Los socialistas siguen sin entender que la actual crisis económica, por su naturaleza y por el telón de fondo en que se produce, ha dado la puntilla definitiva a las políticas de estímulo económico basadas en el gasto público porque la única forma de superarla es a base de austeridad. Sin embargo, esto no va con un Rubalcaba que este fin de semana propuso aumentar el sueldo a los funcionarios y subir las pensiones, como si aquí no pasara nada. Aunque luego los vicepresidentes Chaves y Salgado le han enmendado la plana, la corrección ha sido parcial. Y es que este Gobierno en funciones todavía se cree que se puede mantener cierto nivel de gasto público para no provocar una caída mayor del crecimiento económico. Eso es un gran error incluso si ahora un recorte drástico del gasto público nos devuelve de cabeza a una nueva recesión, de la que tenemos bastante difícil el librarnos. Me explico.
La primera parte del problema es que esta crisis ha dejado sin empleo a seis millones de personas, incluyendo a los que están haciendo cursos de formación. Esos puestos de trabajo van a tardar mucho tiempo en recuperarse y sólo se conseguirá si, como escribe Alberto Recarte, se promueve la capacidad exportadora. Ello exige recuperar ese 30% de competitividad perdida desde que el euro entró en vigor, lo cual obliga a reducir los costes empresariales, entre ellos los salariales. Más parados y trabajadores con salarios más bajos implica menos ingresos por cotizaciones sociales en unos momentos en que la Seguridad Social está a punto de entrar en déficit, si no lo ha hecho ya. En estas circunstancias, o se reducen las pensiones, o parte de ellas se financian con cargo a la imposición general, lo cual exige drásticos recortes del gasto público en todo aquello que no sea necesario.
La segunda parte del problema es la pirámide poblacional española. Cada vez va a haber más jubilados por cada trabajador, lo que complica todavía más el futuro de la Seguridad Social, con lo cual volvemos a la situación del párrafo anterior: o se recorta el gasto público para poder destinar más dinero a las pensiones, o se rebajan éstas. Con el agravante de que el envejecimiento de la población supone que el gasto en sanidad crezca de manera exponencial. Luego si en este contexto se quieren mantener la sanidad pública y el sistema de pensiones, o se recortan todos los demás gastos, o no habrá forma de cuadrar las cuentas. Además, el fuerte crecimiento de la deuda pública en los últimos años complica más las cosas porque la Administración no puede renunciar al pago de los intereses que genera dicha deuda. En consecuencia, ya no hay margen alguno ni para seguir gastando con la alegría con la que el Gobierno de ZP ha tirado el dinero en los últimos años, ni para seguir sosteniendo el crecimiento económico de forma artificial a golpe de recursos públicos. De ahí que, guste o no, la primera preocupación del próximo Ejecutivo tenga que ser, necesariamente, la racionalización del gasto si se quieren salvar la sanidad y las pensiones.