados, apoyará al Gobierno que decida desmontar este tinglado laboral-sindical, comenzando por derogar todo lo legislado desde 1979. No debe olvidar que el paro hoy en España afecta a casi el 50% de los jóvenes de 16 a 24 años y que esta tragedia está producida, en gran medida, por la historia sindical que hemos intentado resumir en estas líneas.
Las no reformas de junio y septiembre de 2011
Ante la falta de acuerdo en las últimas negociaciones para la reforma laboral, que han durado muchos meses, el Gobierno ha aprobado un Decreto-ley (7/2011 de 10 de junio) que confirma una vez más su absoluta incapacidad para desmontar ningún elemento sustancial del tinglado sindical-laboral que hemos resumido en los párrafos anteriores.
En el Decreto-ley se simula una ampliación del papel de los convenios de empresa y la necesaria flexibilidad, pero para confirmar después que todo ello dependerá de lo que se acuerde en los convenios colectivos nacionales, regionales o sectoriales. Y se fortalece la posición negociadora de los sindicatos representativos –declarados así por la ley que no por los votos– reforzando las "secciones sindicales" en menoscabo de los elegidos comités de empresa, donde los delegados independientes son cada vez más numerosos. Recordemos que las "secciones sindicales" están constituidas por afiliados designados por las cúpulas sindicales. El mantenimiento de la ultractividad de los convenios se trata de disimular introduciendo un confuso sistema de plazos que no soluciona nada.
En resumen, la libertad negociadora de las partes, empleador y empleado, sigue siendo violentada sin pudor alguno. Es claro que esta no reforma no tendrá ningún efecto positivo s obre la creación de empleo.
Gobierno del Partido Popular y los sindicatos
Hay que desmontar el enorme poder sindical y acabar con la farsa continua del diálogo social, esa especie de sindicato vertical franquista constituido por la CEOE, UGT y Comisiones Obreras.
Acabar con el marco laboral-sindical en España, que lleva casi cuatro décadas frenando la competitividad y el crecimiento económico, exigiría la derogación de tres leyes que constituyen el eje central de todo este error histórico: Ley del Estatuto de los Trabajadores, Ley Básica de Empleo, ambas de 1980, y la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985. Sin estas leyes, España habría funcionado con un paro similar al resto de la Unión Europea (entre el 5% y el 10%) en lugar de un elevadísimo paro continuo (entre el 10% y el 20%).
En todo caso el Gobierno debería tomar una serie de medidas inmediatas que reduzcan todo lo posible los efectos de estas leyes mientras sigan en vigor:
- Exigir a la CEOE, a Comisiones Obreras y a UGT la publicación de sus cuentas auditadas de los últimos cinco años. Un cuadro completo de origen y aplicación de fondos sería de una gran utilidad para explicar a los españoles qué se ha hecho con una parte no desdeñable de sus impuestos.
- Elecciones sindicales transparentes con control externo y voto secreto en todos los casos. Prohibir cualquier acción sindical con votación a mano alzada como es hoy habitual.
- Aplicación contundente de la ley a los llamados piquetes informativos, históricamente muy violentos, procediendo a su detención y puesta a disposición judicial cuando proceda.
- Prohibición de subvenciones públicas a la CEOE y a los sindicatos. Los verdaderos sindicatos representativos viven de las cuotas de sus afiliados, que dejarán de ser recaudadas por las propias empresas.
- Acabar con la figura de los "liberados sindicales" incrustados en las empresas, absolutamente intocables y con privilegios inauditos.
- La formación profesional debe ser recuperada por el Estado. Ya hemos visto más arriba cómo cuantiosos fondos públicos asignados a esta actividad se han malgastado y malversado como demuestran los informes del Tribunal de Cuentas de 1998 y 2002.
No son medidas fáciles de aplicar, pero la situación de emergencia de nuestra economía y la presión de Bruselas y del Banco Central Europeo pueden ofrecer una oportunidad histórica para romper de una vez nuestros rígidos esquemas laborables y sindicales. Cuando esto ocurra, los españoles podremos comprobar que la flexibilidad y la reducción de los costes laborales benefician claramente al conjunto de los trabajadores y, por tanto, a la prosperidad de todos.