Es obvio que estas actitudes de confrontación de los sindicatos fueron sustituyéndose por una política de diálogo y concertación a medida que adquirían atribuciones, competencias, poderes y responsabilidad.
La bajísima afiliación de nuestros sindicatos les obliga a vivir de las subvenciones que les conceden tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos y municipales. Y, sin embargo, los sindicatos gozan de un privilegio único: son los únicos organismos que, recibiendo cuantiosas subvenciones públicas, no están obligados a publicar sus cuentas que, por tanto, no son sometidas a la Intervención General del Estado ni tampoco a ninguna clase de auditoría pública. De esta forma, una parte de nuestros impuestos va sin ningún control a las cúpulas sindicales, cuya elección probablemente se reduce –como sus manifestaciones y "piquetes informativos"– a sus empleados, los famosos delegados sindicales del franquismo, conocidos hoy como "liberados sindicales".
La historia de nuestros sindicatos de clase desde 1977 es una serie continua y acumulada de leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos-leyes, decretos, órdenes ministeriales, ordenanzas laborales y resoluciones judiciales –también del Tribunal Constitucional– que constituyen un entramado asombroso en el que, con frecuencia, los acuerdos pactados por los llamados "interlocutores sociales" son luego ratificados y financiados por el Estado. Acuerdos que más de una vez se han convertido en leyes, con muchos de los privilegios de ellos derivados convertidos en derechos fundamentales recurribles en amparo ante el Tribunal Constitucional. En resumen, una acumulación de concesiones y privilegios de todo orden que ahora obligará a que cualquier modificación sustancial del sistema (por ejemplo, la negociación colectiva obligatoria o la ultractividad de los convenios, invento que nos viene del corporativismo fascista italiano) deba ser aprobada por los "interlocutores sociales" (hoy CEOE, UGT y CCOO).
Ya en julio de 1979, la CEOE y la UGT firmaron el Acuerdo Básico Interconfederal que reconocía la autonomía total y la presencia y actuación de las organizaciones sindicales en todos los ámbitos de las relaciones laborales, incluida la empresa. A partir de 1981, Comisiones Obreras se incorpora a los acuerdos, siendo numerosos los pactos posteriores entre el Gobierno, la patronal y las dos centrales sindicales mayoritarias. Con relativa frecuencia el poder legislativo asume como propios los criterios de los llamados "interlocutores sociales" y convierte en ley los pactos acordados previamente. Así se legalizan el reconocimiento de los delegados sindicales en las empresas, el cobro por las empresas de la cuota sindical, privilegios y garantías para determinados cargos sindicales, la participación de los sindicatos en importantes instituciones y organismos, la entrega de inmuebles del llamado patrimonio sindical y la concesión de subvenciones. La Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 pone orden en todo lo actuado desde 1979 pero, sobre todo, consolida y aumenta los privilegios y ventajas de las centrales sindicales. Lo que no impide que el periodo 1986-1994 sea, con gobiernos del PSOE, el de más conflictos y menos pactos, para después abrirse uno nuevo de negociaciones y pactos (con gobiernos del PP y del PSOE). Y ello a pesar de que, precisamente en estos años, se destapan algunos escándalos económicos de gran importancia.
La formación profesional y la malversación de fondos públicos
El primero afecta al opaco mundo de la formación profesional, al que se incorporan con gran entusiasmo la CEOE y los sindicatos con el I Acuerdo Nacional de Formación Continua en las Empresas (ANFC) en 1992, que se complementa con un Acuerdo Tripartito que ya suscribe el Gobierno con compromiso de amplia financiación. Y lo mismo ocurre en 1996, en 2000 y en 2005. El problema surge cuando, para recibir la generosa financiación del Gobierno español y también de la Unión Europea, se crea la fundación para la Formación Continua en la Empresa (FORCEM), integrada y gestionada exclusivamente por los "interlocutores sociales" y que solo durante el I Acuerdo (1992-1995) recibió 231.295 millones de pesetas. Pero la FORCEM sí fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, cuyo informe de septiembre de 1998 detectó multitud de anomalías como número falso de alumnos, cobro de enseñanzas gratuitas, ausencia de cursos declarados, subvenciones a las propias CEOE y centrales sindicales, etc. Y lo mismo ocurrió con un nuevo informe del Tribunal de Cuentas de septiembre de 2002. El resultado de ambos informes se limitó al reintegro de importantes cantidades por la CEOE, CC.OO y UGT. Es sorprendente que habiendo quedado probados el fraude y la malversación de importantes caudales públicos, el expediente no haya tenido mayores consecuencias. Se han seguido firmando acuerdos, la FORCEM se denomina ahora Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que sigue recibiendo subvenciones de millones de euros. Una nueva fundación privada, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) recibió en 1998 el edificio para su sede y 500 millones de pesetas, que el Gobierno desembolsa sin estar representado en el patronato.
Un enorme patrimonio sindical
Al Acuerdo Nacional de Empleo de 1981 se le añadió un Acuerdo de Patrimonio Sindical por el que el gobierno se comprometió a ceder en uso los inmuebles vacantes de los 1.168 que eran propiedad de la antigua Organización Sindical. Esto se amplía con la Ley de Patrimonio Sindical Acumulado de 1986, ampliada nuevamente por un Decreto-ley de 2005, cuyo principal objetivo fue ceder a UGT veintiséis inmuebles más, pero también 150 millones de euros para saldar su deuda con el ICO, resultado de su promotora inmobiliaria fraudulenta, la PSV. Hoy la UGT dispone así de cerca de 400 inmuebles, CC.OO, unos 150 inmuebles, USO 5 inmuebles y la CEOE-CEPYME, 27 inmuebles. Aunque muy poco se sabe sobre el destino final de este enorme patrimonio inmobiliario, sería importante que en un futuro próximo se acabara el privilegio de opacidad del que disfrutan los "interlocutores sociales" desde 1979.
Efectos económicos y políticos
La UGT, Comisiones Obreras y la CEOE han sido desde el comienzo de la Transición unos expertos depredadores de los Presupuestos Generales del Estado pero, mucho más grave, con sus acuerdos sobre el mercado laboral han impedido que la economía española pudiera funcionar con la flexibilidad necesaria y competir en un mundo globalizado.
No se comprende la actitud de los empresarios españoles y de los gobiernos de la UCD y del PP ante este desastre económico y social que ha durado más de treinta y cinco años. La de los gobiernos socialistas está muy clara, sobre todo con su sindicato hermano, la UGT, siempre dispuesto a echar una mano a los gobiernos "progresistas" y hacer todo lo posible para deteriorar a los gobiernos de "derechas". Es evidente, por ejemplo, su silencio pasivo ante la incompetencia de los gobiernos socialistas desde 2004 y sus cinco millones de parados.
Es cierto que los llamados Estados de Bienestar después de la II Guerra Mundial han tenido que enfrentarse a los problemas que planteaban los sindicatos obreros. Todos han seguido el mismo procedimiento: concesiones abundantes a cambio de colaboración. Por ejemplo, Alemania incorporó a los líderes sindicales a los muy bien remunerados consejos de administración de las principales empresas. Y Francia consiguió desmontar la oposición de la izquierda a la energía nuclear a cambio de una especie de impuesto sindical a pagar por Electricité de France. El resultado final en ambos casos ha sido más bien positivo. Pero en España hemos hecho mayores concesiones a cambio de nada, a no ser que nos creyéramos aquellas baladronadas sindicales de 1977. Pero el llamado "diálogo social" ha tenido un enorme éxito en nuestra mal informada sociedad. Por ejemplo, la conocida Fundación Encuentro, cristiano-progresista, titulaba su Informe Anual de 2008 El diálogo social, clave de nuestro progreso democrático cuando ya España se hundía rápidamente en la peor recesión de su historia por culpa, en gran medida, de ese diálogo social. Por su parte, da la impresión que los empresarios españoles, asustados ante el poder concedido a los sindicatos por los gobiernos de la Transición, decidieron incorporarse al tinglado y convertirse, a través de la CEOE, en "interlocutor social". Para las empresas españolas grandes la rigidez ha representado un coste adicional pero asumible, sobre todo, porque a través de los Expedientes de Regulación de Empleo y prejubilaciones, con la bien remunerada ayuda de los sindicatos y sus bufetes laborales, consiguen trasladar a los Presupuestos del Estado una parte no desdeñable del coste de sus inevitables ajustes de plantilla. Pero para las empresas medianas y pequeñas, de las que depende una gran parte de empleo, el sistema ha sido letal en muchas ocasiones y les ha impulsado a sumergirse en la economía informal o a liquidar el negocio.