El Ministerio de Industria ha traslado a 2012 la partida correspondiente al pago de la anualidad de la deuda eléctrica de 2011, cuyo importe asciende a 217 millones de euros, con lo que alivia ligeramente la tarifa de este año a costa de cargar la del siguiente.
Mediante este mecanismo, el Gobierno logra margen para congelar la tarifa de la electricidad en octubre sin que se genere un déficit de tarifa adicional. Al anunciar esta congelación, Industria aseguró que existen mecanismos legales para aplicarla sin provocar más deuda. La solución de Industria aparece recogida en la orden ministerial de revisión de peajes de este viernes, en la que se rebajan un 12,06% los costes regulados para compensar el encarecimiento de la energía en las subastas eléctricas y, con ello, provocar una congelación del recibo.
En el artículo 5 de la orden ministerial, se indica que la anualidad del desajuste de ingresos del sistema eléctrico prevista para 2011 no se tendrá en cuenta durante el presente ejercicio y se trasladará al siguiente.
Esta anualidad, recogida en el artículo 3.1 de la orden de revisión de tarifas de enero, asciende a 217 millones de euros. En total, el sector eléctrico soporta anualidades para recuperar el déficit de tarifa creado desde 2003 por valor de 2.600 millones de euros.
La decisión de trasladar estos 217 millones de un ejercicio a otro ha sido adoptada a pesar de que el límite legal de déficit de tarifa para 2012 es de 1.500 millones de euros, la mitad de los 3.000 millones fijados para el presente ejercicio.
Los precios de la electricidad han subido considerablemente este trimestre debido, entre otros factores, a la caída en la producción eólica e hidráulica. Los datos de septiembre de Red Eléctrica de España (REE) muestran que la eólica solo ha aportado un 10,7% y la hidráulica un 5,7%.
Bono social
Por otro lado, en la orden ministerial se pone en marcha el nuevo mecanismo de supervisión del bono social, en el que las eléctricas podrán contrastar con el Instituto Nacional de Estadística (INE) si los clientes cumplen los requisitos para disfrutar del bono social. En concreto, los comercializadores de último recurso harán llegar, por medios telemáticos o en soporte electrónico, la relación de titulares de contratos de suministro beneficiarios del bono social al INE para que el instituto acredite que el punto de suministro se corresponde o no con la vivienda habitual.