Los socialistas están abandonando el poder dejando tras de sí un panorama de ruina y desolación donde han gobernado, habiéndose gastado todo lo que tenían y lo que no tenían y dejando la Administración Pública llena de sus amigos y correligionarios, todo ello en medio de una crisis fiscal como no ha vivido España otra desde los días previos al Plan de Estabilización de 1959. En consecuencia, se impone un ajuste de caballo en las cuentas públicas tanto de las autonomías como del Estado, porque lo que se puede encontrar allí el PP si gana las elecciones generales del 20-N puede ser una situación similar o peor que la que ha descubierto al llegar al poder en lugares como Castilla-La Mancha o Baleares. ¿Por dónde empezar? El Gobierno francés acaba de indicar el camino a seguir al anunciar el recorte de 30.000 efectivos en la función pública, una medida similar a la que impuso Cameron en el Reino Unido nada más llegar al poder. El PP debería hacer lo mismo aquí en España, antes de plantearse la congelación del sueldo de los funcionarios. ¿Por qué?
Muy sencillo. Recientemente visitó España una delegación del FMI, en parte para conocer la evolución de nuestra crisis de deuda, en parte para elaborar el capítulo correspondiente a España de su informe de otoño. En una reunión con un grupo de empresarios, uno de los miembros de la misión del Fondo señaló que si en nuestro país se redujese el número de efectivos de la Función Pública al nivel de 2004, cuando ZP llegó al poder, el sector público ahorraría una cantidad equivalente al 4% del PIB que es, aproximadamente, entre el 50% y el 70% del recorte en el déficit público que hay que llevar a cabo para equilibrar el presupuesto. La cifra puede parecer desorbitada, pero hay que tener en cuenta que con la desaparición de un puesto de trabajo en la Administración no sólo se ahorra un sueldo sino también todo el gasto corriente asociado a ese empleo, desde un lugar para trabajar hasta electricidad, teléfono o papel, por poner sólo algunos ejemplos. Quizá el ahorro real no sea tan elevado como estima el FMI pero, desde luego, sí sería importante.
Además, hay que tener en cuenta que el crecimiento del número de efectivos de la Administración se ha hecho a golpe de contratados laborales cuyo principal y único mérito es tener carnet del partido de turno o ser amigo o familiar de alguien relacionado con el poder. Lo cual supone no sólo una caída drástica del nivel de profesionalidad de los empleados públicos sino una discriminación ostentosa hacia quienes han ganado limpiamente su plaza preparando una oposición y, por tanto, cualificándose para el puesto que desempeñan o que deberían desempeñar. Por ello, creo que antes de hablar de la congelación del sueldo de los funcionarios, muchos de los cuales apenas llegan o sobrepasan los mil euros mensuales, lo que habría que hacer es limpiar la Administración de todos aquellos que han entrado a dedo o han visto transformados sus contratos laborales en otros de funcionarios sólo por razones políticas. Por ahí es por dónde tiene que empezar el ajuste. Como en Francia y Reino Unido.