El primer ministro griego, Yorgos Papandreu, ha barajado presentar su dimisión en al menos dos ocasiones durante las últimas tres semanas, según informa la edición alemana del Financial Times (Financial Deutschland). De hecho, las fuentes anónimas consultadas por el diario aseguran que Papandreu llegó a presentar su renuncia pero, finalmente, se echó atrás ante el caos que podría generar tal decisión.
La presión social y política que sufre el primer ministro no ha dejado de aumentar desde que el país fue rescatado por las autoridades internacionales en mayo de 2010. Sin embargo, un portavoz del Ejecutivo heleno desmintió esta posibilidad y calificó de "tontería" estas informaciones, según recoge la prensa helena.
Grecia vive envuelta en constantes protestas y huelgas generales en contra de las medidas de austeridad, las reformas y las subidas fiscales impuestas por Bruselas y el Fondo Monetario Internacional. Al parecer, Papandreu ha barajado seriamente su renuncia tras aprobar las nuevas medidas de ajuste decretadas por la troika a fin de cumplir con los objetivos de reducción del déficit público fijados en el plan de rescate.
El pasado septiembre, Atenas anunció su nuevo plan de ajustes para reducir el déficit, en donde destacan las siguientes medidas: la reducción de 30.000 funcionarios antes de fin de año; una rebaja salarial media de entre el 15% y el 20% en el sector público; un recorte del 20% en las pensiones de más de 1.200 euros; un recorte de hasta el 40% en las pensiones de los jubilados con menos de 55 años; un impuesto a la propiedad inmobiliaria, de entre 0,5 y 16 euros por metro cuadrado hasta el 1 de enero de 2014; una reforma fiscal que obligará a pagar impuestos a quienes tengan ingresos de más de 5.000 euros anuales, frente a los 8.000 actuales; privatización de empresas y organismos públicos para recaudar 4.000 millones de euroshasta finales de año y un total de 50.000 millones hasta 2015; y la liberalización de ciertos servicios y profesiones.
Este mismo fin de semana aprobó, precisamente una de las medidas más polémicas: el despido de 30.000 funcionarios -que no empleados públicos- antes de finales de año. Estos trabajadores pasarán a la "reserva", donde cobrarán tan sólo el 60% de su sueldo durante 12 meses. Una vez transcurrido este plazo, Atenas decidirá su recolocación o su despido definitivo, lo cual sería algo inédito ya que la Constitución griega prohibe despedir funcionarios.
Los sindicatos mayoritarios del país han convocado nuevas jornadas de huelga ante tal decisión. "Por primera vez desde la fundación del Estado griego y después de un siglo de lucha, la permanencia de los funcionarios va a ser suprimida de la manera más inhumana, inconstitucional e ilegal", según el sindicato que representa a unos 750.000 trabajadores del Estado.